El fiscal Marco Antonio Rodríguez, de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en el ingreso de 54 bachilleres interculturales a la Universidad Policial (Unipol), informó que ya se convocó a casi todas las autoridades superiores que resultaron involucradas en este caso y que, ahora, toca extender la investigación a los postulantes, sus padres y/o tutores.
Recordó que también se convocó a algunos asambleístas y al gobernador de La Paz, César Cocarico. Antes se tomó declaraciones al ministro de Trabajo, Daniel Santalla, y al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro.
A ellos, en la jornada de ayer, se sumaron otros dos representantes nacionales, mientras que para la próxima semana se espera la presencia de cuatro asambleístas y dos personas particulares, según el fiscal Aldo Ortiz, quien evitó dar los nombres de los convocados.
Pesquisa. Rodríguez señaló que “se está generando la ampliación (de investigaciones) a algunos (funcionarios) que fueron asesores de los asambleístas, (y) asesores del Comando General de la Policía, quienes deben prestar declaraciones”.
Rodríguez y Ortiz, junto a la fiscal Milene Alba, tienen la misión de esclarecer las irregularidades que dio a conocer el Ministerio de Transparencia en torno a la incorporación de esos 54 bachilleres.
Se denunció, además, que cada uno de los postulantes pagó $us 5.000 para su ingreso. El excomandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, fue implicado por enviar al coronel José Piérola, exrector de la Unipol, los nombres de 54 jóvenes interculturales para incorporarlos a esa institución.
Santiesteban fue imputado el miércoles por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Hasta ayer no había fecha y hora para su audiencia cautelar, pese a que la norma da un plazo de 24 horas para que el juez del caso lo haga.
La comisión solicitará la detención preventiva del exjefe policial, situación a la que se pueden atener los coroneles Piérola y Marco Ortuño (exdirector de la Anapol) si los fiscales resuelven ampliarles la imputación por obstrucción a la justicia. Ambos ya guardan detención domiciliaria.