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miércoles 20 oct 2021 | Actualizado a 21:07

Revelan que la demanda de vía por el TIPNIS data de 1868

Una investigación muestra que el trazado de la vía por territorios que hoy son del Isiboro es un añejo proyecto inconcluso. Gobiernos como el de Mariano Melgarejo apoyaron la apertura de carreteras.

/ 10 de junio de 2012 / 05:17

Una investigación da cuenta que el planteamiento de la construcción de una carretera entre Beni y Cochabamba, a través de lo que hoy es la zona del TIPNIS, data de 1868 y se respalda en leyes y decretos de la época. Los indígenas del Isiboro Sécure rechazan el camino.

La investigación, efectuada entre 2011 y el primer semestre de 2012,   reúne una serie de leyes y decretos aprobados en diferentes gobiernos que muestran, según afirmó su autor, José Destre Postigo, que ya en 1868 se planeaba la construcción de una carretera para vincular los departamentos de Cochabamba y Beni, a través de la zona que hoy comprende el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

“Se trata de un aporte histórico”, dice Destre, que apoya la construcción de una vía por el TIPNIS, la misma que es rechazada por indígenas por la amenaza de “destrucción” que implicaría del parque. “Acá no hay ninguna vulneración a los derechos de los pueblos indígenas”, declaró el investigador Destre.

Entre la más de una veintena de documentos recolectados y calificados como “históricos” figura la ley del 3 de octubre de 1868, aprobada en el gobierno de Mariano Melgarejo, por la cual se adjudica los productos de la aduanilla de Paracti a la construcción de la carretera Beni-Cochabamba. Otro documento revela que en 1884 el entonces senador por el Beni Antonio Vaca Diez solicitó al Tesoro General de la Nación desembolsar 5.000 bolivianos para la construcción de la ruta San Ignacio de Moxos-Cochabamba, cuyo trazo es similar al que hoy propone atravesar el    TIPNIS, explicó Destre.

Según el presidente de la Subcentral del Sécure en el TIPNIS, Emilio Noza, cuyos familiares han sido señalados por venta de madera, si bien existieron pedidos por la ruta en el siglo XIX, los derechos de los indígenas anteceden a cualquier demanda. “El derecho de los pueblos indígenas es de antes de 1868”, manifestó.

La construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos el TIPNIS fue suspendida desde octubre de 2011. En abril de este año, el gobierno del presidente Evo Morales anunció la ruptura del contrato de construcción de la vía con OAS.

“No es una locura la construcción de la carretera, sino una necesidad histórica”, defiende Destre. El 27 de abril, una marcha indígena salió de Trinidad, Beni, rumbo a La Paz contra la realización de la carretera y la consulta en el TIPNIS sobre la edificación de la vía.

Datos. El investigador resalta como dato la labor del general Federico Román en la apertura de las primeras vías al norte del país al mando del regimiento “Zapadores” N° 7. El regimiento estaba a cargo de la apertura de ocho rutas, entre ellas la vía Todos Santos (Chapare) a San Lorenzo de Moxos. Otra norma importante, según la recopilación de Destre, es la Ley del 1 de octubre de 1880 que señala como fundamental la exportación de la goma elástica, que permitirá buscar rutas para la conexión Pando, Beni y Cochabamba.

El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, recalca que los indígenas no se oponen a la construcción de una carretera por el parque nacional, sino a que ésta atraviese por el medio de la reserva ecológica. Noza declaró que los indígenas no permitirán que en ese territorio se lleve adelante la consulta previa que el Gobierno fijó para el 10 de julio.

Entre los datos del investigador figuran los decretos Ley 07401 (1965) del gobierno de René Barrientos Ortuño que delimita al Parque Nacional Isiboro Sécure; o el Decreto Supremo 22609 (1990) del gobierno de Jaime Paz Zamora que reconoce al Parque Nacional Isiboro Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán. “Se amplía la superficie del Territorio Indígena a     áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure incorporando a comunidades asentadas en las riberas”.

Estudio ambiental para vías

El Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, aprobado en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993), incorpora en su artículo sexto que “toda construcción y obras de desarrollo, particularmente de vías camineras y poliductos, en el TIPNIS debe contar, previamente, con un estudio de impacto ambiental  (…) y consultado con las organizaciones indígenas”.

Marcha con apoyo de ONG

La IX marcha indígena, según el investigador José Destre Postigo, es financiada por organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de buscar réditos económicos con la explotación en el parque de los recursos forestales, turísticos y otros.

Para el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Noza, esas acusaciones son fals as: “El que financia a la IX marcha indígena es el propio pueblo boliviano”, respondió.

“Yo estoy haciendo un seguimiento del trabajo de las ONG en el Beni. Nuestra noble gente está siendo utilizada y abusada por las ONG. Las ONG viven de los conflictos”, manifestó.

La IX marcha salió el 27 de abril de Trinidad rumbo a La Paz en protesta por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atraviesa por el medio el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y contra la aplicación de la Ley 222 de Consulta Previa en esa reserva ecológica para validar la obra vial en el parque.

Destre afirmó su respeto al esfuerzo que hacen los indígenas de la IX marcha por llegar caminando hasta la ciudad de La Paz, pero ratificó que están siendo usados por las ONG.

Los que afirman —dice Noza— que la IX marcha es financiada son los del Gobierno. El dirigente asegura que se trata de acusaciones orientadas a desestabilizar a la movilización indígena.

“Es una acusación falsa, que sólo busca desacreditar a la marcha indígena ante la sociedad boliviana”, manifestó el dirigente Noza.

El Isiboro, parque nacional desde 1965

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue declarado parque nacional mediante el Decreto Supremo 7401 del 22 de noviembre de 1965, durante la presidencia de  Alfredo Ovando Candia.

“Declárese Parque Nacional del Isiboro y Sécure el área comprendida dentro del siguiente perímetro: por el norte, parte del hito tridepartamental de La Paz, Beni y Cochabamba; por el sur, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro hasta confluir con el río Chipiriri; por el este, del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta el río Sécure; por el oeste, mediante las aguas divisorias de las cordilleras del Sejaruma y Mosetenes”, menciona el decreto supremo.

DECRETOS. El investigador José Destre señala que en respaldo al DS 7401 fueron aporbadas otras normas como los DS 22609, 22610 y 22611, emitidas en el Gobierno del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), por los cuales se respeta la condición de parque nacional, se amplía su superficie, se dispone fijar una “línea roja” que evite nuevos asentamientos campesinos-colonizadores.

Las normas también regirán la explotación forestal, que según Diestre, deberán estar sujetos a un plan de manejo integral.

El TIPNIS fue declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de 1990. Comprende la provincia Moxos, del departamento del Beni, y la provincia Chapare, de Cochabamba. Tiene 1.236.296 hectáreas.

Observan consulta en el TIPNIS

La aplicación de la consulta previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es observada por el investigador José Destre Postigo. Afirma que ese procedimiento no es viable si se toma en cuenta que la Constitución Política del Estado (CPE) señala que sólo se consultará a los pueblos indígenas en el caso de que el Estado inicie en sus territorios proyectos para la explotación de recursos naturales no renovables.

“La construcción de una carretera es decisión del Gobierno, no hay porque consultar a los pueblos indígenas, según el artículo 352 de la Constitución”, señala el experto.

Ese artículo menciona que la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, “que será libre, previa e informada”.

Norma. Destre también comenta el artículo 30 de la CPE. Según menciona que el Estado garantiza el derecho a la consulta, “de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos no renovables en el territorio que habitan”.

En mayo el Gobierno fijó la fecha para la consulta. El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, anunció que el proceso comenzará el 10 de julio y concluirá el 20 de agosto.

El dirigente Emilio Noza advierte que no se permitirá la consulta en el TIPNIS y que esa determinación fue asumida en la reunión de corregidores del parque en Gundonovia, en marzo.

Incluso, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, comunicó que los indígenas no permitirán el ingreso de las brigadas al TIPNIS y que se “castigará” a los brigadistas por “usos y costumbres”.

La consulta será a 3.015 familias de 68 comunidades de los pueblos chimán, yuracaré y mojeño-trinitario que habitan la reserva ecológica, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas.

En abril, el vicepresidente, Álvaro García Linera, ratificó que la construcción de la vía por el TIPNIS es estratégica para las políticas de Gobierno.

“Esta carretera —puntualizó— es una necesidad estratégica para vincular a un tercio de Bolivia al resto del mundo”.

En relación con la consulta, García Linera dijo que se trata de un mecanismo constitucional y democrático en el marco del ejercicio de derechos indígenas.

Por su parte, Destre insistió en que la construcción de vías es “potestad gubernamental”. Para el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, la consulta es inconstitucional porque no se respetaron los procedimientos, es decir, consultar antes de aprobar el proyecto vial.

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Ordenan aprehensión de los excomandantes Kaliman y Calderón por caso golpe de Estado

La Justicia también instruyó la anotación preventiva de los bienes de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón

/ 20 de octubre de 2021 / 20:26

Los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron declarados rebeldes y tienen órdenes de aprehensión en su contra por no haberse presentado a la audiencia de medidas cautelares por el caso denominado golpe de Estado.

Además, se dispuso la anotación preventiva de sus bienes. No se conoce el paradero de ambos uniformados, quienes desaparecieron cuando se activaron las denuncias en su contra por acciones como el pedido de renuncia del expresidente Evo Morales.

Ambos están acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, según informó la red Gigavisión. En este mismo caso están procesados y encarcelados la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros.

Kaliman estaba con detención domiciliaria desde septiembre de 2020 por este proceso, sin embargo, huyó y la Policía activó sin resultados su búsqueda.

Calderón también se encuentra prófugo.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Aprehenden a la jueza que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La juez Melina Lima archivó los obrados contra las hermanas del empresario y político Samuel Doria Medina, quienes estaban vinculas a la empresa offshore Akapana SA

Por Carlos Corz

/ 20 de octubre de 2021 / 18:20

Aprehenden a la jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, Melina Lima, por haber cerrado el caso de las hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Acusan a la jueza por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

El fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, informó de la detención de la jueza y explicó que su resolución de extinción de la causa penal contra las hermanas de Doria Medina no está fundamentada de acuerdo a la normativa vigente.

“Es una resolución que ha sido emitida el 2020, en el caso Akapana, donde emitió una resolución contraria a la Constitución por prescripción, esa autoridad a extinguido una acción penal con una argumento que no establece la Constitución”, afirmó, según radio Éxito.

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En Bolivia ven que secretaría de Almagro ‘huye del debate’ sobre datos que descartan un fraude electoral en 2019

El procurador Wilfredo Chávez consideró que “Almagro se corrió” al rechazar invitación a participar de un evento en el que se expondrán informes que descartan fraude electoral

Luis Almagro.

/ 20 de octubre de 2021 / 17:29

En Bolivia cuestionaron la decisión de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no asistir al evento en el que se expondrán estudios que descartan fraude electoral en 2019. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó que la representación del organismo “huye de un debate abierto”.

“La OEA huye a un debate abierto, ellos no cumplieron los acuerdos que teníamos y a partir de ello se pierde toda credibilidad de parte de estos personeros de la OEA. Sacaron informes antes de tiempo con objetivos políticos”, cuestionó Rodríguez sobre el accionar del organismo administrado por Luis Almagro.

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA rechazó una invitación de la Embajada de Bolivia para participar de la exposición de estudios que descartan un fraude electoral en 2019, porque –sostiene- es un “tema cerrado” y que por “dignidad institucional” no participan de esos eventos.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, también cuestionó la decisión del organismo internacional y consideró que se “corrió Almagro y el grupo que nunca probó fraude”.

“¿No que tenían un informe que aguantaba todo?”, sostuvo en un tuit respecto al informe en el que se denunció irregularidades en las justas anuladas de 2019.

Un trabajo de revisión de las cerca de 35.000 actas electorales, a iniciativa del procurador Chávez, concluyó que no hubo ninguna manipulación de los resultados y en consecuencia descartó la denuncia de un fraude electoral.

La secretaria General de Almagro fue invitada a participar del evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, precisamente, para exponer los estudios periciales que pusieron en duda una auditoría de la OEA y descartaron un fraude electoral en las justas anuladas de 2019.

El evento se desarrollará el viernes en el Salón de las Américas de la OEA en Washington DC.

“Al amparo de los principios de transparencia e idoneidad, reitero que el cúmulo de situaciones, irregularidades y manipulaciones ocurridas, abonaron a un proceso electoral que perdió toda integridad y que es imposible reconstruir. Tomando eso en consideración, para la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, las elecciones de Bolivia de 2019, como se ha dicho anteriormente, son un caso cerrado», sostiene la carta de respuesta a la invitación de Arce.

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Senadora de CC admite que la sucesión de Áñez ‘no fue ordinaria ni regular’

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez llamó a los opositores a un consenso para analizar el juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos en una entrevista con La Razón Radio.

Por Mauricio Diaz

/ 20 de octubre de 2021 / 17:25

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos afirmó este miércoles que la sucesión de Jeanine Áñez no fue ordinaria ni regular, porque —en su criterio— se generó una alteración de poder después de la renuncia de Evo Morales en los conflictos poselectorales de 2019.

“La sucesión de Jeanine no fue una sucesión ordinaria ni regular; fue una sucesión (en la) que hemos enfrentado una alteración de poder”, dijo la legisladora de oposición en la transmisión digital de La Razón Radio que compartió con su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rubén Gutiérrez.

“Al no estar la señora (Adriana) Salvatierra ni el segundo vicepresidente en la Cámara de Senadores (Rubén Medinaceli), la sucesión le correspondía a (la entonces senadora) Jeanine Áñez (segunda vicepresidenta)”, explicó Barrientos.

Gutiérrez rebatió esa declaración, basado en una resolución emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y aseguró que la renuncia del presidente y vicepresidente del Estado deben presentarse de manera voluntaria y por escrito “ante el pleno camaral”.

Afirmó que las renuncias de los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores en 2019 no fueron presentadas ante el pleno camaral, por lo que no fueron válidas, además de que no fueron voluntarias.

Gutiérrez justificó su posición y aseguró que Áñez no podía asumir ese cargo debido a que era parte de la minoría legislativa. “Lo que correspondía era que asuma alguien de la mayoría”.

“La asunción de Áñez en 2019 no fue legal ni democrática ni constitucional (…). No hay ningún documento que acredite que la señora Áñez era presidenta del Estado Plurinacional”, insistió el senador oficialista.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a sus funciones en medio de protestas debido a un presunto fraude electoral, un motín policial, la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas y el pedido de renuncia de la Policía Boliviana.

Dos días después, luego de reuniones extralegislativas en la Universidad Católica que sugirieron su nombre, Áñez se proclamó, primero, titular de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa.

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