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Diputados no dialogarán con los dirigentes cuestionados

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló la sentencia judicial contra Bertha Bejarano, presidenta del comité de movilización de la marcha, quien estuvo en prisión en Brasil durante seis meses por narcotráfico.

“Se tiene que fortalecer el diálogo, no tanto (con) los dirigentes que están deslegitimados con denuncias. Lo digo por la gente de base, por las mujeres y los niños, por ellos vamos a tratar que todos los espacios de diálogo se agoten. Cualquier persona que tiene hechos que desacreditan su accionar debe apartarse para no entorpecer la marcha”, dijo Delgado.

La legisladora acotó que no sería viable sentarse a dialogar con los actuales dirigentes, pues “seríamos cuestionados por el propio pueblo”. Reiteró que su mayor preocupación son los “niños y mujeres embarazadas”. Pese a que impulsará el diálogo, “por mandato constitucional”, no se negociará la Ley de Consulta.

Pruebas. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, mostró la sentencia del Poder Judicial de Río de Janeiro, Brasil, en la que Bejarano confiesa el delito de narcotráfico tras ser hallada, junto a su esposo, Virgilio Moy Noza, con al menos 138 cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos.

Según Interpol, la dirigente y su esposo fueron arrestados el 2 de marzo de 2007, y liberados y expulsados de Brasil seis meses después. “El fallo fue dictado el 30 de julio de 2007, la dirigente y su esposo guardaron prisión por seis meses, luego fueron beneficiados con el perdón judicial parcial por situación de indigencia y por confesar”, dijo Romero.

En declaración a Erbol, Bejarano dijo que “más allá de que yo hubiera cometido un delito, no le debo a mi pueblo boliviano sino que le debo al país vecino de Brasil, porque es a ellos a quienes yo falté el respeto cometiendo aquel trabajo ilegal. Lo hice en un momento de necesidad, creyendo que podía ganar algunos centavos para sostener a mis hijos”.

Romero acotó que se vio sorprendido: “Yo los conozco, incluso estuvieron en mi casa cuando yo les asesoraba. Nunca pensé que hubieran tenido este tipo de antecedentes”, dijo, tras aclarar que ambos indígenas no tienen procesos en Bolivia.

Algunos detalles del proceso

Caso

Bejarano y su cónyuge fueron acusados por transportar cocaína en 138 capsulas en sus aparatos digestivos, de Santa Cruz a Brasil.

Norma

Ambos fueron sancionados según el artículo 33 del Código Penal brasileño.

Esperan que rechazo no sea presión del Gobierno

El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, aseveró que espera que la decisión de los dirigentes de Challa de impedir acampar en el campo de fútbol del lugar no se trate de una estrategia del Gobierno para frenar el paso de los marchistas a La Paz.

“Hubo contraórdenes. Espero que no sea una estrategia. Hubo una situación crítica”, declaró. Vargas vio positivo el avance de la marcha en su 49 día de movilización. “El problema de Challa lo dejo como un tema aparte; lo importante es que estamos en un campamento. Pero hay que subrayar que todos tenemos la libertad de llegar a un lugar y tener un espacio, aquí se siguen violando los derechos humanos”.

“Nosotros seguiremos avanzando, mañana (hoy) caminaremos 12 kilómetros hasta Santa Barbara y acamparemos en instalaciones de la empresa Arbol, que se portó muy bien con los marchistas”, explicó el dirigente Fernando Vargas.

Obligan a la marcha a acampar en la carretera

La IX marcha indígena fue obligada ayer a acampar en el sector El Mezón, sobre la carretera Caranavi-La Paz. Dirigentes de Challa les negaron la cancha de fútbol de esa comunidad, lugar elegido para el reposo de los marchistas.

Matilde Noza, presidenta del comité de logística de la marcha, relató que una avanzada llegó a Challa a las 07.00. “Unos cinco dirigentes aparecieron y nos dijeron que no podíamos acampar ahí (…) que son órdenes de arriba y que si no salen de buenas van a salir de malas”. La Razón intentó dialogar con dirigentes del lugar, sin embargo no quisieron ser entrevistados.

Quien logró hablar con los dirigentes que rechazaron la marcha fue el delegado de la Defensoría del Pueblo, Eugenio Mullucundo, que en horas de la tarde llegó hasta El Mezón. Los dirigentes de Challa le manifestaron que no dejaron acampar a los indígenas porque éstos se oponen a la plantación de la hoja de coca y que “dejan sucia la cancha”. Así, la marcha tuvo que acampar a 200 metros de Challa, sobre un espacio abierto por la constructora Arbol.