Nacional

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 17:34 PM

Pinto pidió asilo a nueve días de una audiencia judicial en Cobija

Corrupción. El legislador fue declarado en rebeldía por una jueza de Pando

/ 18 de junio de 2012 / 06:09

El senador Róger Pinto debía asistir a una audiencia judicial el 6 de junio. No lo hizo; nueve días antes, el 28 de mayo, se había asilado en la Embajada de Brasil. La jueza del Tribunal de Sentencia de Pando Jaqueline Juaniquina lo declaró en rebeldía.

“Faltaba dos o tres audiencias más para que concluyera este juicio”, informó a La Razón la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.

Se trataba de Zofra-Universidad, uno de los cinco casos de corrupción que sigue esa oficina gubernamental contra el legislador pandino de Convergencia Nacional (CN). Dice la denuncia que, mientras fue presidente del directorio de Zofra Cobija, en 2000, Pinto dispuso sin autorización Bs 11 millones a favor de la Universidad Amazónica de Pando. En el caso también están implicados Miguel Becerra Suárez, Nemesio Ramírez Villca, Remberto Oni Villamor y Fernando Castillo Valdez, según el expediente al que accedió este diario.

“Esto (los juicios) desvirtúa la naturaleza de los fundamentos del asilo”, arguyó la abogada de esa oficina Jessica Saravia.
“Ésa es la razón por la cual no aceptamos que se diga que acá hay persecución política; todo lo contrario, hay evasión a la justicia de parte de Pinto”, dijo Suxo, quien además recordó que, a pesar de la declaratoria de rebeldía del senador, el juicio debe continuar.

La Razón quiso conocer la reacción de parte de los abogados de Pinto a través del comunicador que le presta servicio, Marco Julio. Éste dijo que el abogado Luis Vásquez (exlegislador de Poder Democrático y Social) iba a comunicarse con esta redacción, hecho que no ocurrió.

Pero el acápite de “juicio por contribuciones voluntarias para la Universidad de Pando” de la ayuda memoria que Pinto hizo circular hace dos semanas, para argumentar su petición a Brasil, dice que se trata de un proceso “incoherente” e “irregular”.

En otro caso (Casa de juegos, Bahití), según Saravia, el senador había solicitado que se le fije nueva fecha para sus declaraciones. El fiscal Aldo Ortiz accedió a la petición y fijó la cita para el 4 de junio, a la que no concurrió el implicado, por razones obvias.

Además de esos dos casos, el Ministerio de Transparencia sigue otros tres procesos contra el ahora asilado, referidos a la construcción de cuatro embarcaderos sin que exista diseño final, la asignación irregular de fondos de avance a favor de exfuncionarios y funcionarios del Gobierno Autónomo de Pando (2000-2010) y la venta irregular de terrenos del Estado a particulares (Zofra-terrenos).

El documento que publicó Pinto dice que se dispuso el archivo de obrados en el primer caso; en el segundo, “no es el prefecto de entonces el encargado de rendir descargos”; y, en el tercero, “los terrenos en cuestión nunca fueron vendidos”.

El legislador es sujeto de otros 16 procesos judiciales, seis de ellos por desacato (Suxo desistió), uno por sedición y el restante por delitos vinculados a su gestión en la Prefectura de Pando.

Pinto se encuentra asilado en el Embajada de Brasil, en La Paz, desde el 28 de mayo.

Analizan ‘permiso especial’ para el senador

Luis Mealla 

Si bien el Gobierno descartó la posibilidad de otorgar un salvoconducto a favor del senador Róger Pinto, en la Cancillería se analiza, sin un plazo definido, la posibilidad de brindarle un “permiso especial” para que viaje a Brasil, donde se le concedió el asilo político, aunque también se evalúan los cargos que pesan sobre el legislador, lo que puede impedir su salida.

“Nosotros damos salvoconducto a los que están afuera. Salvoconducto (necesita) una persona que no tiene documentos y que (no) puede circular en nuestro territorio. El señor (Pinto) tiene documentación”, dijo la pasada semana el canciller David Choquehuanca y además reiteró que no hay un plazo para definir la situación del senador.

“Posiblemente corresponde un permiso especial, pero él (Pinto) tiene varios procesos penales y hay una norma internacional (para) quienes son merecedores del asilo político, y eso tiene que analizar el Brasil, en todo caso”, agregó la autoridad.

La comunicación oficial sobre el asilo que otorgó el gobierno de Dilma Rousseff para Pinto llegó la pasada semana a la Cancillería de Bolivia; desde esa cartera informaron que la documentación está siendo analizada y que este procedimiento puede durar días e incluso años.

El legislador es procesado por 21 casos, la mayoría por desacato, difamación y corrupción; está citado para declarar en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija. El 28 de mayo se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz, a la espera de un permiso oficial para salir de Bolivia.

Por su parte, Pinto aseguró que él y su familia recibieron amenazas de muerte. “Por ello he decidido refugiarme, pero en mi propio país”, señala una  parte de la carta que envió a sus colegas en el Legislativo.

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Sigla del MAS en riesgo, TSE conmina a un congreso en 25 días

La convocatoria deberá ser en cumplimiento al artículo 13 de su Estatuto Orgánico, con previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales reconocidas por su estatuto.

Sala Plena del TSE brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 17:07

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral conminó a la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) para que en el plazo de 25 días calendario emita la convocatoria a Congreso Ordinario para la renovación de su directiva, en cumplimiento del artículo 12 de su estatuto orgánico.

El TSE resolvió que en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento del auto constitucional de 20 de marzo de 2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz:

“Conminar a la Dirección Nacional del partido político Movimiento Al Socialismo, reconocida ante el Tribunal Supremo Electoral, por Resolución TSE-RSP-JUR 005/2017 de 1 de febrero de 2017, para que en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente resolución, emita la convocatoria a Congreso Nacional Ordinario para la renovación de su directiva, en cumplimiento al artículo 13 de su Estatuto Orgánico, es decir, con previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales reconocidas por el citado dispositivo estatutario”, es una de las resoluciones emitidas por el TSE.

Nota en Desarrollo…

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Congreso del MAS arcista no cumple con tres requisitos y tiene dos días para enmendar observaciones

Una de las observaciones señala que la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del estatuto del MAS que "dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales".

Las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 16:37

Ante la solicitud del acompañamiento y fiscalización al Congreso Nacional Ordinario del partido de Gobierno, a realizarse del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, La Paz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó a los ejecutivos de las tres organizaciones matrices fundadoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) que deberán subsanar en un plazo de dos días tres requisitos observados.

“En aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento para la Supervisión a Organizaciones Políticas… Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral Revisó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 8 de dicho reglamento, a fin de verificar la procedencia de la solicitud; y producto de esta labor de revisión» se tiene lo siguiente.

Entre las observaciones del Órgano Electoral se señala que “la solicitud de supervisión la suscriben Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuna», empero «de acuerdo con los antecedentes que cursan en el TSE, ninguno de ellos figura entre los dirigentes nacionales del MAS registrados mediante resolución TSE-RSP-JUR 05/2017. Tampoco figuran los delegados políticos nacionales, los cuales son Diego Jiménez y Nelvin Siñani”.

Indica también que la solicitud “no adjunta la nómina de representantes que conducirán el Congreso Nacional, acreditados por la instancia interna del partido”.

Lea más: El congreso del MAS arcista elegirá a su nueva directiva y al candidato para las primarias

Menciona que “la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS que dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. No presentan publicación de la Convocatoria en medios de comunicación. No señalan los requisitos de participación según estatuto. No señalan los requisitos para la postulación a cargos a elegir. No señalan la modalidad de elección”.

En marzo, el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce definió que en mayo se realice el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en la ciudad de El Alto. Evento programado en el coliseo Héroes del Pacífico.

De acuerdo con el número de acreditados, las direcciones departamentales del MAS deberán registrarse con 80 delegados. Las organizaciones sociales fundadoras del partido: (CSUTCB, CSCIB y Bartolinas) con 200 delegados cada una, la Central Obrera Boliviana (COB) con 20 y otras confederaciones y federaciones nacionales, con entre 100 y 50 delegados.

Desde la Dirección Nacional del MAS evista rechazaron la legalidad de esa convocatoria y aseguraron que los dirigentes arcistas usaron el membrete y el sello falsificado del instrumento político para realizar trámites, uno en la Sala Constitucional Primer y otro ante el TSE.

La directiva paralela arcista celebró este jueves el 29 aniversario del MAS en la plaza San Francisco en medio de una crisis interna que surgió por los liderazgos que representan al exmandatario y actual jefe del partido Evo Morales y el presidente Luis Arce.

El bloque evista también convocó a la celebración del MAS por su aniversario para el sábado 30 en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

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Detención domiciliaria y arraigo para jesuitas Recolons y Alaix por caso de pederastia clerical

Los exprovinciales de la Compañía de Jesús fueron imputados por el delito de encubrimiento al cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), quien abusó sexualmente a 85 menores de edad.

La justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los exprovinciales Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento.

Por Rosío Flores

/ 28 de marzo de 2024 / 15:28

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por del delito de encubrimiento en un caso de pederastia clerical.

Ambos acusados encubrieron los delitos sexuales cometidos por el cura pederasta Alfonso Pedrajas (+). El cura abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, del que era director.

El dictamen sucede luego de una investigación que comenzó al develarse el diario del cura Pedrajas. El también conocido como “Pica”, detalló los abusos que cometía contra sus víctimas.

Estos escritos fueron hallados por Fernando Pedrajas, sobrino del cura pederasta, quien entregó el diario al medio de comunicación español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en las memorias de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús. Éstos le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas. Más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, dice una parte del documento de imputación de la Fiscalía.

La jueza que celebró la audiencia tomó en cuenta los argumentos del Ministerio Público por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

Lea también: Se celebra en reserva la audiencia cautelar de Recolons y Alaix por pederastia clerical

El diario del cura pederasta Pedrajas es instrumento de prueba fundamental para la Fiscalía. Su “autenticidad está respaldada por los testimonios de las víctimas y el trabajo de investigación realizado en España”, cita otra parte del documento de imputación.

VÍCTIMAS

A través del exjesuita Pedro Lima, las víctimas de Pedrajas señalaron que la determinación de la Justicia es importante porque es un paso para continuar con el proceso.

“Es un paso importante para las víctimas, porque además es la primera vez en Bolivia que se pone en el banquillo de los acusados a sacerdotes. Es una esperanza para que los demás sacerdotes implicados también reciban sanciones”, dijo Lima a La Razón.

El miércoles, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús, de la que Alaix y Recolons fueron provinciales, adelantó que respetará la decisión judicial.

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De ocho implicados en el caso Golpe de Estado I, cinco están prófugos

Los otros tres, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se encuentran bajo detención preventiva en cárceles de La Paz y Potosí, respectivamente.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 15:10

El caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, ya tiene tribunal para el juicio, el mismo que condenó a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez en 2022, a raíz del caso Golpe de Estado II.

El juicio, de acuerdo con el abogado de la parte denunciante, Jorge Nina, debería comenzar en un mes. Sin embargo, cinco de los implicados se encuentran prófugos.

Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

En detención preventiva se encuentran la expresidenta Jeanine Añez los exlíderes cívicos de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de Potosí Marco Pumari.

Golpe de Estado I

En 2020 la entonces diputada Lidia Patty denunció el caso, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

El caso se desató en 2019 luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Entonces, la oposición consideró un “fraude electoral” los comisiones.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, propició las protestas a través de multitudinarios cabildos en Santa Cruz. Entonces, como admitió luego, pactó con la Policía y las Fuerzas Armadas su respaldo a las movilizaciones.

Sugirió la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, planteó una “junta de notables” e irrumpió junto a Pumari, y el abogado Eduardo León, el Palacio Quemado.

Las investigaciones establecieron que destinó desde su cuenta en el Banco Ganadero al menos $us 7,8 millones para costear a los movilizados pasajes, hoteles y seguridad en La Paz, a través de personal del Comité pro Santa Cruz.

Quien operó ante las Fuerzas Armadas fue López, que se reunió con Kaliman antes de que el Alto Mando militar sugiriera, el 10 de noviembre, la renuncia de Morales.

Entonces, Áñez era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Su nombre apareció, como posible sucesora de Morales, en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz.

El 12 de noviembre se proclamó presidente del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, en la que, primero, asumió la presidente del Senado. No hubo sesión oficial ni quorum; tampoco asistió la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por esas acciones, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión en un segundo caso, Golpe de Estado II, por incumplimiento de deberes en contra de la Constitución.

En tanto, Pumari protagonizó la toma, y posterior, quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. También se movilizó en La Paz junto a Camacho, al punto de pasar desapercibidos vestidos de policías y resguardados por patrullas policiales.

Prófugos

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía presentó en diciembre de 2023 la acusación formal para llevar a juicio a los ochos citados. El principal acusado es Camacho (el caso es foliando como “Luis Fernando Camacho y otros”), junto con Kaliman, López y Calderón, procesados como autores; mientras los demás están en calidad de cómplices.

No se sabe dónde se encuentra Kaliman. Orellana partió presuntamente a Colombia.

López y Calderón se refugiaron inicialmente en Brasil, pero, ante el cambio en la coyuntura del país vecino, tuvieron que salir hacia Paraguay recientemente.

El paradero de los otros se desconoce.

Nina también confirmó que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, el mismo que sentenció a 10 años de prisión a Añez por el caso Golpe de Estado II, estará a cargo del caso.

El martes, cuando se conoció al tribunal encargado del caso, Añez protestó que se la vuelva a juzgar por los mismos hechos.

Puede leer: Añez cuestiona que el Tribunal que la sentenció a 10 años sea el mismo en el caso Golpe I

De acuerdo con Nina, el caso podría comenzar en un mes con el juicio oral de los implicados. Debido a que el delito por el que se los acusa es terrorismo, la pena para Camacho, López, Kaliman y Calderón, por ser autores, podría ser de 20 años, y 10 años para los cómplices.

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FFAA y Policía no confirmaron aún su asistencia en la procesión de Semana Santa

Pese a que Bolivia es un Estado laico, la Ley 1538 ordena que las Fuerzas Armadas y Policía participen de la procesión de Viernes Santo en La Paz.

La procesión se realiza el Viernes Santo. Foto: Archivo La Razón.

/ 28 de marzo de 2024 / 14:05

El secretario de Culturas de la Alcaldía, Rodney Miranda, informó que aún no fue confirmada la asistencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la procesión de Semana Santa en La Paz.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que hubo una reunión el miércoles entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Gobernación, Iglesia Católica y el Ministerio de Culturas para organizar la fiesta religiosa.

El funcionario municipal aseguró que, por mandato de la Ley 1538 y la Ley Municipal 517, la Alcaldía de La Paz tiene que disponer el acompañamiento de la banda municipal Eduardo Caba a la procesión del Viernes Santo. 

“La banda municipal Eduardo Caba tiene que encabezar la procesión”, explicó.

La Ley 1538 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la procesión religiosa de la Semana Santa de la ciudad de La Paz, como expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica, revalorizando las prácticas, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación.

En su artículo 4, establece que el Órgano Ejecutivo podrá disponer que las bandas del Ejército, la Policía Boliviana y los escoltas especiales acompañen la procesión del Santo Sepulcro del Viernes Santo y las imágenes de personajes de la Iglesia Católica, para lo cual se emitirán Ordenes de Guarniciones Militares y Policiales.

Sin embargo, el artículo 4 de la Constitución establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es decir, Bolivia es una Estado laico.

Miranda afirmó que, si bien Bolivia es un Estado laico, por Constitución, el 78% de la población boliviana profesa la religión católica y en La Paz, dos tercios de la población son católicos. “La procesión con o sin la FFAA seguirá manteniendo su carácter por la fe de la gente”.

Por su parte, el periodista Julio Peñaloza afirmó que la declaración es una “contradicción flagrante” a la Constitución de 2009.

Consideró que en la procesión de Semana Santa se juntarán las mismas instituciones que en 2019 propiciaron los conflictos políticos: Iglesia Católica, Policía y Fuerzas Armadas.

“Esto tiene un contenido altamente político”, observó.

“Los curas católicos hacen política y la hacen bien. Han conseguido esto”, reclamó.

La senadora arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco fue proyectista de la Ley 1538 con el argumento de que los bolivianos son católicos y profesan el catolicismo.

Peñaloza lamentó que Velasco haya sido “ingenua” al impulsar la norma que establece la participación de fuerzas del orden en la fiesta religiosa. “La han agarrado en curva a la senadora”.

En su criterio, la Asamblea Legislativa tomó un papel “poco riguroso” al aprobar la declaratoria de patrimonio. “Hay una jerarquía eclesiástica muy poderosa que tiene una capacidad de injerencia política muy grande” en el país.

Al reclamar la declaratoria de Patrimonio, recordó el duro caso Pedrajas que estalló en 2023, luego de la publicación del diario el país, en el cual se reveló que el cura jesuita Alfonso Pedrajas abusos sexuales a más de 85 menores de edad, en su mayoría, del colegio Juan XXIII en Cochabamba.

“Ésta es la Iglesia Católica de abusadores de niños, de violadores, de pederastas y de encubridores”, sentenció.

Los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, otrora provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, comparecen este jueves ante una jueza luego de que la Fiscalía de Cochabamba presenta la imputación formal en su contra.

El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

Peñaloza contó que Alaix era considerado “un pan de dios” y un hombre muy importante; mientras que el cura Recolons fue el segundo hombre más importante mundialmente en la orden de los jesuitas.

“Son curas poderosos, son curas que forman parte del poder de la Iglesia Católica y a ese lugar se le confiere un rol privilegiado dentro del Estado Plurinacional”, lamentó.

El caso Pedrajas fue descubierto por el sobrino del sacerdote, Fernando, quien, al conocer el contenido de sus memorias, envió el documento de 383 páginas al diario español El País.

El 30 de abril de 2023, el periódico publicó detalles del documento. En él Pedrajas confiesa que abusó sexualmente de unos 85 niños, especialmente el colegio Juan XIII de Cochabamba.

Lea también: El escándalo Alfonso Pedrajas: Seis décadas de abuso de poder y encubrimiento

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