El senador Róger Pinto debía asistir a una audiencia judicial el 6 de junio. No lo hizo; nueve días antes, el 28 de mayo, se había asilado en la Embajada de Brasil. La jueza del Tribunal de Sentencia de Pando Jaqueline Juaniquina lo declaró en rebeldía.
“Faltaba dos o tres audiencias más para que concluyera este juicio”, informó a La Razón la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Se trataba de Zofra-Universidad, uno de los cinco casos de corrupción que sigue esa oficina gubernamental contra el legislador pandino de Convergencia Nacional (CN). Dice la denuncia que, mientras fue presidente del directorio de Zofra Cobija, en 2000, Pinto dispuso sin autorización Bs 11 millones a favor de la Universidad Amazónica de Pando. En el caso también están implicados Miguel Becerra Suárez, Nemesio Ramírez Villca, Remberto Oni Villamor y Fernando Castillo Valdez, según el expediente al que accedió este diario.
“Esto (los juicios) desvirtúa la naturaleza de los fundamentos del asilo”, arguyó la abogada de esa oficina Jessica Saravia.
“Ésa es la razón por la cual no aceptamos que se diga que acá hay persecución política; todo lo contrario, hay evasión a la justicia de parte de Pinto”, dijo Suxo, quien además recordó que, a pesar de la declaratoria de rebeldía del senador, el juicio debe continuar.
La Razón quiso conocer la reacción de parte de los abogados de Pinto a través del comunicador que le presta servicio, Marco Julio. Éste dijo que el abogado Luis Vásquez (exlegislador de Poder Democrático y Social) iba a comunicarse con esta redacción, hecho que no ocurrió.
Pero el acápite de “juicio por contribuciones voluntarias para la Universidad de Pando” de la ayuda memoria que Pinto hizo circular hace dos semanas, para argumentar su petición a Brasil, dice que se trata de un proceso “incoherente” e “irregular”.
En otro caso (Casa de juegos, Bahití), según Saravia, el senador había solicitado que se le fije nueva fecha para sus declaraciones. El fiscal Aldo Ortiz accedió a la petición y fijó la cita para el 4 de junio, a la que no concurrió el implicado, por razones obvias.
Además de esos dos casos, el Ministerio de Transparencia sigue otros tres procesos contra el ahora asilado, referidos a la construcción de cuatro embarcaderos sin que exista diseño final, la asignación irregular de fondos de avance a favor de exfuncionarios y funcionarios del Gobierno Autónomo de Pando (2000-2010) y la venta irregular de terrenos del Estado a particulares (Zofra-terrenos).
El documento que publicó Pinto dice que se dispuso el archivo de obrados en el primer caso; en el segundo, “no es el prefecto de entonces el encargado de rendir descargos”; y, en el tercero, “los terrenos en cuestión nunca fueron vendidos”.
El legislador es sujeto de otros 16 procesos judiciales, seis de ellos por desacato (Suxo desistió), uno por sedición y el restante por delitos vinculados a su gestión en la Prefectura de Pando.
Pinto se encuentra asilado en el Embajada de Brasil, en La Paz, desde el 28 de mayo.
Analizan ‘permiso especial’ para el senador
Luis Mealla
Si bien el Gobierno descartó la posibilidad de otorgar un salvoconducto a favor del senador Róger Pinto, en la Cancillería se analiza, sin un plazo definido, la posibilidad de brindarle un “permiso especial” para que viaje a Brasil, donde se le concedió el asilo político, aunque también se evalúan los cargos que pesan sobre el legislador, lo que puede impedir su salida.
“Nosotros damos salvoconducto a los que están afuera. Salvoconducto (necesita) una persona que no tiene documentos y que (no) puede circular en nuestro territorio. El señor (Pinto) tiene documentación”, dijo la pasada semana el canciller David Choquehuanca y además reiteró que no hay un plazo para definir la situación del senador.
“Posiblemente corresponde un permiso especial, pero él (Pinto) tiene varios procesos penales y hay una norma internacional (para) quienes son merecedores del asilo político, y eso tiene que analizar el Brasil, en todo caso”, agregó la autoridad.
La comunicación oficial sobre el asilo que otorgó el gobierno de Dilma Rousseff para Pinto llegó la pasada semana a la Cancillería de Bolivia; desde esa cartera informaron que la documentación está siendo analizada y que este procedimiento puede durar días e incluso años.
El legislador es procesado por 21 casos, la mayoría por desacato, difamación y corrupción; está citado para declarar en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Cobija. El 28 de mayo se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz, a la espera de un permiso oficial para salir de Bolivia.
Por su parte, Pinto aseguró que él y su familia recibieron amenazas de muerte. “Por ello he decidido refugiarme, pero en mi propio país”, señala una parte de la carta que envió a sus colegas en el Legislativo.