Policías amotinados echaron con violencia la mañana de hoy de la plaza Murillo, centro del poder político, a un grupo de los denominados interculturales que protestaba en contra de la movilización policial, que empezó el miércoles en demanda de un mayor incremento salarial. Minutos después un grupo de uniformados marchó por la plaza disparando balas de salva y gritando “motín policial”.
Vestidos de civil y encapuchados, como permanecen desde el día del conflicto, los uniformados retomaron el control de la Plaza Murillo haciendo uso de gases lacrimógenos. “La plaza es del pueblo, lamentamos esta acción vandálica de la Policía”, cuestionó el dirigente de la Confederación de Interculturales o colonizadores, Gustavo Aliaga, quien lideró la movilización.
La red Erbol reportó que los sectores sociales afines al oficialismo fueron retenidos por la fuerza policial en la calle Comercio, mientras que un grupo de uniformados del Distrito Policial 5 de El Alto marcho por la plaza enarbolando armas de reglamento y haciendo disparos de balas de salva. “Están queriendo enfrentarnos con los movimiento sociales”, sostuvo un uniformado.
La puerta de Palacio de Gobierno está cerrada y custodiada, desde dentro, por militares. Las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), a una cuadra de Palacio, concentran a decenas de uniformados que desconocieron un acuerdo firmado entre el Gobierno y representantes de los uniformados la madrugada del domingo.
Pascual Llanos, representantes de Seguridad Física de la Policía, informó a Erbol que mantienen la medida de presión porque “las bases rechazaron” el documento de acuerdo.
Una comisión del Gobierno liderada por el ministro de gobierno, Carlos Romero, y la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, y el presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos , Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos, firmaron el acuerdo que después fue desconocido por Cárdenas, quien denunció presiones.
Entre los acuerdos está un incremento de 220 bolivianos al bono de Seguridad Ciudadana de 400 bolivianos, retroactivo a enero. Este monto, sumados a los 1.445 bolivianos de salario básico implica fijar un salario de 2.045 bolivianos. Además acordaron una segunda ración seca al año y la abrogación de la ley 101 de Régimen Disciplinario.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Teresa Zubieta, participó de la negociación y aseguró que Cárdenas no fue presionada para rubricar el acuerdo.