“Se emitió una orden de citación para el diputado Saúl Garabito Condori, para que preste declaración informativa a la comisión”, dijo el fiscal Marco Antonio Rodríguez, que dirige las investigaciones del caso junto a sus colegas Milene Alba y Aldo Ortiz. Este diario llamó anoche al móvil de Garabito, pero no logró ser atendido.
Rodríguez mantuvo en reserva la fecha en la que debe declarar el legislador, así como los elementos que habrían conducido a que el asambleísta sea incluido como investigado en este proceso que data de marzo, cuando el Ministerio de Transparencia denunció el ingreso irregular de 54 bachilleres a través de un programa intercultural a la Unipol.
Antecedente. El citado ministerio de Estado hizo la denuncia tras advertir indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para admitir a esos 54 jóvenes. Incluso se habló de cobros de $us 5.000 por alumno para incluirlos en el denominado “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
“Primigeniamente se tiene que él (diputado Garabito) estaría vinculado al irregular ingreso de esos postulantes a cadetes”, declaró Rodríguez a La Razón.
La comisión de fiscales comunicó al Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal-Cautelar, que lleva el control jurisdiccional del caso, la ampliación de las investigaciones contra el asambleísta nacional, por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y beneficios en razón del cargo, previstos en el Código de Procedimiento Penal y la Ley 004. El 22 de junio, el juez del caso hizo conocer su visto bueno.
En este proceso, la comisión de fiscales ya llevó a audiencia de medidas cautelares a los coroneles José Antonio Piérola, quien fungía como rector de la Unipol; y Marco Antonio Ortuño, ahora exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol). Ambos fueron beneficiados con detención domiciliaria tras ser imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias.
También se sometió a audiencia cautelar a la asesora legal de la Unipol, Carla Gisela Ortiz Burgos, y se espera fecha para que comparezca el general Jorge Santiesteban. Las diligencias incluyen a miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) de la Unipol, a abogadas de la institución y a particulares que figuran como apoderadas de los postulantes. En la vía testifical se citó a un vocal del Tribunal Departamental de Justicia.
Implicaron a políticos en el caso
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Como testigos, la Fiscalía recibió a los senadores Fidel Surco, Isaac Ávalos y Andrés Villca, todos del Movimiento Al Socialismo (MAS). También se convocó al vocal del Tribunal Departamental de Justicia Jorge Quino; al ministro de Trabajo, Daniel Santalla; y al viceministro de Coordinación, César Navarro.
Postergan la audiencia para Santiesteban
El Juzgado 3° de Instrucción en lo Penal-Cautelar informó que la audiencia cautelar para el general Jorge Santiesteban, investigado en caso Unipol, se definirá dentro de unos 20 días, luego de que los juzgados vuelvan de la vacación judicial iniciada el lunes.
Los antecedentes del caso dan cuenta que fue la juez 4° de Instrucción, Margoth Pérez, quien remitió a la Central de Notificaciones la imputación formal contra el excomandante de la Policía.
A la fecha se espera que esta notificación sea devuelta al juez Javier Rolando Chaca, titular del Juzgado 3°, con la constancia de que fue recibida por Santiesteban, para que se proceda a señalar día y hora de audiencia cautelar. “Una vez que se remita la diligencia se va a señalar la audiencia, si es que corresponde”, declaró a La Razón el juez Chaca.
También hizo conocer que debido a la vacación judicial, los juzgados de turno sólo están habilitados para conocer casos con detenidos. Además, la Central de Notificaciones cuenta en este periodo con personal limitado para cumplir todas las diligencias, por lo que se prevé analizar la comparecencia de Santiesteban luego del 17 de julio, cuando las actividades vuelvan a la normalidad.
Santiesteban fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, la tarde del 6 de junio. Los fiscales Aldo Ortiz, Milena Alba y Marco Antonio Rodríguez piden su detención preventiva en San Pedro tras ser implicado en el presunto ingreso irregular de 54 jóvenes a la Universidad Policial.