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Friday 26 Apr 2024 | Actualizado a 18:32 PM

La Policía reanuda su labor tras el motín de seis días

El acuerdo firmado la madrugada de ayer entre el Gobierno y representantes de los policías, logró restablecer los servicios de los uniformados tras seis días de motín. Los primeros en salir a las calles fueron los de Tránsito, más tarde controlaron la IX marcha.

/ 28 de junio de 2012 / 06:34

La tensión generada por las constantes marchas de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) y la representación de las esposas de este sector llegó a su fin a las 04.00 de ayer, tras la firma de un acuerdo de diez puntos.

Casi enseguida, los movilizados se quitaron las capuchas y vistieron nuevamente el verde olivo para “retornar a sus funciones de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución”.

Los primeros en aparecer en escena fueron los de la Unidad de Tránsito, a quienes se pudo ver dirigiendo el tráfico apenas salía el sol en la sede de gobierno. Similar situación se advirtió en el resto del país. Un poco más tarde regresó la normalidad a oficinas de la FELCC y a otras unidades policiales.

En Cochabamba se advirtió que algunos policías se enteraron de los pormenores del acuerdo cuando formaban para reanudar sus labores. Gloria Almanza, representante de las esposas de policías en esa urbe, criticó el acuerdo, pues se pedía “nivelación salarial (en la institución del orden) a la par de los militares”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que “se ha acordado un incremento equivalente a Bs 100, además del 9% dispuesto por el Decreto 1312 del 1 de mayo”. Esto se traduce en 17% de aumento, se llega a Bs 1.945 de salario más los Bs 400 del bono de seguridad ciudadana y a Bs 2.055 con la dotación doble de víveres (dos quintales de harina, dos de azúcar y dos de arroz) que recibirán a partir de este año.

“En términos porcentuales se alcanza un 20% de incremento en la remuneración de los policías”, dijo Romero. Destacó seis ventajas a favor de la tropa con estos compromisos: incremento de carácter retroactivo a enero, fusión de Bs 100 al haber básico, impacto en bonos de antigüedad y frontera, mejora del aguinaldo y en el aporte patronal y laboral en el seguro a corto y largo plazo.

Al final de la conferencia de prensa de Romero, las entidades bancarias se disponían a abrir sus puertas con normalidad. Por su lado, el vicepresidente Álvaro García destacó el autocontrol ejercido por la población para paliar la falta de resguardo policial. 

Al mediodía, efectivos de la UTOP vigilaban para evitar agresiones a la IX marcha por el TIPNIS y, más tarde, evitar la toma de la plaza Murillo, que durante seis días fue su escenario de lucha.

Casos de corrupción irán a Justicia Ordinaria

La suspensión de la aplicación de la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, no significará que se deje de tomar acciones que normen esta situación y menos si se trata de hechos que tengan que ver con corrupción, en cuyo caso se derivarán los mismos a la Justicia Ordinaria, según el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.

La autoridad gubernamental explicó que la Ley 101 es de carácter administrativo y, como tal, deriva acciones que tienen que ver con hechos de corrupción a procedimientos ordinarios, en los que se aplica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.

Ante esta situación y teniendo a la fecha una norma de carácter administrativo, afirmó que “se está abriendo la posibilidad de que se tome conocimiento de las denuncias de los casos (de corrupción) y se los deje pendientes hasta que se resuelva esta situación respecto a esta ley o a la nueva normativa de orden disciplinario”.

Rechazo. La Ley 101 fue puesta en vigor durante la gestión del exministro Sacha Llorenti y ha sido objeto de rechazo por parte de funcionarios de la Policía, que alegan que atentaría contra derechos como la presunción de inocencia.  En la última movilización de los policías se demandó su abrogación y, como parte de la solución, se dejó establecida la necesidad de modificar dicha norma “a fin de salvaguardar las garantías constitucionales”.

El viernes 22 de junio, la tropa policial movilizada tomó las oficinas de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de las ciudades de La Paz y Cochabamba, de donde saquearon y quemaron los expedientes de procesos a sus camaradas, en aplicación de la citada norma.

Mientras se evalúa la pertinencia de abrogar la Ley 101 o derogar algunos de sus artículos, las nuevas denuncias de procesos disciplinarios serán recibidas y registradas por una Secretaría Técnica Jurídica conformada por efectivos de la Policía, según el acuerdo. Pérez indicó que una comisión de cuatro miembros de Anssclapol, dos de su viceministerio y uno del Comando de la Policía trabajarán en la normativa.

Resumen del acta

Primero

Esposas y representantes de Anssclapol exigieron no tomar represalias contra quienes realizaron estos movimientos de reivindicación. Ni el Gobierno ni el Comando General de la Policía presentarán ninguna acción legal y/o administrativa en contra de ellos.

Segundo

Se conformará una comisión técnica jurídica para   la revisión de la Ley 101.

Tercero

Se creará la Defensoría del Policía como institución neutral y desvinculada de la Dirección Nacional de DDHH de la Policía, para precautelar, defender y garantizar el ejercicio de sus miembros.

Cuarto

Se acuerda la dotación de un cupo adicional de víveres y alimentos (1qq de arroz, 1qq de harina y 1qq de azúcar).

Quinto

Incremento de Bs 100 a todos los miembros de la Policía, que se soldará al haber básico y será retroactivo a enero de 2012.

Sexto

El Viceministro de Régimen Interior y Policía, el Comando General, Anssclapol, Covipol, Musepol y Recaudaciones deben evaluar y definir cómo financiar el 30% restante para la jubilación del 100% en el plazo perentorio de 180 días.

Séptimo

Se solicita la sanción inmediata del proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que permitirá  fortalecer infraestructura y equipamiento de la Policía.

Octavo

Se continuará trabajando para mejorar condiciones salariales, institucionales y estructurales de la Policía.

Noveno

Los alcances y beneficios de este acuerdo incluyen a los miembros policiales del Batallón de Seguridad Física.

Décimo

Anssclapol se compromete a levantar de manera inmediata la movilización de sus bases en todo el país.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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