La tensión generada por las constantes marchas de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) y la representación de las esposas de este sector llegó a su fin a las 04.00 de ayer, tras la firma de un acuerdo de diez puntos.
Casi enseguida, los movilizados se quitaron las capuchas y vistieron nuevamente el verde olivo para “retornar a sus funciones de seguridad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución”.
Los primeros en aparecer en escena fueron los de la Unidad de Tránsito, a quienes se pudo ver dirigiendo el tráfico apenas salía el sol en la sede de gobierno. Similar situación se advirtió en el resto del país. Un poco más tarde regresó la normalidad a oficinas de la FELCC y a otras unidades policiales.
En Cochabamba se advirtió que algunos policías se enteraron de los pormenores del acuerdo cuando formaban para reanudar sus labores. Gloria Almanza, representante de las esposas de policías en esa urbe, criticó el acuerdo, pues se pedía “nivelación salarial (en la institución del orden) a la par de los militares”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que “se ha acordado un incremento equivalente a Bs 100, además del 9% dispuesto por el Decreto 1312 del 1 de mayo”. Esto se traduce en 17% de aumento, se llega a Bs 1.945 de salario más los Bs 400 del bono de seguridad ciudadana y a Bs 2.055 con la dotación doble de víveres (dos quintales de harina, dos de azúcar y dos de arroz) que recibirán a partir de este año.
“En términos porcentuales se alcanza un 20% de incremento en la remuneración de los policías”, dijo Romero. Destacó seis ventajas a favor de la tropa con estos compromisos: incremento de carácter retroactivo a enero, fusión de Bs 100 al haber básico, impacto en bonos de antigüedad y frontera, mejora del aguinaldo y en el aporte patronal y laboral en el seguro a corto y largo plazo.
Al final de la conferencia de prensa de Romero, las entidades bancarias se disponían a abrir sus puertas con normalidad. Por su lado, el vicepresidente Álvaro García destacó el autocontrol ejercido por la población para paliar la falta de resguardo policial.
Al mediodía, efectivos de la UTOP vigilaban para evitar agresiones a la IX marcha por el TIPNIS y, más tarde, evitar la toma de la plaza Murillo, que durante seis días fue su escenario de lucha.
Casos de corrupción irán a Justicia Ordinaria
La suspensión de la aplicación de la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, no significará que se deje de tomar acciones que normen esta situación y menos si se trata de hechos que tengan que ver con corrupción, en cuyo caso se derivarán los mismos a la Justicia Ordinaria, según el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
La autoridad gubernamental explicó que la Ley 101 es de carácter administrativo y, como tal, deriva acciones que tienen que ver con hechos de corrupción a procedimientos ordinarios, en los que se aplica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Ante esta situación y teniendo a la fecha una norma de carácter administrativo, afirmó que “se está abriendo la posibilidad de que se tome conocimiento de las denuncias de los casos (de corrupción) y se los deje pendientes hasta que se resuelva esta situación respecto a esta ley o a la nueva normativa de orden disciplinario”.
Rechazo. La Ley 101 fue puesta en vigor durante la gestión del exministro Sacha Llorenti y ha sido objeto de rechazo por parte de funcionarios de la Policía, que alegan que atentaría contra derechos como la presunción de inocencia. En la última movilización de los policías se demandó su abrogación y, como parte de la solución, se dejó establecida la necesidad de modificar dicha norma “a fin de salvaguardar las garantías constitucionales”.
El viernes 22 de junio, la tropa policial movilizada tomó las oficinas de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) de las ciudades de La Paz y Cochabamba, de donde saquearon y quemaron los expedientes de procesos a sus camaradas, en aplicación de la citada norma.
Mientras se evalúa la pertinencia de abrogar la Ley 101 o derogar algunos de sus artículos, las nuevas denuncias de procesos disciplinarios serán recibidas y registradas por una Secretaría Técnica Jurídica conformada por efectivos de la Policía, según el acuerdo. Pérez indicó que una comisión de cuatro miembros de Anssclapol, dos de su viceministerio y uno del Comando de la Policía trabajarán en la normativa.
Resumen del acta
Primero
Esposas y representantes de Anssclapol exigieron no tomar represalias contra quienes realizaron estos movimientos de reivindicación. Ni el Gobierno ni el Comando General de la Policía presentarán ninguna acción legal y/o administrativa en contra de ellos.
Segundo
Se conformará una comisión técnica jurídica para la revisión de la Ley 101.
Tercero
Se creará la Defensoría del Policía como institución neutral y desvinculada de la Dirección Nacional de DDHH de la Policía, para precautelar, defender y garantizar el ejercicio de sus miembros.
Cuarto
Se acuerda la dotación de un cupo adicional de víveres y alimentos (1qq de arroz, 1qq de harina y 1qq de azúcar).
Quinto
Incremento de Bs 100 a todos los miembros de la Policía, que se soldará al haber básico y será retroactivo a enero de 2012.
Sexto
El Viceministro de Régimen Interior y Policía, el Comando General, Anssclapol, Covipol, Musepol y Recaudaciones deben evaluar y definir cómo financiar el 30% restante para la jubilación del 100% en el plazo perentorio de 180 días.
Séptimo
Se solicita la sanción inmediata del proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que permitirá fortalecer infraestructura y equipamiento de la Policía.
Octavo
Se continuará trabajando para mejorar condiciones salariales, institucionales y estructurales de la Policía.
Noveno
Los alcances y beneficios de este acuerdo incluyen a los miembros policiales del Batallón de Seguridad Física.
Décimo
Anssclapol se compromete a levantar de manera inmediata la movilización de sus bases en todo el país.