“Se evalúa los casos a nivel nacional; son aproximadamente 650 casos que se han abierto con la Ley 101. Hay varios tipos de denuncias”, informó el coronel Wálter Paco, fiscal general de la Policía, tras concluir el miércoles el motín policial de seis días que, entre otros acuerdos, suspendió la aplicación de la citada norma. Durante el conflicto, efectivos amotinados asaltaron el viernes 22 las oficinas de la Digipi en La Paz y Cochabamba, donde quemaron las computadoras y los documentos existentes.
En el acuerdo que suscribieron el Gobierno y los policías se establece que la ley pasará a una comisión revisora y que mientras tanto “no se podrá sancionar a ningún policía mientras no haya una nueva norma disciplinaria”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Édgar Ramos.
El artículo 102 de la norma disciplinaria fue calificado por la tropa como un “proceso sumarísimo” que determina que con la acusación del Fiscal Policial a un efectivo, se suspende el pago del salario a éste.
Este hecho fue asumido como una presunción de culpabilidad que —según Ramos— es similar a la Ley antidrogas 1008, ya que el acusado debe comprobar su inocencia, “vulnerando lo establecido en la Constitución”.
El artículo 116 de la CPE establece que “se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.
Este diario buscó una posición del Gobierno a través del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. Sin embargo, esta autoridad no accedió a la entrevista por constantes reuniones. En el Comando General de la Policía tampoco quisieron referirse al tema.
Ramos aseguró que con el artículo 102 de la Ley 101 se vulneró derechos como el debido proceso, el acceso al salario, que también afecta a la familia del policía, y también la suspensión de las vacaciones.
Reincorporación. Señaló que el último acuerdo Policía-Gobierno generó un avance significativo, debido a que 300 policías, cuyos casos ya fueron resueltos por el Tribunal Disciplinario y esperaban el trámite administrativo para su reincorporación, empezaron a trabajar de inmediato.
“Fueron suspendidos por la (Ley) 101 en periodos de tres o seis meses, incluso un año; sus procesos ya estaban concluidos, pero cuando solicitaban su alta, una vez cumplida su sanción, el Comando General no lo hacía o debían pagar para ser reincorporados”, sostuvo el suboficial Ramos.
Agregó que en ese grupo, algunos investigados fueron cambiados de destino a otras regiones, pero que ahora deben volver a su lugar de origen.
En cuanto a la Digipi, el coronel Paco no precisó una fecha para reanudar las labores, debido a que hay daños materiales significativos: la mayor parte de los expedientes fueron destruidos, se dañaron las computadoras y la infraestructura. “Aún no hay fecha para reanudar las actividades”, precisó la autoridad, quien añadió que se evalúa la situación.
Unos 1.200 huyeron de la Ley 101
El presidente de la Anssclapol, suboficial Édgar Ramos, reveló que desde 2011 (cuando se promulgó la Ley 101) hasta este año cerca de 1.200 policías pidieron su baja voluntaria. “Al menos 500 camaradas tenían denuncias y, antes de ser procesados, pidieron su baja voluntaria y se dedicaron a otras actividades. Además carecían de seguro y de garantías para ejercer sus funciones”. Ramos agregó que otros 700, antes de ser denunciados, prefirieron retirarse de la institución y se fueron al exterior. “La mayoría eran profesionales y los jefes no les daban su lugar”, indicó.