En ocasión del arribo al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Luis Fernando Camacho solicitó una audiencia con esa entidad.

Al respecto, el viceministro de Justicia César Siles afirmó que esa delegación no realizará visitas específicas, sino que será más “integral”, es decir que visitará a varios privados de libertad.

“Mi intención es exponer mi caso dejando constancia de las graves violaciones y vulneraciones al debido proceso, al derecho a la salud y a la privacidad”, señala parte de la misiva que envió Camacho a la CIDH.

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Entre el 27 y 30 de marzo, llegará al país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación en ese ámbito, en diferentes regiones del país.

Al respecto, Siles insistió que la visita de la CIDH tendrá carácter integral, cuyas recomendaciones y observaciones deberán ser cumplidas por el Estado.

CIDH

“Esta visita será una observación en el lugar de los hechos y tiene un carácter más integral y no es específico. No vienen a verificar una denuncia específica o a referirse a una posible vulneración de derechos humanos denunciada”, aclaró en La Razón Radio.

Así, descartó que la delegación, compuesta por 25 personas, atienda temas específicos, como los casos de la expresidenta Jeanine Áñez o del gobernador Camacho, ambos en prisión.

“Camacho y Áñez son dos privados de libertad que también tendrán acceso a los comisionados con los demás privados de libertad; por tanto, esta visita no es específica”, insistió Siles.

Camacho

La delegación de la CIDH visitará La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

De acuerdo con su agenda, sostendrán reuniones con los cuatro órganos del Estado, además de la sociedad civil y grupos vulnerables.

Harán un monitoreo de la situación de derechos humanos de los privados de libertad y para ello visitarán las cárceles de San Pedro y Chonchocoro (La Paz).

Siles

Siles expresó su confianza en que luego de la visita de la delegación haya un diagnóstico “de un tercer imparcial”, para que en el país se deje el discurso referido a que el Estado hace su propia radiografía sobre derechos humanos.

El diputado disidente de Creemos Richard Ribera, posesionado el viernes como nuevo presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, aseguró que la falta de comunicación y la imposición causaron fisuras en la alianza del gobernador Luis Fernando Camacho.

Con apoyo del Movimiento Al Socialismo (MAS), disidentes de su alianza y de Comunidad Ciudadana (CC), el legislador le ganó la pulseta al candidato oficialista Óscar Michel.

“Lo que importa es que nadie puede ser borrego de nadie ni servil a nadie, sino tener libre expresión y que se respete lo que pensamos. Mientras no se manejen con madurez esos aspectos, la imposición (en Creemos) no va a funcionar”, dijo Ribera en entrevista con La Razón Radio.

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Alejamiento

En marzo de 2022, el diputado anunció su alejamiento de Creemos debido a “muchas mentiras, desaires y preferencias”, hecho que se hizo más notorio en la reciente elección.

“Fue por la falta de comunicación en Creemos (su elección), no tener democracia en la agrupación nos lleva a estas cosas porque hay una democracia injusta; no hay un comité político democrático, sino que todo es impuesto”, justificó.

Recordó que dos días antes de la elección, Camacho mandó una carta pidiendo unidad en Creemos, pero sin respetar la decisión de los “disidentes”.

“Debería haber mesas de diálogo, porque ir a votar por alguien, no llama a la unidad. El pueblo sabe que estamos divididos y los políticos no hacen bien las cosas”, apuntó Ribera.

Elección

Respecto a su elección, aseguró que no hizo acuerdos políticos “con nadie”.

Además, que su gestión al frente de la Brigada Parlamentaria cruceña estará enfocada a la recuperación de la “dignidad” de la institución y la atención de las demandas de la región.

El Gobierno de Bolivia afirmó que no reconoce el informe de Estados Unidos (EEUU) sobre Derechos Humanos (DDHH); el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que solo se trabaja con instituciones de las que el país forma parte.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Bolivia denunció que ese tipo de acciones, responden a una “práctica de injerencia”.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia al Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos». «Sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral”, señala parte del documento.

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La nota agrega que ese tipo de informes “son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”.

Por su parte, el viceministro Siles afirmó que Bolivia es respetuoso de los organismos a los cuales está adherido, por ejemplo, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Bolivia

“Si la Corte dicta una sentencia (…) tenemos que cumplir esa sentencia; si al Comisión emite un informe, con recomendaciones y obligaciones que cumplir las vamos a cumplir”, declaró Siles, este martes, en La Razón Radio.

En ese marco, el viceministro sostuvo que el país no se puede basar en “informes sesgados, que no ha tenido la contraparte del Estado boliviano”.

El ‘Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos en 2022’ de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU fue publicado este 20 de marzo de 2023.

EEUU

En su acápite referido a Bolivia, menciona las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

Menciona que grupos internacionales de Derechos Humanos señalaron varios casos, posiblemente motivados, por móviles políticos iniciados por el Gobierno.

En ese marco —agrega el informe—, que se registraron “arrestos arbitrarios”, todos contra de opositores al Gobierno o miembros del Gobierno anterior.

Estado

“Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el Gobierno describió como un ‘golpe de estado’”, establece otra parte el reporte.

“Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, agrega el documento.

Al respecto, la Cancillería, afirmó que Bolivia se adscribe al “multilateralismo y a sus mecanismos de evaluación para la garantía, la protección y el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

Instituciones

“Reafirmando estos compromisos, se han realizado una serie de visitas de distintas instancias de Derechos Humanos”, destaca el comunicado.

“En esta línea, entre el 27 y 30 de marzo, estará en nuestro país una misión de alto nivel de la CIDH, con el objetivo de conocer la situación de los mismos en distintas regiones de Bolivia”, agrega la nota oficial.

Al menos tres órganos del Estado desahucian la reforma constitucional, en el ámbito judicial, a través de una iniciativa ciudadana. Que es promovida por un grupo de juristas “independientes”.

Entre los principales argumentos, resalta el hecho de que se trata de un trámite moroso, cuyos resultados podrían aplicarse en 2029, cuando sean las siguientes elecciones judiciales.

Asimismo, afirman que, en lugar de un referéndum, se debe recurrir a otros mecanismos de consenso para impulsar una “efectiva” reforma judicial, una postura que incluso fue respaldada por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

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Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en el marco de los plazos procedimentales y la Constitución Política, la iniciativa de los juristas no podría llevarse a cabo este año.

Aseguró que el trámite para llegar hasta un referéndum debe seguir todo un proceso y es probable que se concluya en 2029.

Lima hizo esa alusión refiriéndose a la recolección de firmas que realizan juristas “independientes” que buscan una reforma constitucional, en el ámbito judicial, a través de un referéndum.

Órganos

“La elección de los magistrados es importante, pero no es el que hace estructuralmente a la reforma judicial en este momento. Son 26 altas autoridades que tienen que ser cambiadas el 31 de diciembre”, afirmó.

De acuerdo con los plazos previstos por el Legislativo, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la selección de candidatos debe realizarse hasta julio, con la proyección de ejecutar la elección hasta fines de octubre.

En enero, los juristas “independientes” iniciaron la recolección de firmas para impulsar un referéndum y así modificar parcialmente la Constitución. Deben reunir 1,5 millones de firmas.

La reforma se enmarca en la modalidad de iniciativa popular. Se requiere de las firmas del 20% del padrón electoral nacional para que el referéndum pueda concretarse.

Estado

En tanto, el TSE también ve “muy difícil” que este año pueda darse la reforma que buscan lo juristas, en función a los plazos que demanda el procedimiento.

“Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum. Eso tiene algunas complicaciones”, afirmó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

“Una vez que recojan las firmas, esas firmas deben ser verificadas en el TSE y luego debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año”, advirtió.

“Lo veo difícil, personalmente, y no es que esté en contra del proceso, pero lo veo bastante difícil”, remarcó la autoridad electoral.

Reforma constitucional

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó en febrero que ir a un referéndum para una reforma judicial es una “venta de ilusiones”.

A su juicio, la transformación de la Justicia implica otras cosas, además de la forma de elegir a los magistrados. Más bien, propuso una nueva Asamblea Constituyente para reformar la Justicia de forma integral.

También en febrero, el expresidente Rodríguez Veltzé afirmó que el “colapso del sistema judicial” no se resolverá con la elección de magistrados, en momento que inician los preparativos rumbo a los comicios judiciales.

En ese marco, el exmandatario instó a generar acuerdos políticos y ciudadanos para resolver la crisis judicial.

Juristas independientes

“El colapso del sistema judicial y la desatención a los DDHH en Bolivia exige acuerdos políticos y ciudadanos para reformas estructurales de largo aliento. La sola elección de magistrados de altos tribunales no resolverá la crisis”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante este escenario, los juristas “independientes” denunciaron el lunes una “conspiración” y obstaculización a la iniciativa del referéndum para la reforma judicial, por parte del Gobierno y otros órganos del Estado.

“Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral son absolutamente impertinentes. Nos ha dado cuenta de que seguimos, no sé si llamarla conspiración o frente a una acción del Estado en contra de esta cruzada nacional ciudadana”, dijo Juan del Granado, miembro de ese grupo de juristas.

Al respecto, José Antonio Rivera, otro miembro de ese grupo dijo que desde que impulsaron la iniciativa, el proceso atravesó por varios obstáculos.

Referéndum

“Hemos recibido en conjunto acciones obstaculizadoras, por una injustificada demora en la aprobación de la iniciativa y de las preguntas de referéndum popular”, lamentó.

Los anteriores comicios se llevaron a cabo en 2011 y 2017, en función a lo que establece la Constitución Política del Estado, que manda al Legislativo realizar la selección de precandidatos, por dos tercios de voto.

Así, la previsión es que las nuevas autoridades judiciales serán elegidas por voto popular y asumirán funciones desde enero de 2024.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, aseguró que, a pesar de la crisis interna que sufre el MAS, lo importante es apostar por la continuidad del proceso de cambio, por el bien del país.

“Se debe preservar en todo momento la continuidad del proceso por el bien de la nación, no de algunas personas. La nación ha sido la beneficiada de todo este proceso”, dijo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

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Crisis

La crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundizó en 2022 cuando legisladores denominados “evistas” tildaron de “traidores” y “vendidos” a sus colegas conocidos como “arcistas” en medio de la aprobación de la Ley del Censo.

También los “evistas” acusaron al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender dividir al MAS y postularse a las elecciones de 2025 por el Partido Socialista 1 (PS-1). Incluso, por eso, la dirigencia del MAS en el Trópico se insinuó la expulsión de ambos.

Los “arcistas” respondieron que los legisladores allegados al expresidente Evo Morales están intentando boicotear la gestión del Gobierno.

Las diferencias incluso llegaron al extremo de agresiones físicas entre militantes del MAS en varios ampliados y congresos, como el ocurrido recientemente en Santa Cruz.

Suicidio

El criterio del exvicepresidente Álvaro García Linera, esta crisis podría derivar en una derrota electoral en las elecciones generales previstas para 2025. Advirtió que sería un “suicidio electoral” una eventual división del MAS.

“Evo y Luis separados no llegan al 51% a las próximas elección”, vaticinó en una entrevista con Piedra, Papel y Tinta.

Lejos de limar asperezas, el sábado, en el noveno congreso del MAS en Yapacaní, el expresidente Morales volvió a atacar a Arce, a quien lo encaró con que la economía del país no está bien. El mandatario respondió dicha afirmación con una sonrisa y un movimiento de cejas.

Proceso

De acuerdo con el análisis de Arce Zaconeta, el proceso no debe ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia, y la forma de protegerlo y defenderlo es trabajando con base en la unidad, con respeto a parámetros y mecanismos que hoy generan la estabilidad del país.

“El presidente Luis Arce gobierna la nación y, al mismo tiempo, es presidente de un proceso de cambio. De alguna manera, está continuando el proceso de grandes transformaciones”, afirmó.

Dijo que la grandeza del proceso de cambio supera las visiones personales; es patrimonio de la nación boliviana y que será el legado que se dejará a las nuevas generaciones.