La autonomía departamental, que se postuló en 2006 con la realización del cabildo del millón, pasa por su peor momento, aseguraron cívicos y autoridades cruceñas, ya que sus líderes enfrentan procesos penales por haber llevado a cabo la consulta de aprobación de los estatutos.
La Fiscalía emitió la acusación formal en el proceso penal contra el gobernador Rubén Costas, por el cual la Contraloría General del Estado le acusa por malversación de fondos, el hecho de haber usado los recursos del departamento para el referendo autonómico del 4 de mayo de 2008.
El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, calificó de ilegal el proceso penal abierto contra Costas. “Este caso no tiene sustento jurídico, siendo que los estatutos autonómicos fueron reconocidos por la Constitución, entonces nos preguntamos dónde está la ilegalidad que pregona el Gobierno”, enfatizó.
En tanto, un grupo de exconsejeros que aprobaron el presupuesto para la consulta, respaldaron a Rubén Costas y calificaron los procesos judiciales de políticos, porque se cumplieron con todos los requisitos jurídicos para la convocatoria al referendo.
Delmar Méndez, exconsejero departamental, dijo que la convocatoria al referendo se la hizo con base en la ley marco del referéndum y la norma electoral, “debemos tomar en cuenta que el estatuto nació antes que la Carta Magna, por lo tanto no se nos puede acusar de resoluciones contrarias a la Constitución”.
Proceso. Méndez adelantó que todo lo que se hizo está dentro de la ley; hoy se está percibiendo que quienes promovieron este proceso están siendo criminalizados, “hoy nos están procesando por consultarle al pueblo si estaban de acuerdo o no con el modelo autonómico”.
Juan Carlos Parada, expresidente del Consejo Departamental, declaró que los recursos que se utilizaron para la consulta pertenecían a la partida presupuestaria de gasto corriente, “entonces mal pueden decir que se haya malversado, como lo quiere hacer ver el Ministerio Público”.
El exvocal de la Corte Departamental Electoral (CDE), Fernando Castedo, por su parte, manifestó que se cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley. “Nosotros sólo administramos los recursos para la realización de la consulta popular”, aseveró.
El presidente de la Asamblea Departamental Legislativa (ADL), José Luis Martínez, ratificó que no suspenderá del cargo al gobernador Rubén Costas. “Nos apegamos a la Ley regional 026, que establece que la suspensión se da sólo con sentencia ejecutoriada”.
Por su lado, el asambleísta departamental Edwin Muñoz y el concejal del municipio cruceño José Quiroz alegaron por separado que Rubén Costas debe ser suspendido del cargo como establece la Ley Marco de Autonomía. “Como cualquier ciudadano debe responder por los procesos penales que pesan en su contra, entonces debe dar un paso al costado”, subrayaron ambas autoridades departamentales de la línea del partido de Gobierno.
El lunes, ante la amenaza de ser depuesto del cargo, el gobernador Rubén Costas había afirmado que no cree que sea suspendido, “porque (el Gobierno) está viendo la fuerza de la unidad de Santa Cruz que ha salido en defensa del voto democrático”.