Antes de ausentarse a Guatemala, Uribe emitió un instructivo para las nueve fiscalías de distrito, en el que les solicita el inicio de una investigación penal ante el motín policial. Específicamente se refirió a la toma de oficinas públicas, estorbar el ejercicio de funciones y, posiblemente, incumplimiento de deberes, porque los oficiales suspendieron su actividad.
Los policías llevaron a cabo un motín de seis días, entre el 21 y 27 de junio. Pedían la nivelación salarial con relación a sus similares de las Fuerzas Armadas, la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario y una jubilación con el 100% de sus haberes. “Mi autoridad ya ordenó el inicio del proceso penal, ahora lo que estoy esperando es el informe del avance de las actuaciones que hayan realizado todos los señores fiscales”, expresó Uribe.
Desacato. Señaló que el lunes, a su retorno de Guatemala, pidió un informe sobre el avance de esas investigaciones a los fiscales. “Lamento que, pese a que se les ha dado 24 horas, hasta ahora no me hayan hecho llegar su informe; por lo tanto, esperaremos hasta las 18 de hoy (por ayer)”, dijo.
Uribe aseveró que, sobre la base de esa información, tomará decisiones contra los fiscales que hayan incumplido el instructivo que, en su criterio, podrían ser de “carácter disciplinario o, en su caso, las acciones penales que correspondan contra los funcionarios del Ministerio Público que no hayan acatado y cumplido la instrucción general que mi autoridad evacuó el anterior viernes”.
Durante el conflicto, la declaración de Mario Uribe provocó que los policías amotinados reaccionen amenazando incluso con la toma de las infraestructuras del Ministerio Público de todo el país. Sin embargo, los efectivos lograron un acuerdo con el Gobierno, en el que uno de los puntos señala que ningún funcionario que participó del motín sea denunciado ante la Justicia Ordinaria.
Anssclapol anuncia medidas
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos, advirtió que si la Fiscalía inicia represalias contra su sector, no descarta reanudar medidas de presión en todo el país.
“Me ha llegado una notificación de Tarija, por eso estamos convocando para el próximo miércoles a los representantes nacionales para demandar que se cumpla el acuerdo firmado con el Gobierno, en el que se quedó que no se tomarían represalias; no descartamos reanudar la medidas de presión”, afirmó.
Ramos agregó que como la Ley 101 de Régimen Disciplinario está en statu quo, algunas autoridades buscan amedrentar a la tropa. Asimismo, demandó que no haya mayores provocaciones contra ellos.
“Si los representantes de Anssclapol somos citados por la Fiscalía para investigarnos, no vamos a asistir, porque se de- be cumplir el acuerdo; no estamos solos, somos 33 mil efectivos a nivel nacional, y si quieren deberán notificar a todos”, remarcó.