El abogado Moisés Ponce de León, abogado del jefe del estado mayor de Ejército, general Félix Rojas, acusó al periodista de La Razón, Luis Mealla, de encabezar una “campaña de desprestigio” contra su defendido, por haber elaborado notas sobre un presunto hecho de corrupción en el que Rojas aparece como principal implicado. Además, anunció que iniciará un juicio ante los tribunales de la prensa contra el comunicador.
Mealla, como parte del equipo de La Razón y por decisión de editores y jefes, hizo seguimiento de este caso, en el que Rojas, según el fiscal que atiende el caso, aparece como imputado de la comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, debido a la adquisición irregular de 300 espadines para cadetes del Colegio Militar del Ejército.
Esta mañana Ponce de León acusó a Mealla de trabajar en este caso motivado por algún tipo de interés personal y de ser responsable de publicaciones sensacionalistas que no son ciertas. “Pensamos que existe algo oscuro e intereses personales”, dijo, antes de anunciar que además iniciará un proceso contra el periodista.
El 3 de julio, día en que La Razón conoció de este dato, y sobre el cual comenzó a trabajar el periodista, Ponce de León se apersonó a las oficinas de este medio de comunicación para solicitar que el material no se publique. Sin embargo, se le hizo saber que de igual forma se trabajaría sobre el tema y que lo que se necesitada era la contraparte del general Rojas.
Antes, Mealla había conversado telefónicamente con el fiscal del caso, Marco Rodríguez, quien declaró que “la imputación formal fue presentada el 22 de junio” y que “ahora este hecho deberá ser considerado por el Alto Mando Militar cuando se tome conocimiento de la audiencia de medidas cautelares que ya se ha solicitado”.
En descargo de Rojas, Ponce de León declaró que aún no recibió una notificación oficial y que ya se “subsanó” el descargo de cuentas ante el Ministerio de Defensa, referente a la adquisición de los espadines. La Razón guarda los registros de estas conversaciones.
No obstante, esta mañana Ponce de León señaló que él no creía que el fiscal hubiera hecho esas declaraciones. “El representante del Ministerio Público jamás ha podido manifestar tal situación porque el Ministerio Público se caracteriza por su responsabilidad”, señaló.
Hoy, el fiscal Rodríguez ratificó las declaraciones hechas a La Razón el 3 de julio. “Yo he manifestado ante la prensa todo lo que han escrito, han plasmando y lo que he manifestado está en los documentos”, dijo, para luego reiterar que en este caso “ameritaría que se adopten medidas cautelares”.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el general Rojas, en el marco de una Contratación por Excepción, tomó los servicios de la empresa Import-Export Rojas, dedicada al rubro del transporte y la ferretería, para la fabricación de espadines y pagó Bs 402 mil.
La empresa se comprometió a entregar el lote de espadines en 90 días, hasta noviembre de 2010, pero no cumplió. Además, la Fiscalía observó que la primera empresa “subcontrató” a una segunda, Acarapi Asociados, a la que sólo le habría pagado Bs 330 mil por los 300 espadines. La entrega del material se realizó recién entre diciembre de 2011 y marzo de este año.
“El término para la entrega ha superado el plazo establecido, más de un año después de lo que tenía que entregarse y se lo hizo por partes. Es un conjunto de situaciones irregulares que han motivado la imputación formal; respecto a una cotización inicial, aparece también un sobreprecio, lo que será motivo de una pericia técnica”, dijo el fiscal.
Defensa facultó a Rojas la adquisición del lote
En octubre de 2010, el Ministerio de Defensa emitió la Resolución N°0760/10, sin fecha, delegando al entonces coronel Félix Rojas como responsable del proceso de contratación por excepción la adquisición de 400 espadines; para tal efecto se desembolsó 400 mi bolivianos. El 22 de noviembre cursa una proforma de la empresa Import-Export Rojas que oferta 300 espadines a Bs 1.340 cada uno, haciendo un total de Bs 402 mil.
Ese mismo día, la empresa emite una factura a nombre de la cartera de Defensa. Debido a que esa entidad no pudo cumplir el plazo de 90 días para la entrega del pedido, en febrero de 2011 se hace una adenda en el contrato para modificar la fecha de entrega de los espadines. Las primeras 100 unidades de los sables fueron entregadas al Colegio Militar del Ejército el 23 de diciembre de 2011, 50 más el 25 de enero de 2012, otros 50 el 27 de enero y 100 el 13 de marzo.
Para la defensa, la acusación no existe
Ponce de León, en su visita a este medio, dijo que la imputación no figura en el Cuaderno de Investigaciones de los juzgados y que las partes no fueron notificadas. Denunció una campaña de “desprestigio y guerra sucia” en contra de su defendido.
“He revisado el Cuaderno de Investigaciones y ahí no he encontrado el texto de la imputación; posteriormente me he trasladado a estrados judiciales, que se encuentran en vacaciones, y revisando el IANUS (sistema que registra las causas judiciales) hemos podido ver en el juzgado, que hace el control jurisdiccional del caso, que no se halla registrada la presentación de la imputación”, declaró.
Agregó que la presunta compra irregular de 400 espadines fue “subsanada” ante el Ministerio de Defensa. El Informe N° 77/12 de ese despacho, del 2 de julio de 2012, indica que Rojas no tiene ningún cargo de cuentas con relación a la compra de ese lote. “Esto se puede apreciar en este certificado, con lo que se evidencia que el general (Rojas) no tendría ninguna obligación pendiente con el Estado. Hay que aclarar que el general Rojas no solicitó los espadines, sino el anterior comandante”, dijo.