El jurista afirmó a la agencia ANF que el despacho de Defensa autorizó, mediante el comprobante contable B-00000004247, el 27 de octubre de 2010, el desembolso de Bs 400 mil para la adquisición de los espadines, cuyo cheque 0035969-5 del Banco de Crédito fue emitido el 3 de noviembre de ese año para el retiro del dinero.
Así, según el abogado, “19 días después, el 22 de noviembre, se contrata a la empresa Import-Export Rojas, socia accidental del artesano Antonio Acarapi, para la fabricación de espadines”. Esta versión observa el informe difundido ayer por este diario, cuando se indicó que Rojas pagó por el lote “tres días antes del retiro del dinero del Ministerio de Defensa”.
Si bien las dos primeras fechas y datos bancarios coinciden con el documento de la cartera de Defensa al que tuvo acceso La Razón, Ponce de León no cita un tercer elemento contenido en el registro y que fue la fuente principal del informe de ayer de este diario: la fecha de cobro del dinero, que indica el 25 de noviembre de 2010, como se ve en la gráfica adjunta. O sea, se retira el dinero tres días después de haber pagado a la empresa por la fabricación, hecho que es indagado por la Fiscalía. Este diario buscó al abogado el miércoles, para hacerle esta consulta, pero no lo ubicó.
La factura de Import-Export Rojas, del 22 de noviembre del 2010, a nombre del Ministerio de Defensa, detalla el pago de Bs 402 mil para la fabricación de 300 espadines para el Colegio Militar, cada uno a Bs 1.340.
Esa observación, además del retraso en la entrega del lote, motivó a que el Ministerio Público impute a Rojas por cuatro delitos. La denuncia fue interpuesta por nueve asambleístas suplentes del MAS, en enero de este año; dos meses después de que la Fiscalía iniciara la investigación del jefe militar, quien era comandante del Colegio Militar cuando hizo fabricar los espadines.
“Ante este proceso penal instaurado en su contra, el jefe militar (Rojas) depositó 100 mil bolivianos en cuentas fiscales del Ministerio de Defensa, tal como certifica el recibo de Tesorería N° 0085196, para demostrar que no cometió irregularidad alguna y menos daño económico al Estado”, declaró el abogado Ponce de León.
El 2 de julio, el Ministerio de Defensa certificó que el general Rojas no tiene cuentas pendientes con el Estado, mediante el informe DGAA.UF.SC.DC N° 77/12, que acepta el descargo presentado por la fabricación de los espadines, lo que dejaría sin efecto el proceso de investigación, agregó.
El jurista aún no se retracta
Amenaza
Ponce de León acusó a un periodista de La Razón de tener “intereses personales” en la publicación de estos informes y anunció un juicio en tribunales de la prensa. El martes, el general Félix Rojas dijo que su abogado se retractaría, pero hasta ayer no lo hizo.
No hubo convocatoria para la compra
Informes de la Fiscalía dan cuenta que para el proceso de compra de 300 espadines para el Colegio Militar del Ejército no hubo una convocatoria pública para las fábricas interesadas. Sin embargo, las investigaciones detallan que el general Félix Rojas realizó una contratación por excepción, en el marco del Decreto Supremo 0181.
Esta norma señala, en su artículo 65, inciso I, que esa modalidad podrá proceder también para la “contratación de armamento, pertrechos, equipamiento antimotín, sistemas de comando, control y comunicaciones por el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad y defensa del Estado”. Según el procedimiento, el Ministro de Defensa debió contratar a la empresa, pero éste delegó la labor al general Rojas, mediante la Resolución Administrativa 0768.
En ese marco, Rojas, en su calidad de Comandante del Colegio Militar (2010), adjudica en noviembre de ese año a Impor-Export Rojas la fabricación de los espadines para los cadetes. Según el Ministerio Público, el proceso de contratación tiene dos fases: la primera, que inicia con la resolución que emite el ministerio del área, y la aprobación de los Bs 400 mil para la compra.
La segunda fase es de adjudicación, adquisición y pago por la fabricación. De acuerdo con la Fiscalía, es en esta etapa que se presenta la supuesta irregularidad y se imputa a Rojas por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.