En las cárceles del país hay presos que tienen más de una celda y se dedican a la compra-venta de los ambientes, tarea que es conocida por las autoridades penitenciarias. Los precios pueden llegar hasta los $us 10 mil.

La directora departamental de Régimen Penitenciario en La Paz, Rita Oporto, indica que para nadie es desconocido que exista una suerte de “propiedad privada” de las celdas, más en el interior del penal de San Pedro. “Inclusive tienen sus títulos de propiedad, que ellos mismos otorgan con aval de los delegados de secciones, ellos tienen su organización interna”, dijo en entrevista con La Razón.

En cuanto a montos, señaló que el precio de una calabozo depende de su ubicación en el recinto penal. En San Pedro, por ejemplo, hay lugares “residenciales”, como Los Pinos y Álamos, donde los costos son más elevados que en la sección Cancha y Palmar, donde una celda cuesta entre $us 300 a $us 500, explicó la autoridad.

Además, aseguró que “hay personas que tienen por lo menos dos calabozos, uno donde viven y otro que la alquilan, que hacen alguna mejora y luego la venden”.

Por su parte, el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, adujo que lo que se negocia no es el espacio físico, sino las mejoras que realizan los internos a los espacios que ocupan, como haber pintado las paredes. “Hay oferta y demanda (…) lo que conozco es que hay celdas que tienen costos inferiores a $us 100 o 200 en los ambientes”, indicó.

Entonces, cuando un preso recupera su libertad, buscaría recuperar lo invertido en esas mejoras a su celda y la transfiere a otro recluso que cubra ese gasto.

Para el presidente de delegados del penal de San Pedro, Límber Pórcel, hay una mala visión de la opinión pública sobre lo que ocurre en estos centros.

Según aseguró a este medio, las celdas se asignan por antigüedad. “A medida que uno sale en libertad, se da la posibilidad de que el espacio vacío le toque a otro interno”.

Entre tanto, se busca para los nuevos un lugar para que duerman, así sea en los pasillos, ya que en una semana pueden salir libres tres presos y a la vez ingresar de 35 a 40 nuevos, aproximadamente.

Porcel reconoció que hay cobros, pero que son mínimos y por lo general para un fondo “comunitario” que se usa para cambiar un foco o una ducha quemada, entre otros. “El aporte puede ser de Bs 20, no se obliga”, afirmó.

Jorge Sueiro, exdirector de Régimen Penitenciario (7-12-2010 al 8-2-2012), asegura que en centros abarrotados de internos no sólo se “vende” las mejoras a las celdas, sino el espacio físico. Llegó a establecer una especie de escala de precios de estos ambientes en cárceles de las capitales del país.

“Hay penales donde las celdas no tienen un valor cuantioso. Pero en Mocoví (Trinidad-Beni) una buena celda puede valer hasta $us 1.000 y en San Pedro (La Paz) $us 5.000 a $us 6.000”, dijo. En la cárcel de Palmasola (Santa Cruz), muchas celdas fueron construidas por los mismos internos y en algunos casos se pide hasta $us 8.000 por ellas. En Cantumarca (Potosí) estos ambientes no tienen un valor cuantioso, cobran hasta $us 500 por celda, igual que en Morros Blancos (Tarija), donde el privado de libertad llega y, a veces, debe construir su celda, en cuyo caso el valor puede subir.

En Cochabamba, San Sebastián varones es un recinto donde debido al hacinamiento (83%) también se puede hallar calabozos por precios superiores a los $us 1.000, monto que disminuye en San Roque (Sucre), San Pedro de Oruro y Villa Busch de Pando, donde los niveles de hacinamiento también dan lugar a transacciones, por debajo de $us 1.000.

“Celdas de construcción antigua a veces no tienen tanto valor como las que los internos construyen con sus propios recursos”, dijo, Según Sueiro, identificó en la sección Posta (San Pedro) espacios que cuestan $us 10 mil o más.

No se prevé una investigación

Ante la evidencia de que hay personas que tienen más de una celda en los penales, Régimen Penitenciario no prevé realizar una investigación al respecto.

Ramiro Llanos, autoridad nacional de esta repartición, dijo que esa “no es la política de la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP)”.

La máxima auto-  ridad penitenciaria mencionó las reglas internas que rigen en las cárceles. “Ellos (los privados de libertad) tienen sus propias normas, están regulados con sus consejos de delegados y es tarea de ellos (una investigación)”, dijo Llanos.

Quizá por ello, en febrero de este año, se dejó de lado una solicitud que hizo el Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección Jurídica, sobre una supuesta transacción que habría realizado Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria, en la cárcel de San Pedro.

“Tenemos información de que habría pagado $us 16 mil por una celda en el penal de San Pedro (sección Posta)”, señaló en ese entonces Fernando Rivera, asesor legal de esa cartera de Estado.

Por su ingreso a esa sección también se dijo que pagó $us 700, sin embargo, el abogado de Sanabria negó ese extremo y argumentó que su cliente “no tiene ese dinero”.

El ingreso a cualquier sección de San Pedro tiene un precio

A la forma de “sobrevivencia” que consiguieron algunos privados de libertad, que ganan los espacios de los que salen y cuando llega un nuevo interno sobrevalúan el valor de las celdas y las venden o alquilan, también se suma el “derecho a ingreso” que debe pagar, dependiendo de la sección a la que sea derivado.

“Para ir a la Posta se paga un ‘ingreso’ de $us 1.000 aproximadamente”, aseguró Jorge Sueiro, exdirector general del Régimen Penitenciario. Ese dinero, añadió, sería repartido entre las autoridades encargadas de la seguridad del penal y el consejo de delegados de los reclusos.

En febrero se llegó a denunciar que el hijo del general (r) René Sanabria, Víctor Sanabria, pagó $us 700 por ingresar a la Posta. “Lamentablemente ese tipo de acciones no deja recibos”, dijo Fernando Rivera, asesor legal del Ministerio de Gobierno, que pidió una investigación sobre este extremo.

En otras penitenciarías no se experimenta esta situación, pero “en la mayoría se puede decir que tienen sus privilegios y lugares especiales para los internos, donde ellos mismos cuantifican por sección lo que deben pagar”.

Como anécdota, recordó que en una cárcel de Cochabamba se dio un caso en que un interno nuevo pagó al Consejo de Delegados su ingreso y que le habían entregado un recibo.

Esta “tradición antigua”, según la autoridad, se ampara en que los delegados se encargan de la compra de materiales de limpieza y algunas mejoras a los recintos. “Aparte, se sobreentiende que (ese pago) beneficia a los consejos de delegados, no por algo es que pelean tanto para llegar ahí”.

Como contraparte, Límber Pórcel, presidente del Consejo de Delegados del penal de San Pedro de La Paz, dijo que los extremos citados están “fuera de la realidad” y ratificó que los montos que perciben de los nuevos presos  son para “realizar el mantenimiento de las duchas, la refacción de algunos lugares (…) las mejoras salen de un aporte comunitario” y no de alguna acción que podría considerarse hasta extorsión.

“Si se quema un foco, no vienen las autoridades y nos dan (dinero) para cambiar esa lámpara, tiene que salir de una caja chica, eso sale de un aporte comunitario, que es un aporte mínimo (…) puede ser Bs 20 o Bs 30, de acuerdo con la posibilidad de las personas”, afirmó el delegado.

Empero, la directora departamental de Régimen Penitenciario-La Paz, Rita Oporto, indicó que los reclusos nuevos son derivados a las diferentes secciones del penal de San Pedro por orden de llegada, pero se dieron casos en que aparecieron en áreas distintas a las asignadas. “Sí, existen los pagos, eso es en las secciones, dependiendo de cuál les toca, es como norma dentro de los delegados”, explicó.

De forma escueta, el coronel Edwin Sivila, gobernador de ese recinto, ratificó que se asigna la sección al interno por orden de llegada. En tanto, el director general de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, sugirió aprobar un Reglamento de Cárceles para solucionar este tipo de arbitrariedades.

‘El Estado debe tomar posesión’

Por Waldo Albarracín

El alquiler, anticrético o compra-venta de celdas forma parte de la idiosincrasia carcelaria, sin que eso quiera decir que es correcto. Subyace una especie de “derecho propietario” que se arrogan los internos más antiguos sobre celdas, cuando se supone que un recinto carcelario es propiedad del Estado y cualquier interno que llega a un penal tiene el derecho de que se lo aloje y tenga en algunas de esas celdas.

Éste es un problema que hasta ahora no lo ha resuelto ningún gobierno, como otras asignaturas de las que adolece el sistema penitenciario. Ninguna instancia gubernamental, en distintas coyunturas, no ha podido resolverlo.

Esta idiosincrasia ha hecho que no se llegue a registrar denuncias. Cuando un ciudadano llega a la cárcel, como que se somete al sistema, sin que lo acepte, porque si lo trata de combatir puede llegar a tener problemas.

Para evitar que esto siga sucediendo, habría que buscar una solución progresiva, porque si se aplica de la noche a la mañana, la resistencia de los internos será masiva. El Estado debe tomar posesión de la celda que queda desocupada, al salir un interno libre.