Gobierno promociona casos de justicia indígena con concurso para estudiantes
El objetivo del concurso es conocer la experiencia sobre justicia indígena recogiendo información de las comunidades en un texto de siete a 20 páginas para su posterior publicación.
El gobierno, a través de un concurso para estudiantes de universidades públicas, pretende la promoción de casos de justicia indígena, originaria y campesina, informó este martes la viceministra Isabel Ortega.
Explicó que el objetivo del concurso es conocer la experiencia sobre justicia indígena recogiendo información de las comunidades en un texto de siete a 20 páginas para su posterior publicación.
La viceministra de Justicia Indígena Campesina, Isabel Ortega, precisó que el ganador del concurso recibirá una computadora portátil, el segundo una publicación de su trabajo y el tercero tendrá un certificado.
Rosario Quintanilla, representante del CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) apuntó que en concurso de justicia indígena podrán participar los estudiantes de primero a quinto grado de las facultades de derecho, ciencias políticas, ciencias sociales, humanidades y ciencias de la educación del sistema universitario público de Bolivia.
El plazo para presentar trabajos al concurso de justicia indígena expirará el próximo 31 de agosto.
«Relatos de un caso de justicia indígena. La reconstrucción social de los casos y la situación de las mujeres respecto a temas de herencia y posesión de territorio deberán figurar en los trabajos para el concurso», precisaron los organizadores.
La viceministra Ortega, por otra parte, rechazó el uso del término «justicia comunitaria». Dijo que en la nueva constitución en vigor desde 2009 es reconocida como «justicia indígena, originaria y campesina».
Ortega hasta citó que la Ley de Deslinde, en su artículo 5 establece que no está permitido el uso de la «justicia comunitaria».
«Muchos casos deben ser resueltos por la vía de la justicia ordinaria», sostuvo Ortega, quien no quiso referirse a los hechos ocurridos en la comunidad de Mallku Khota, norte de Potosí, donde dos ingenieros fueron sometidos a un proceso de «justicia comunitaria», y se estableció como sanción hacer 1.000 adobes por presunto espionaje de una asamblea de ayllus potosinos.