Nacional

jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 01:00

Evo lleva telefonía móvil al TIPNIS

El presidente Evo Morales inauguró el jueves una radiobase de telefonía móvil en la comunidad de Oromomo, en Beni. Entregó además equipos de radio, paneles y lámparas solares, así como material escolar para los estudiantes y docentes de la zona.

/ 20 de julio de 2012 / 06:31

Para estas entregas, el Jefe de Estado aprovechó la clausura de los Primeros Juegos Deportivos Intercomunidades “Río Sécure Alto”. Morales, en su discurso ante los originarios que se dieron cita en el lugar, indicó que si deja buenas obras, en poco tiempo, al término de su mandato presidencial, podrá recordarlas.

“Cuando terminamos obras es el mejor momento, hay alegría en los beneficiarios y seguro vendremos a recordar en poco tiempo”, aseveró el Mandatario.

Por su lado el gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Roy Méndez, manifestó que expandir la telefonía móvil en el país no hubiera sido posible si el Gobierno no optaba por nacionalizar la compañía telefónica en 2008.

En la ocasión, el Presidente también insistió en que la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es una obligación tanto para el Estado como para los indígenas.

Obligación. Mientras el Estado debe garantizar la realización del proceso, los indígenas tienen la obligación de tomar alguna decisión, afirmó Evo. “Es decisión de ustedes (si) va o no va la intangibilidad, pero como Gobierno debemos garantizar la consulta”, dijo.

El Jefe de Estado señaló que su actitud no obedece a una “campaña”, sino a la defensa de la consulta en el TIPNIS, “porque es un derecho conquistado tras muchos años y varias gestiones”.

Convocó a los indígenas a reflexionar: “Si aplicamos la intangibilidad en el TIPNIS no se acepta desarrollo y ningún fomento al turismo, y no me echen la culpa a mí”, comentó a los originarios.

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En Potosí van al paro y gremiales a las marchas en el eje, la Policía confía en ‘garantizar normalidad’

El coronel Augusto Russo, comandante departamental de la Policía de La Paz, señaló que se garantizará la normalidad de las actividades

Una marcha de gremiales en La Paz.

/ 20 de octubre de 2021 / 23:36

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) convocó para este jueves y viernes a un paro con bloqueos en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, mientras que la dirigencia gremial de Francisco Figueroa dejó el paro y optó por marchas en el eje troncal. Desde la Policía se pidió que las marchas sean pacíficas.

No hubo hasta esta noche pronunciamientos de acatamiento de la protesta por parte del bloque de oposición política-cívica, como ocurrió con el primer paro de 24 horas, aunque el bloque de oposición y los cívicos, por separado, expresaron apoyo a la protesta gremial y sumaron demandas.

“Se determina acatar el paro de 48 horas los días 21 y 22 de octubre del presente año, siendo un paro movilizado con bloqueos en cada sector, determinado de cada institución y organización de Potosí”, señala parte del instructivo emitido por Comcipo.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anticipó que en Potosí habrá un paro total, al igual –sostuvo- que en las ciudades de Tarija y Sucre. “En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba habrán movilizaciones”, aseguró el máximo dirigente.

El paro nacional de 48 horas no está descartado, según Figueroa, quien acotó que la próxima semana se analizará la fecha en la que se llevará adelante esta medida de presión si el Gobierno no accede a abrogar la Ley 1386.

“La próxima semana vamos a fijar qué día vamos a parar de forma conjunta”, ratificó el dirigente sin dar explicaciones sobre las razones del cambio de estrategia.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció que algunos políticos con intereses ocultos están generando miedo en varios sectores de la población.

“Por día en el tema de transporte vamos a perder más de Bs 7 millones (…) muchos no van acatar la medida y vamos a pedir seguridad para sus unidades móviles y también me estoy reuniendo con los dirigentes del transporte para analizar cuáles serán los miedos que tienen a la Ley 1386, pero mi pedido es que tengamos que seguir trabajando”, sostuvo.

Edgar Alvarez, secretario ejecutivo de los gremiales en Santa Cruz, afirmó a la red Uno que a las movilizaciones de jueves y viernes se sumará el transporte pesado y lamentó que el Gobierno solo se haya reunido con gente afín para tratar desbaratar las movilizaciones.

“Nosotros seguimos en emergencia, seguimos en pie de lucha y vamos a seguir movilizados. Esta ley tiene que ser abrogada”, afirmó.

En La Paz, el coronel Augusto Russo, comandante departamental de la Policía de La Paz, señaló que se garantizará la normalidad de las actividades y que ante el anuncio de movilizaciones se habilitará rutas alternas para que el tráfico no se vea perjudicado.

“Los que se van a movilizar que respeten el derecho del resto y las personas que no se movilizan y que tienen que trabajar que tomen las previsiones necesarias”, recomendó ante la movilización gremial en declaraciones a Unitel.

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Del Castillo confirma trámite de extradición del exministro López por caso intento de magnicidio

El exministro de Defensa Fernando López se encuentra en Brasil. Salió de Bolivia poco antes de que el presidente Luis Arce asuma el poder

El exministro Luis Fernando López. Foto de archivo: La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 22:30

El exministro de Defensa Fernando López se encuentra en Brasil y se pedirá su extradición, luego de ampliarse la denuncia de un intento de magnicidio del presidente Luis Arce, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

López fue identificado como la persona que concretó “contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas con experiencia en combate como en Irak, Afganistán y otros”, para el intento de magnicidio.

“Con este caso más, vamos a pedir la extradición del señor López Julio desde Brasil para que pueda rendir cuentas”, aseguró Del Castillo sobre el exministro que salió de Bolivia antes que Luis Arce asumiera el poder.

En julio la revista electrónica The Intercept apuntó a López, ministro de Defensa en el gobierno de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que mercenarios de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

López se encuentra prófugo de la justicia. Fue incluido en el caso golpe de Estado y los juicios por las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, además en el proceso abierto por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos.

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Ordenan aprehensión de los excomandantes Kaliman y Calderón por caso Golpe de Estado

La Justicia también instruyó la anotación preventiva de los bienes de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón

/ 20 de octubre de 2021 / 20:26

Los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron declarados rebeldes y tienen órdenes de aprehensión en su contra por no haberse presentado a la audiencia de medidas cautelares por el caso denominado Golpe de Estado.

Además, se dispuso la anotación preventiva de sus bienes. No se conoce el paradero de ambos uniformados, quienes desaparecieron cuando se activaron las denuncias en su contra por acciones como el pedido de renuncia del expresidente Evo Morales.

Ambos están acusados por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, según informó la red Gigavisión. En este mismo caso están procesados y encarcelados la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros.

Kaliman estaba con detención domiciliaria desde septiembre de 2020 por este proceso, sin embargo, huyó y la Policía activó sin resultados su búsqueda.

Calderón también se encuentra prófugo.

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Recuerdan que en 2019 hubo grupos paraestatales como con Banzer o García Meza

La activista de derechos humanos Kathryn Ledebur afirmó en Piedra, papel y Tinta de La Razón que Donald Trump coadyuvó con el "golpe de Estado" de 2019.

El conversatorio en Piedra, Papel y Tinta de este miércoles.

/ 20 de octubre de 2021 / 19:29

A raíz de la preocupación expresada por Estados Unidos acerca de la presencia de “grupos paraestatales” en Bolivia, activistas recordaron que en 2019 actuaron esas facciones irregulares como en las dictaduras de Luis García Meza y Hugo Banzer.

La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Ruth Llanos, recordó que como ocurrió en 2019 con la irrupción de la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) en las dictaduras hubo grupos paraestatales incluso que también usaron motos para el acoso.

“Los primeros motoqueros fueron Los Marqueses”, quienes tomaron la universidad, en el gobierno dictatorial de Banzer, dijo este miércoles en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

“En el periodo de Banzer, en Santa Cruz, actuó la Triple A boliviana; y Los Novios de la Muerte en el periodo de García Meza”, explicó.

En el mismo espacio, desde Washington (Estados Unidos), la directora de la Red Andina de Información, Kathryn Ledebur, consideró que la RJC y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) “son muy parecidos con lo que ha pasado en las dictaduras anteriores”.

La activista de los derechos humanos apareció en los últimos días en medio de una preocupación que expresó la encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, sobre la seguridad de la ciudadana estadounidense.

Así, pidió el Gobierno de Bolivia, a través de una carta dirigida al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desmantelar esos “grupos de seguridad paraestatales violentos”.

Ledebur se refirió a la RJC y la UJC. “Lo que me ha pasado, tal vez como extranjera, es mucho menor de lo que han sufrido muchísimos bolivianos y bolivianas, especialmente en el caso de la RJC: mujeres de pollera, personas de Cochabamba, y en el caso de la UCJ y Cascos Blancos (La Paz), también”.

Estados Unidos

Su queja llegó a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia debido a las amenazas constantes, de hasta 12 veces a la semana a través de redes sociales, y que persisten en su contra. Sufro “hostigamiento por redes sociales desde antes del golpe de Estado, hostigamiento que señala mi casa, que muestran la foto de mi hija, que me dicen terrorista, que debo ser procesada y expulsada, que me iban a buscar”, dijo a La Razón.

Un caso similar fue reportado por el abogado estadounidense Thomas Becker, quien patrocinó a los familiares de las víctimas de la Masacre de Octubre de 2003. Éste también dijo que su caso es menor en relación a lo que sufren las víctimas de la RJC y la UJC.

También puede leer: El Gobierno anuncia el plan de desmantelamiento de grupos irregulares como RJC y UJC

Desarticulación

“Es importante que se desarticulen estos grupos, que su actividad es ilegal y que el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) lo ha comprobado; existe bastante documentación y miles de hojas de testimonios en el expediente”, insistió Ledebur.

“La obligación de desarticular estos grupos no es porque Estados Unidos lo dice, sino que para haya justicia y reconciliación estos grupos ilegales no pueden seguir funcionando”, insistió.

La activista aplaudió la preocupación expresada por su embajada. “Casi nunca aplaudo acciones de mi embajada, pero en este caso ha sido una decisión correcta, ética y moral”, dijo.

Ledebur consideró que en el “golpe de Estado” de 2019 estados Unidos tuvo un papel importante. “Recibí respuesta de la embajada (en sentido de) que están preocupados por mí, pero en la época de Donald Trump no recibíamos desde Washington ni una señal de preocupación, ninguna expresión de rechazo a un golpe violento; la administración Trump coadyuvó en el golpe de Estado en Bolivia y que hay indicios fuertes de eso”, reveló.

En la crisis poselectoral de 2019 fue visible la presencia de la RJC, cuyo centro de operaciones fue la plazuela de Cala Cala en Cochabamba. Su modus operandi fue perseguir a quienes entonces defendían al gobierno de Evo Morales. Una de sus víctimas fue la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, quien fue vejada, sacada con violencia de su oficina, echada con pintura, rociada con combustible y cortada del cabello.

Su caso fue conocido por el GIEI, que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. El organismo de expertos pidió a las autoridades judiciales investigar el caso, además de exhortar al Estado boliviano a desmantelar estos grupos “parapoliciales”.

La RJC actuó con la aquiescencia de ciertas autoridades de la Policía Boliviana.

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Aprehenden a la jueza que extinguió la causa contra las hermanas de Doria Medina

La juez Melina Lima archivó los obrados contra las hermanas del empresario y político Samuel Doria Medina, quienes estaban vinculas a la empresa offshore Akapana SA

Por Carlos Corz

/ 20 de octubre de 2021 / 18:20

Aprehenden a la jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, Melina Lima, por haber cerrado el caso de las hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Acusan a la jueza por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

Según una investigación legislativa, Doria Medina vendió en 2005 a sus hermanas Silvia y Susana acciones en la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), quienes a su vez la venden, en el mismo día de la transacción, a la cementera mexicana Chihuahua, a través de la empresa offshore Akapana SA.

El 9 de septiembre fue detenida María Lourdes Doria Medina y puesta en libertad después de que prestó sus declaraciones en la Fiscalía dentro de un proceso abierto por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Se la detuvo en el aeropuerto de Viru Viru y se la trasladó a La Paz.

El fiscal Departamental de La Paz, Williams Alave, informó de la detención de la jueza y explicó que su resolución de extinción de la causa penal contra las hermanas de Doria Medina no está fundamentada de acuerdo a la normativa vigente.

“Es una resolución que ha sido emitida el 2020, en el caso Akapana, donde emitió una resolución contraria a la Constitución por prescripción, esa autoridad a extinguido una acción penal con una argumento que no establece la Constitución”, afirmó, según radio Éxito.

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