Una veintena de militares y una docena de policías custodian las instalaciones de la empresa Jindal, en Puerto Suárez, luego del allanamiento ordenado desde La Paz en el marco de un juicio instaurado a la firma por los delitos de incumplimiento de contratos y contratos lesivos al Estado.
El fiscal de frontera Sergio Tarquino y el comandante de la Policía de la zona, coronel Gonzalo Medina, participaron del operativo cumplido cuatro días después de que la empresa oficializará su decisión de abandonar el país, al final de una reunión sostenida con representantes del Gobierno en la que no llegaron a acuerdos.
La contadora de la empresa en Puerto Suárez, Nancy Santivañez, fue detenida poco después del operativo. El encargado de prensa de la firma, Sandro Rojas, informó que en las oficinas centrales quedarán sin trabajo 100 personas a raíz de la ruptura del contrato.
El fiscal y otras autoridades viajan en este momento hasta la planta en la que operaba Jindal, a una hora de distancia desde las oficinas centrales, relató el periodista de La Razón en la zona.
El dirigente cívico José Luis Santander anunció una reunión con los representantes de las organizaciones vivas de la zona fronteriza para exigir la reactivación del proyecto.
Las condiciones puestas por las partes en conflicto derivo en la decisión de la empresa de abandonar el país. La empresa condicionó su permanencia a la garantía de que no se nacionalizará sus inversiones y a la suspensión de procesos legales contra sus ejecutivos. El Gobierno rechazó la posición y, por el contrario la demandó a que deposite en una cuenta bancaria los 2.100 millones de dólares que requiere el proyecto, como garantía de solvencia.
Los ejecutivos de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y de Jindal Steel & Power (JSP) firmaron un contrato de riesgo compartido el 18 de julio de 2007 para explotar el 50% del yacimiento de hierro del Mutún. La firma internacional anunció el 17 de julio que demandará a Bolivia por daños y perjuicios debido a la ruptura del acuerdo.
La administración del presidente, Evo Morales, a través del ministro de Minería, Mario Virreira, respondió que también demandará a la empresa para exigir una compensación por los daños ocasionados al país. “No han invertido lo que debían invertir (600 millones de dólares)”, cuestionó el 18 de julio.