— ¿Rápido, lento? ¿Cómo realmente hay que medir el avance del proceso autonómico?
— En primer lugar ver el avance en el diseño institucional del modelo. Nos parece que desde el nivel nacional lo básico del modelo autonómico está definido en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías. Ahora estamos en una etapa en que los avances les corresponde a las entidades territoriales autónomas, a los gobiernos autónomos; ya está más en su cancha terminar de definir el modelo institucional, a través de los estatutos, las cartas orgánicas…
— También tendrá que ver la gestión pública misma.
— Es necesario revisar nuestros criterios de evaluación de la gestión pública, que no se limite sólo a temas de ejecución presupuestaria, por ejemplo. Porque yo puedo haberme gastado el 100 por ciento de mi presupuesto, pero si eso no genera ninguna diferencia en las condiciones de vida de la población, entonces no sirve para nada.
– La Ley Marco ha brillado más por esos dos artículos de suspensión de autoridades. ¿Un uso político de la norma?
– Ahí hay una visión sesgada del proceso. La elaboración de estatutos y cartas orgánicas; los espacios de coordinación, como los Consejos Sectoriales o las competencias concurrentes; los convenios intergubernativos; todo eso es gracias a la Ley Marco de Autonomías. Lo que pasa es que los medios de comunicación nos llevan a resaltar más lo que tiene que ver con conflictos, que lo que tiene que ver con acuerdos o con procesos constructivos. Por otro lado, vemos que es necesario desarrollar toda una cultura autonómica, no sólo en el nivel nacional, que es el más criticado, sino en los niveles autonómicos; vemos que muchos gobiernos autónomos no están haciendo uso de su autonomía; todo, según su discurso, es culpa del Gobierno nacional. También tenemos una sociedad civil que aún no está acostumbrada a pedir cuentas a su autoridad local y a revisar su trabajo.
— ¿En general, cómo están las entidades autonómicas?
— De once futuras autonomías indígenas, cinco ya han presentado su estatuto al Tribunal Constitucional. 180 municipios, más de la mitad (total, 337) están elaborando sus cartas orgánicas; de esos, 12 ya la han presentado al Tribunal Constitucional. En cuanto a estatutos departamentales, a Pando le falta algún pequeño tema para aprobar en grande y en detalle su estatuto; Cochabamba y Chuquisaca están sistematizando; Oruro y Potosí están un poco más retrasados, pero ya tienen un calendario, un procedimiento a seguir; La Paz ya lo tiene aprobado en grande, está socializándolo para proceder a la aprobación en detalle. Santa Cruz es el más retrasado porque no se ha tratado jamás el tema de la adecuación de su estatuto (a la Constitución).
— ¿Cómo calificaría, de malo a bueno, según niveles?
— No es una competencia y no hay un plazo fijo inmediato para cumplir (por ejemplo) con el tema de los estatutos y las cartas orgánicas. Aunque sí debemos tomar en cuenta que para las elecciones de 2015, los estatutos deben definir cosas importantes, como la cantidad de asambleístas departamentales. Los estatutos son imprescindibles para abordar la coyuntura eleccionaria del 2015.
— Tienen ese límite
— Tienen esa urgencia, digamos.
— En su carta orgánica, ¿avanzaron más los municipios grandes, medianos o pequeños?
– Más los pequeños. Y es que son procesos políticos menos complejos. Las grandes ciudades son mucho más complejas, hay mucha más diversidad, intereses contradictorios, temas estructurales: transporte, basura, empleo. Son más difíciles de abordar las cartas de las áreas metropolitanas.
— La ley departamental de Santa Cruz y la carta orgánica de La Paz (proyecto) plantean que una autoridad puede ser suspendida sólo con sentencia.
— Ése es un tema que lo debe dirimir el Tribunal Constitucional, y mientras no lo haga la ley debe ser acatada. No hay ninguna ley departamental o municipal que defina al respecto de manera diferente a lo que ya ha definido la Ley Marco de Autonomías.
— También hay muchas quejas sobre lo que se puede llamar el “centralismo fiscal”.
— Hay muchos mitos sobre el trabajo del Ministerio de Economía, es necesario desvirtuar toda esa mitología. El trabajo del ministerio está enfocado sobre todo al buen uso de los recursos públicos, y a que esos recursos sean utilizados rindiendo informes. Esa es la racionalidad del Ministerio de Economía. Por otro lado, vemos que a pesar de que la autonomía municipal nace en 1994, lamentablemente no se ha generado en todos esos años una capacidad real y constante al interior de los gobiernos municipales para gestionar los recursos públicos.
— El otro día, un funcionario del municipio de Sucre, la capital, se quejaba de que no pudo enviar informes nomás por problemas de internet, de lo pesado del SIGMA…
— Yo pienso que hay (esos) problemas menudos, pero pienso también que desde el Gobierno nacional se está demostrando una voluntad concreta de trabajo conjunto. Proyectos como Miagua o Evo Cumple para muchos municipios son el mismo importe que sus presupuestos anuales o la mitad de su presupuesto les llega con un Evo Cumple o Miagua; eso es un apoyo real y concreto a los gobiernos municipales.
— El Presidente dijo que los recursos no ejecutados por las alcaldías podrían pasar al Evo Cumple. ¿Es una idea, un proyecto, una decisión?
— Hay una preocupación del Presidente, que deberíamos compartir todos los bolivianos: tener más de dos mil millones de bolivianos en caja y bancos de los gobiernos autónomos; cómo nos vamos a dar el lujo de tener plata guardada en los bancos cuando hay tantas necesidades de la población; es escandaloso. Esa es la reflexión de Evo; se está buscando los caminos para agilizar la ejecución presupuestaria sobre todo de los municipios, que son los más rezagados.
— Las alcaldías también se retrasan, dicen, porque tienen que mandar hasta La Paz su modificación de presupuesto.
— Eso no es ninguna novedad, en la anterior Constitución estaba de la misma forma, sólo que no lo cumplían ni los legisladores; ahora solamente se está cumpliendo lo que dispone la Constitución.
— ¿No peligrará la economía municipal incorporando a sus trabajadores a la Ley General del Trabajo?
— Únicamente se trata de obreros; esto no alcanza a los directores, jefes de unidad, profesionales; esto es más para el personal operativo de las nueve capitales y El Alto. Hechos los cálculos, pensamos que este gasto es posible de ser absorbido dentro del actual 25% previsto para gasto corriente. Además, es de aquí para adelante: para trabajadores que estén contratados, pero no desde que fueron contratados, sino de hoy para adelante.
— ¿Cómo ve a Santa Cruz? Medio en broma medio en serio, allí se dice que no es que el estatuto departamental deba adecuarse a la Constitución, sino que la Constitución tiene que adecuarse al estatuto.
— Ahí lo que veo es una decepción del pueblo cruceño respecto del impulso autonómico. No se ha avanzado en la adecuación del estatuto, que es la muestra —yo diría— más seria de compromiso con la autonomía por parte del gobierno departamental; y ahí la gente se siente un poco confundida: ‘¡Qué pasa! ¿Acaso no queremos autonomía? Entonces, ¿por qué no se adecua el estatuto?’.