“Debemos procesar a los policías que se amotinaron porque atentaron contra la seguridad del Estado”, anunció hoy en Sucre el fiscal General, Mario Uribe, en referencia al movimiento de uniformados de junio en demanda de mayor incremento salarial y la anulación de la ley de Régimen Disciplinario.
La Fiscalía inició una investigación en La Paz y Sucre para identificar a los líderes de este movimiento que logró mejoras salariales y el congelamiento de la aplicación de la ley de Régimen Disciplinario, por violar sus derechos. En La Paz, un grupo de uniformados se amotinó y concentró en las instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales (UTOP), ubicada a metros del centro del poder político, la plaza Murillo.
Uno de los diez puntos del acuerdo establece que, “ni el Gobierno ni el Comando General de la Policía presentarán ninguna acción legal y/o administrativa en contra de ellos”. El motín policial se extendió por seis días y a varios distritos del país.
“La denuncia se ha iniciado antes del acuerdo entre la Policía y el Gobierno (27 de junio), y hay dos denunciados directamente, (la representante de las esposas de uniformados) Guadalupe Cárdenas y (el exmayor de Policía) David Vargas”, informó el 20 de julio a La Razón el fiscal asignado al caso, José Ponce.
La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, justificó la apertura del caso con un instructivo emanado de la Fiscalía General. En tanto, el exmayor Vargas declaró a periodistas que se trata de “una investigación política” porque sólo fue a apoyar a sus camaradas.