“Hemos presentado una acción popular para paralizar esta consulta amañada, tomando la misma sentencia constitucional, que indica que la Ley 222 (de Consulta) está condicionada a la concertación y al consenso, y al respeto de las estructuras orgánicas”, lo cual no se ha cumplido, señaló Quispe a la red Uno.

La acción popular es un recurso incluido en el nuevo Código Procesal Constitucional (artículos 68 al 71), que tiene por objetivo “garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad (…) medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución”, cuando éstos sean violados o amenazados por las autoridades o por personas naturales.

En caso de obtener una respuesta positiva de parte del peticionario (Quispe en este caso), la autoridad judicial ordenará la anulación de todo acto que considere que viola esos derechos o intereses colectivos. De hecho, según el memorial presentado por Quispe, la “medida cautelar” solicitada es la “suspensión del proceso de consulta” en el TIPNIS. La demanda legal está dirigida contra los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe Quenta.

El recurso fue presentado ante el Tribunal de Justicia Departamental de La Paz. Según Quispe, lo más probable es que el caso sea sorteado el lunes 30; de ahí, se tiene 48 horas para resolverlo. Con todo, al parecer, el objetivo es que el recurso llegue al Tribunal Constitucional. “De oficio va a ir al Tribunal Constitucional, y en esa instancia el TC debe hacer cumplir su propia sentencia, por eso que estamos haciendo los esfuerzos para agotar la vía administrativa nacional”, remarcó Quispe.

Protocolo. También ayer el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, presentó el “protocolo oficial” de la consulta a los tres pueblos originarios en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). El documento ratifica que el proceso consultivo se desarrollará en 69 comunidades.  El ministro Sánchez confirmó que la consulta empieza mañana con un acto de inauguración en la comunidad beniana de Oromomo.

Con respecto al amparo constitucional contra la consulta presentado por Fernando Vargas en Sucre (y que fue derivado a La Paz), el diputado Héctor Arce Zaconeta (MAS) dijo que el mismo va contra los derechos colectivos de los indígenas, ya que estaría obstaculizando el proceso consultivo reconocido por la Constitución y los tratados internacionales.

Arce, además, culpó al líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, de estar detrás de la elaboración del amparo constitucional.  En respuesta, dirigentes indígenas rechazaron el hecho de que el partido opositor haya elaborado el recurso. El vocero de la IX marcha, Rafael Quispe, dijo que “en nuestra movilización no existen vínculos políticos, sólo hay armonía para defender los derechos de los pueblos indígenas”.

Los acusan de quiebre

Pacto

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, acusó a los dirigentes indígenas de las tierras bajas de “quebrar” el Pacto de Unidad. Además los tildó de “contrarrevolucionarios” por no apoyar la gestión de Evo Morales. 

Sector de Hurtado toma oficinas de la Cidob

El sector de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) presidido por Melva Hurtado, ocupó ayer las oficinas de esta institución ubicadas en Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz. La primera disposición de Hurtado en el lugar fue convocar para hoy a una Comisión Nacional en la que se definirá una posición con respecto a la consulta que se llevará adelante en el TIPNIS desde mañana.

Los indígenas dirigidos por  Hurtado sumaban un centenar e ingresaron a las instalaciones de la Cidob tras un forcejeo.  El destituido presidente de la organización, Adolfo Chávez, no se encontraba en el lugar, ya que viajó al TIPNIS para organizar acciones contra la consulta.

Entre los seguidores de Hurtado y la veintena de personas que ese momento resguardaba la Cidob, hubo agresiones y ambos bandos se lanzaron piedras, palos y ladrillos. Justa Cabrera, exdirigente que encabezaba la vigilia, lamentó que la “dirigencia paralela” haya usado la fuerza para retomar las instalaciones de la Cidob. Al final, su grupo se retiró. Melva Hurtado, elegida el 11 de julio, se posesionó en uno de los salones del inmueble y convocó a la Comisión Nacional que se realizará hoy.

Tribunal paceño emitirá fallo el lunes

Pese a que la Ley del Tribunal Constitucional obliga a emitir fallos de amparos extraordinarios dentro las 24 horas, el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, Iván Campero, afirmó ayer que su jurisdicción se pronunciará el lunes respecto al recurso que presentaron indígenas del TIPNIS. 

Al mediodía de ayer, el Tribunal de Justicia de La Paz recibió el recurso. A las 14.25, la jurisdicción paceña sorteó el Tribunal Disciplinario que seguirá el amparo. 20 vocales fueron designados.  “Por Ley del Tribunal Constitucional tenemos 24 horas para revisar el proceso, sin embargo, como sábado y domingo no se trabaja, el lunes el Tribunal (Disciplinario) debe emitir algún criterio”, afirmó Campero.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce consideró que el recurso presentado por los indígenas no logrará fallo a favor debido a que el amparo va contra los derechos colectivos, en este caso el proceso en el TIPNIS.

El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca decidió el jueves que el amparo presentado por el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, sea remitido a La Paz. La razón de esta declinación es que las autoridades acusadas tienen sus domicilios legales en la sede de gobierno.  La mañana de ayer, Campero había anunciado que el Tribunal habilitará “horas extras” para resolver el fallo del recurso.

Vargas, al presentar el recurso en Sucre el miércoles, advirtió que la posición del Ejecutivo hace que no se esté cumpliendo la sentencia constitucional emitida el 18 de junio, en la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional  (TCP) condicionó la constitucionalidad de la Ley 222, que dispone la consulta, a un proceso previo de concertación entre las partes involucradas.