Una vez concluido el proceso de la consulta, en septiembre, si la mayoría de las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure deciden apoyar la carretera, el Gobierno nacional ejecutará planes de desarrollo. De lo contrario, éstos quedarán limitados.
Oromomo es hogar de unas 70 familias indígenas. Ayer, bajo un clima templado, los comunarios del lugar presenciaron un evento histórico. Asombrados por la presencia de autoridades del Gobierno y de periodistas, los lugareños realizaron un evento festivo por la inauguración de la consulta. Vestidos con trajes típicos y con discursos en idioma yuracaré, se mostraron alegres porque podrán participar de la decisión sobre el futuro del proyecto carretero que ha representado uno de los mayores conflictos nacionales de la gestión del presidente Evo Morales.
Acuerdo. Están conscientes de que la vía traerá desarrollo al TIPNIS. En apoyo a ese discurso, el corregidor de Oromomo, Jhonny Ervi, explicó que llegaron a un acuerdo con el Gobierno que establece que se ejecutarán proyectos productivos, de educación y salud si se construye la carretera por la reserva. “La carretera trae desarrollo y sólo si se construye podremos acceder a servicios básicos”, dijo, mientras caminaba hacia su casa de techo de palma.
En la inauguración de la consulta, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe, anunció que la concertación con las comunidades indígenas para construir la vía permitirá la participación del Estado en la reserva. “Dejarán el retraso y la postergación”, adelantó la autoridad.
Quispe afirmó que los tres pueblos indígenas del TIPNIS (mojeño-trinitario, yuracaré y chimán) decidirán sobre la ejecución de proyectos de desarrollo mediante la construcción de la carretera. “El Estado tiene la obligación de atender sus demandas en base a los acuerdos que llegarán a través de la consulta”, declaró.
Tras navegar por el río Alto Securé por tres horas, el corregidor de la comunidad de Santa Anita, José Canchi, reveló que en la visita que hicieron a autoridades del Gobierno en La Paz se acordó implementar programas de desarrollo si apoyan la construcción de la vía. “Llegamos a ese acuerdo. Queremos desarrollo, queremos salud y educación”, sostuvo.
Como marco de prevención en torno a los acuerdos, la Ley 222 de Consulta Previa prohíbe el asentamiento humano de personas ajenas al parque a fin de evitar el cultivo de la hoja de coca. Además, establece que los pueblos indígenas decidirán qué proyectos de desarrollo necesitan sus zonas.
El corregidor de Santo Domingo, Mario Rocha Noza, destacó que la construcción de la vía permitirá ejecutar obras educativas y de salud en las comunidades. “Sabemos que si se construye la ruta se logrará desarrollo”, explicó.
Vestido de mojeño, el presidente de la Subcentral Sécure, Carlos Fabricano, reconoció la carencia de servicios básicos que afrontan las 69 comunidades del territorio. “No hay ni agua potable. Sólo se toma agua sucia del río”, indicó.
La Razón preguntó entre los comunarios de Oromomo, y la decena de encuestados dio su apoyo a la carretera. Piden servicios básicos, atención en salud y educación por parte del Gobierno.
En el acto inaugural estaban, además de Quispe, el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reina, y el delegado de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), Pedro Sazón, que designaron veedores extranjeros para acompañar el proceso.
La comunidad continúa hoy con reuniones para dar su parecer sobre los temas consultados.
Tribunal paceño puede decidir hoy
Carlos Orías
El Tribunal de Justicia Departamental de La Paz puede pronunciarse hoy sobre los dos recursos que le fueron presentados a finales de la semana pasada por dirigentes indígenas, y que solicitan la paralización del proceso consultivo en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Ambos recursos, correspondientes a un amparo constitucional y a un recurso de acción popular, reclaman la detención de la consulta a fin de que se cumpla el fallo del Tribunal Constitucional, que en junio estableció que Gobierno e indígenas concerten el contenido y la forma de la consulta.
El amparo fue presentado primero en Sucre por el dirigente Fernando Vargas, pero derivado a La Paz por la Corte departamental chuquisaqueña. La acción popular fue presentada aquí por Rafael Quispe.
Aunque la Corte paceña tenía 48 horas para emitir resolución en caso de admitir el primer recurso, su presidente, Iván Campero, dijo el viernes que el fallo se conocería hoy.