La Sala Civil 1ª cuestionó la legitimidad del dirigente Fernando Vargas como impulsor de la acción de amparo constitucional en representación de los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y planteó que la mejor vía para demandar la aplicación de la Sentencia 300 del Tribunal Constitucional es la acción de libertad y no así el amparo constitucional, explicó el asesor de los indígenas del parque, el ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, en horas de la noche.
Tras el fallo, los vocales de la Sala Civil 1ª, Aida Luz Maldonado y Jorge Quino, evitaron declarar ante la prensa. “Vemos claramente que hay un mal manejo de la Justicia y de la administración en nuestro país que lamentamos mucho, porque se supone que es un tribunal de garantías en el que se debe garantizar el principio de la constitucionalidad de la transparencia y del derecho”, declaró Fernando Vargas tras conocer la sentencia.
Albarracín y Vargas confirmaron que impugnarán el fallo el martes, al ser el lunes feriado nacional por las fiestas patrias. “Es un fallo deleznable, una cuestión política. Vamos a impugnar el martes. Se irá hasta el Tribunal Constitucional y los vocales verán si el fallo es justo o no”, manifestó por su lado Albarracín, quien dijo que la acción de libertad se plantea en caso de detenciones o persecuciones indebidas. “Este no es el caso”,
Vargas insistió en que la determinación de la Sala Civil refleja la falta de imparcialidad. Según el dirigente, la decisión de la Justicia va en la misma línea del Gobierno, la de “vulnerar los derechos de los indígenas”.
El 25 de julio, Vargas presentó el recurso ante el Tribunal de Justicia Departamental (TDJ) de Chuquisaca. En esa ocasión señaló: “Esperamos que la Justicia actúe en el marco de la legalidad y la Constitución y se paralice la consulta”.
El recurso legal fue presentado en contra de los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sánchez; de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe; de Economía, Luis Arce; de Comunicación, Amanda Dávila; de las presidentas del Senado, Gabriela Montaño, y de Diputados, Rebeca Delgado; además del presidente del TSE, Wilfredo Ovando, y de los vocales Willma Velasco, Irineo Zuna, Ramiro Paredes, Fanny Rosario Rivas, Marco Ayala y Agustina Chuquimia.
Argumentos. “Con los argumentos planteados en la acción (de amparo constitucional) el Tribunal Constitucional no se puede desdecir de su propia sentencia”, declaró Vargas. El miércoles, la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, anticipó que el fallo de la Sala Civil 1ª iba a ser por el rechazo, por estar mal planteado el recurso.
El amparo demanda hacer cumplir la sentencia 300 del Tribunal Constitucional, que dispone que Gobierno e indígenas lleguen a una concertación del contenido y los procedimientos de la consulta.
El Ejecutivo informó que las comunidades de Buen Pastor y Secejsamma decidieron rechazar la intangibilidad y aprobar la construcción de la vía. Ambas se suman a otras ocho comunidades del TIPNIS ya consultadas: Oromomo, San Juan de la Curva, Limón del Isiboro, Mercedes de Lojojota, San Andita, La Asunta, San Miguelito y Santa Anita; las dos últimas rechazaron la carretera por medio del parque.
En cuanto a la resistencia a la consulta, el coordinador de comunicación de los indígenas en Gundonovia, Reynaldo Flores, indicó ayer que son 15 las comunidades que instalaron puntos de resistencia al proceso impulsado por el Gobierno. Aclaró que los alambrados que se tendieron en los ríos no perjudican el flujo de los indígenas, pero que no permiten el ingreso de las brigadas del Ejecutivo.
Acción de libertad
CPE (ART. 125)
Ese artículo menciona que “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad.
Presentan un tercer recurso en contra de la consulta
Los indígenas insisten en frenar la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por medio de la vía judicial. Ayer, a través de Rafael Quispe. presentaron en Sucre un tercer recurso contra la consulta, esta vez directamente ante el Tribunal Constitucional (TC); se pide, dice Quispe, que se ordene cumplir el fallo 300/2012, que dispone que Estado e indígenas acuerden el contenido y procedimientos de la consulta antes de iniciarla.
En caso de que el TC rechace el recurso, Quispe pidió que éste pase a manos de la Fiscalía para procesar penalmente a los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y de Medio Ambiente, Felipe Quispe, por desacato e incumplimiento de deberes.
“Que ponga un alto a la consulta y el Tribunal se pronuncie”, dijo. Por su parte, el abogado Eduardo León, que representa a Quispe, dijo a La Razón que el único camino que tiene el Tribunal es hacer cumplir su fallo y conminar al Gobierno a respetar su contenido en un tiempo no mayor a las 48 horas, caso contrario, automáticamente los magistrados incurrirán en delitos penales.
Esta es la tercera demanda contra la consulta; la primera fue un amparo constitucional, y la segunda una acción popular.
‘Segunda vuelta’ requiere de otra ley
Con respecto a la posibilidad de una “segunda consulta” en el TIPNIS, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes, dijo que esta figura no se encuentra en la actual normativa y que si se desea implementarla, se lo debería hacer mediante una nueva ley.
“El término segunda vuelta no está establecido ni en el Protocolo ni en la Ley 222, se tendría que elaborar una nueva ley. El Legislativo deberá tomar la decisión si se considera la Ley de Régimen Electoral o se aplica otro marco normativo”, sostuvo.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aclaró ayer en Cochabamba que la idea de una “segunda vuelta” sobre todo se refiere a la insistencia que deben tener las brigadas para lograr acuerdos. No se pretende obligar a los indígenas a apoyar la construcción de la carretera al Beni, sostuvo. Insistió en que se trata, “en sentido figurado, de que si a uno le cierran las puertas en una comunidad, debe el brigadista insistir hasta acordar”.
Romero explicó que “el Protocolo de consulta contiene una cláusula que habla de ‘concertación permanente’. Nos ponemos en el hipotético caso de la resistencia a instalar la asamblea, a recibir a la delegación; en ese caso, yo he aconsejado que hay que insistir una y otra vez hasta lograr el consenso de la gente, su participación, hasta lograr conversar, porque la finalidad de la consulta es construir un acuerdo que es obligatorio para ambas partes”.
Las críticas a la “segunda vuelta”, para algunos una forma de presión para imponer el proyecto carretero, fueron minimizadas por Romero. La oposición no conoce la problemática indígena, y no es posible que intempestivamente lo haga, dijo.