Asambleístas que presentaron la denuncia contra el general Félix Rojas Inturias, jefe de Estado Mayor del Ejército, por las irregularidades en el proceso de contratación de espadines para el Colegio Militar (Colmil), manifestaron su desacuerdo con el fallo del juez Fernando Rivadeneira, quien extinguió el proceso penal y archivó obrados de este caso.
El juez manifestó que no había daño económico al Estado luego de que Rojas devolvió Bs 100 mil que habían sido observados como sobreprecio, tampoco se presentaron objeciones, por lo que el jueves se resolvió la extinción del caso.
Ayer, las senadoras Mary Medina y Mary Eva Vacaflor, del MAS, señalaron que asumirán las acciones que la ley determina, porque detectaron “anormalidades” en la actuación del juez y del fiscal Marco Rodríguez, que atendió el caso.
“Hay anormalidades y son fatales”, señaló Vacaflor, en tanto que Medina hizo notar que no se notificó a los denunciantes para que puedan exponer su acusación. Vacaflor apuntó que existe incumplimiento de deberes y que realizarán el seguimiento. Entre otros puntos, cuestionaron que no se les haya notificado con la imputación.
Dijo que se hará la fiscalización y asumirá la parte legal para identificar a los responsables. Por qué se pagó el 100% al firmar el contrato, cómo se entregó el cheque antes de recibirlo del Ministerio de Defensa y por qué devolvió Bs 100 mil si no existía el sobreprecio, son algunos de los cuestionamientos de los denunciantes.