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domingo 26 sep 2021 | Actualizado a 21:27

Once pueblos apoyan vía por el TIPNIS; el bloqueo crece

A siete días de iniciada la consulta, 11 de 12 comunidades apoyaron el paso de la vía por medio del TIPNIS, según el Gobierno. Mientras tanto, los indígenas opuestos al proceso extienden el “bloqueo” de ríos fuera del poblado de Gundonovia y ocupan otros tres puntos estratégicos para neutralizarlo.

Info bloqueos.

/ 5 de agosto de 2012 / 04:03

La consulta tiene como objetivo conocer la posición de los indígenas de la región sobre el levantamiento o no del carácter intangible del parque y la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó a La Razón que hasta ayer la consulta llegó a 12 de las 69 comunidades objetivo. “De las 12, todas han rechazado la intangibilidad del TIPNIS y 11 están de acuerdo con la construcción de la carretera, a excepción de San Miguelito”, afirmó.

Detalló que las brigadas llegaron a Oromomo, Mercedes del Lojojota, San Juan de la Curva, Sanandita, Limo del Isiboro, La Asunta, San Miguelito, Pantallita del Sécure o El Pastor, Secejsamma, Santo Domingo, Santa Anita y Ushbe. Negó que haya problemas en la zona. Sin embargo, Leandro Candapey, delegado de las juventudes de la facción de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que rechaza la consulta, aseguró ayer que persiste el “bloqueo” de ríos.

“En Puerto Totora, Puerto San Lorenzo y en el punto de ingreso al río Ichoa hay bloqueos; son lugares estratégicos de paso a varias comunidades”, afirmó el dirigente. A poblaciones como San Vicente y Nueva Lacea se llega pasando por Puerto San Lorenzo, explicó.

El 30 de julio fue reportado el bloqueo, con alambre de púas del río Sécure, en Gundonovia. El coordinador del Ministerio de Agua para la consulta, Moisés Mercado, informó el 1 de agosto que de persistir la medida de presión podría impedirse el paso a ocho comunidades ubicadas en las riberas del río.  

“Gundonovia es clave para ingresar al TIPNIS, pues ahí es la unión de tres ríos (Isiboro, Sécure e Ichoa), único modo de acceso al parque”, explicó Candapey. En gran parte del parque, las comunidades están comunicadas vía transporte fluvial. Pero Sánchez negó la existencia de los puntos de resistencia identificados por los indígenas. “Son parte de una guerra mediática”, aseguró.

El dirigente del TIPNIS, Fernando Vargas, junto con Adolfo Chávez y otros indígenas, lidera la resistencia a la consulta que, a su vez, es defendida e impulsada por otro grupo encabezado por el Consejo Indígena del Sur (Conisur). El Gobierno aprobó en 2011 la Ley 180 de intangibilidad del parque, como respuesta a la demanda de la VIII marcha indígena. Poco después dio paso a la Ley 222 de consulta, como resultado de la movilización del Conisur.

La IX marcha no consiguió anular la consulta y trasladó la protesta al parque. El presidente de la subcentral Sécure, Carlos Fabricano, afirmó que el proceso se “desarrolla con normalidad”. El único lugar de conflicto es Gundonovia, “donde hay gente incitando a la violencia”, señaló el dirigente que apoya el proceso.

Rafael Quispe, asesor del Consejo Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica) y opuesto a la consulta impulsada por el Gobierno, informó que  en los puntos de bloqueo se impide el paso de los brigadistas, no de los indígenas. “Gundonovia es el cuartel general” de la resistencia, señaló.

Para Sánchez, las comunidades en las que hay supuestos bloqueos “ni siquiera están en el cronograma de la consulta aún”. La dirigente afín a Vargas, Bertha Bejarano, reiteró que los puntos de bloqueo son paso obligado para llegar a otras comunidades.

Plazos para la consulta previa

Margen

Quedan 20 días para finalizar el proceso de consulta previa sobre la construcción o no de la carretera que atravesará el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Resultados

12 de 69 comunidades ya fueron consultadas; restan 57. Del 26 al 3 de septiembre se preparará el informe final y el 6 de septiembre será la fecha en la que se dará a conocer, de manera oficial, los resultados de este proceso, iniciado el 29 de julio.

Brigadas se repliegan dos días por las fiestas patrias

Las brigadas para la consulta suspenderán actividades entre el 6 y 7 de agosto para que los indígenas desarrollen con normalidad los actos tradicionales por las fiestas patrias, informó una fuente vinculada al proceso en curso en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Los brigadistas se replegarán y pasarán los dos días en Oromomo, población en la que el 29 de julio empezó la consulta sobre el levantamiento o no del carácter intangible del parque y la construcción o no de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio de la reserva natural.

“Hoy (por ayer) está terminando la consulta en Ushbe y luego se dirigen a Palmar de Aguas Negras. El 6 de agosto se replegarán a Oromomo; han pedido las comunidades (este tiempo) para los actos cívicos”, explicó la fuente, que evitó comentar detalles sobre los resultados del trabajo que tiene por objetivo llegar a 69 comunidades del TIPNIS. Los resultados finales del proceso serán hechos públicos en septiembre.

Indígenas ven ‘favorable’ los fallos contrarios

“Una vez agotados, sin resultados favorables, los recursos que franquea la ley par frenar la consulta en el TIPNIS, estaremos habilitados para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitar medidas cautelares para suspender el proceso”, informó ayer Rafael Quispe, asesor del Consejo Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica).

En este marco, consideró “favorable” a los intereses de los indígenas opuestos a la consulta que los vocales de la Sala Civil 1ª del Tribunal de Justicia de La Paz hayan rechazado el viernes el amparo constitucional presentado por Fernando Vargas, dirigente del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

También está en trámite un recurso de acción de libertad. Ambos casos pasarán al Tribunal Constitucional. Quispe explicó que, agotados estos recursos, acudirán a la CIDH y pedirán dictar medidas cautelares.  La instancia internacional solicita al Estado adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. La consulta impulsada por el Gobierno apunta a viabilizar la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del parque.

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Presidente Arce: La wiphala se respeta, tenemos que salir de la lógica racista

Remarcó que es una lástima que pese a la lucha por la igualdad, hay personas que "no entienden". Señaló que esa batalla de años, protagonizada por los pueblos indígenas, no se borrará por "una paradita de gallo viejo", en alusión a Luis Fernando Camacho.

Foto: Cuenta de Luis Arce

Por ABI

/ 26 de septiembre de 2021 / 16:56

«La wiphala se respeta», exclamó este domingo el presidente Luis Arce en el encuentro con los Ponchos Rojos y alcaldes de la provincia Omasuyos. Señaló que ese emblema nacional representa la historia de la lucha de los pueblos indígenas originarios, la cual no se borrará por el capricho de un grupo de personas.

«La wiphala se respeta, hermanos, porque es el lenguaje, es la historia, es el resumen de toda la lucha de nuestros pueblos indígenas originarios de nuestro país y no se va a borrar con el capricho de uno o un grupo de personas», afirmó durante su discurso en el estadio del municipio de Achacachi, en el departamento de La Paz.

El Jefe del Estado dijo que se ve con preocupación el regreso de algunos sectores racistas que nunca entendieron que Bolivia está compuesta por nueve departamentos con sus propias culturas e historia.

Remarcó que es una lástima que pese a tantos años de lucha por la igualdad y el respeto entre todos, hay personas que «no entienden». Señaló que esa batalla de años, protagonizada por los pueblos indígenas, no se borrará por «una paradita de gallo viejo».

Esas palabras fueron vertidas en clara alusión al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por su actitud durante los actos protocolares por la efeméride departamental. Esa jornada, sus seguidores también protagonizaron un acto de agravio a la wiphala, al bajarla abruptamente del mástil en el que fue izada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca.

«Esto no puede volver a repetirse hacia adelante. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de esa lógica racista, discriminadora que existió en la colonia, que existió en el pasado, y eso no puede formar parte de nuestra historia actual, donde queremos avanzar, donde queremos paz y tranquilidad», acotó.

Por su parte, el ejecutivo de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos, Rudy Condori, indicó que no permitirán que «logias» que no representan a Santa Cruz ultrajen un símbolo patrio contemplado en la Constitución Política del Estado.

Informó se trabajó un voto resolutivo que pronuncia el rechazo al agravio perpetrado contra un emblema nacional. «Expresamos, rechazamos y condenamos el ultraje delincuencial, agresión, violencia y racismo a nuestro símbolo patrio que es la wiphala y que es el código de identidad de los pueblos y naciones indígena originarias», dijo, dando lectura al documento.

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Mayta: Bolivia trabaja en una hoja de ruta con Chile sin dejar de lado la causa marítima

El canciller Rogelio Mayta reconoció que plantear la demanda marítima en foros como el de la ONU “nos pone en situación complicada con Chile”

El canciller Rogelio Mayta. Foto de archivo: La Razón.

/ 26 de septiembre de 2021 / 13:13

El plantear la reivindicación marítima en foros internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) “nos pone en situación complicada con Chile”, pero se lo debe hacer en la perspectiva de avanzar hacia un diálogo bilateral fraterno sobre este tema pendiente y de forma paralela a la hoja de ruta que se trabaja, aseguró el canciller Rogelio Mayta.

“Es algo que no podemos dejar de decir los bolivianos, eso nos pone en una situación complicada con Chile, tal vez, probablemente, pero nuestros pueblos y gobiernos deben tener la madurez de para saber que somos vecinos”, sostuvo en una entrevista con los medios estatales.

El presidente Luis Arce puso en mesa de la asamblea de la ONU la demanda marítima, apoyado en una parte del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que aboga por el diálogo entre ambos Estados en busca de resolver la demanda que tiene más de un siglo.

Mayta explicó que las autoridades bolivianas no pueden dejar de plantear esta demanda en los foros internacionales, porque en ningún momento se ha renunciado a la posibilidad de tener una salida soberana al Pacífico.

Ambos Estados acordaron trabajar en una hoja de ruta que está avanzado, “pero también sin dejar de lado esta reivindicación que tenemos”, sostuvo.

Bolivia perdió en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la demanda planteada contra Chile, en el gobierno del expresidente Evo Morales, para que cumpla con sus compromisos de negociar una salida soberana al Pacífico, sin embargo en el fallo se instó a mantener el diálogo en busca de una solución al diferendo arrastrado desde hace más de un siglo.

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Justicia anuncia al menos tres procesos por los incidentes en los actos por la efeméride cruceña

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, está analizando si es que presenta una demanda o no contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho por impedir que cumpla sus funciones

El ministro Iván Lima en una conferencia de prensa

Por Mónica Arrien

/ 26 de septiembre de 2021 / 12:18

El ministro de Justicia, Iván Lima anunció que se presentarán al menos tres procesos penales por los hechos suscitados en los actos protocolares por el aniversario de  Santa Cruz, en la plaza principal 24 de Septiembre. Se agravió la wiphala, un símbolo patrio incluido en la Constitución de 2009. Se estorbó el desarrollo de las funciones de la primera autoridad del país. Se cometió actos racistas y agresivos contra personas presentes en el acto.

“Tenemos una Constitución aprobada en 2009 que señala que un símbolo patrio es la wiphala que aparece en actos por reglas de protocolo. Días antes del acto, hay un diálogo entre gente de la Cancillería y la Gobernación (de Santa Cruz) y la respuesta es permanente: de que no hay posibilidad de que se siga el protocolo”, dijo Lima.

Dijo que las personas encargadas de bajar la bandera del mástil ya fueron identificadas y que en las próximas horas se presentará una denuncia formal en su contra.

Además, adelantó que también fueron identificadas las personas que cometieron actos agresivos y racistas contra un periodista de Bolivia TV, el canal estatal, y contra un representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

“El viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentará el lunes la denuncia en contra de estas personas”.

Asimismo, reveló que el vicepresidente del Estado, David Choquehaunca está reflexionando si denuncia o no a Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, por impedir o estorbar las funciones del Presidente del Estado, como establece el artículo 161 del Código Penal.

“Él (Choquehuanca) es un hombre de concertación, de paz, está reflexionando si presenta la denuncia o no, yo tengo la querella lista, pero él me ha pedido reflexionarlo”.  

Lima se refirió también a la ley departamental que permite la designación de autoridades locales en la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Procuraduría, Tribunal Electoral Departamental y Tribunal Departamental de Justicia.

Esta norma aún no fue promulgada por Camacho y se fue a revisión constitucional. “Entiendo que hay un retroceso de parte de ellos pero esto no va a quedar sin el debido proceso”, advirtió el ministro.

(26/09/2021)

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El ‘daño’ al Estado en los procesos contra Reyes Villa asciende a Bs 128,4 millones

Las denuncias que se ventilan en la Justicia no solamente tienen que ver con proyectos u obras de la gestión de Reyes Villa cuando fue prefecto entre 2006 y 2008, sino con legitimación de ganancias ilícitas y la “venta inexistente” de sus bienes para evitar embargos.

/ 26 de septiembre de 2021 / 10:18

Manfred Reyes Villa está contra las cuerdas. Una sentencia ejecutoriada ha puesto en riesgo su libertad. En el camino, tiene otros 14 procesos en los que están en juego Bs 128,4 millones, y cuatro ya tienen condenas de entre cinco y tres años de cárcel.

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos de la Gobernación de Cochabamba envió a La Razón un recuento de los casos (ver el cuadro). Su directora, Patricia Sánchez, indica que la mayoría espera la resolución de jueces o del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Mientras eso no ocurra, no podemos avanzar”.

Las denuncias que se ventilan en la Justicia no solamente tienen que ver con proyectos u obras de la gestión de Reyes Villa cuando fue prefecto entre 2006 y 2008 —fue removido después de un referéndum revocatorio—, sino con legitimación de ganancias ilícitas e incluso la “venta inexistente” de sus bienes para evitar embargos.

‘El Sillar alternativo’

El caso que ahora le quita el sueño al Alcalde cochabambino es “El Sillar Alternativo”, en el cual tiene una sentencia de cinco años de cárcel y la orden de ser trasladado al penal de San Sebastián. Un amparo constitucional ha frenado el mandamiento en su contra, al menos hasta la audiencia del 7 de octubre en Sucre.

De los 15 procesos, “El Sillar Alternativo” es el único con un fallo definitivo, otros cuatro tienen sentencias condenatorias que fueron apeladas por el exprefecto. Aparte, seis esperan definiciones judiciales para seguir o no su curso. Eso sí, Reyes Villa tiene tres absoluciones y un sobreseimiento, fallos que fueron apelados por la Gobernación.

No hay que olvidar que este militar en retiro (tiene grado de capitán), empresario y excandidato presidencial se fue a Estados Unidos tras su revocatoria, cuando se sintió asfixiado por los juicios con aroma de corrupción. Volvió en enero de 2020, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, una década después de su partida.

Lanzó su candidatura a la Alcaldía de Cochabamba. Y llegó con polémica a las subnacionales de marzo de este año. Fue inhabilitado por un proceso coactivo fiscal que también tiene sentencia ejecutoriada, que lo conmina a pagar un daño económico de Bs 2,3 millones por la compra (sin entrega) de coches de lujo para la prefectura.

Pero la decisión electoral fue anulada, ya que se informó que Reyes Villa había honrado la deuda con el Estado; en realidad solo pagó la mitad. El caso “Vehículos” es uno de los 15 que impulsa la Gobernación y Sánchez revela que el Alcalde solo cumplió con una cuota del plan que solicitó para cancelar la otra parte de los Bs 2,3 millones.

En junio dejó de cumplir con esa obligación ante el juez. “Pedimos que se le revoque ese plan de pagos, lo que quedó ejecutoriado”, señala Sánchez. Aunque Reyes Villa sacó otro as de la manga. Logró una medida precautoria para que el cobro quede en suspenso. Ahora, levantar o no la determinación se encuentra en manos del TCP.

Otros 68 sentenciados o acusados

De los 15 procesos, solo uno (“Vehículos”) no sigue la vía penal. Aparte del jefe de la desaparecida Nueva Fuerza Republicana (NFR), otras 68 personas tienen calidad de sentenciadas y acusadas. Los tres delitos más recurrentes son incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. (Ver cuadro)

Eso sí, lo que se encuentra en juego en 11 de las 15 denuncias es una millonada: Bs 128.419.798, ya que las otras cuatro no tienen que ver con daño económico, o no se lo puede determinar. El caso con más recursos “malversados” en la gestión prefectural de El Bombón es el “Camino Vinto-Sacambaya”, con Bs 70,7 millones.

Según la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normativos, esta demanda se remonta a 2009 y apunta a Reyes Villa por la modificación de un proyecto caminero sin haberse realizado un estudio de diseño final. De esta forma, un camino vecinal de 117 kilómetros fue convertido a una ruta interdepartamental de 31 kilómetros.

Surge la pregunta: ¿Podrá recuperar el Estado este dinero? Sánchez remarca que con ese fin, todos los bienes a nombre del Alcalde se encuentran hipotecados. “Pero no cubren en absoluto la deuda”. Y queda esperar que los procesos tengan sentencia definitiva para ejecutar los bienes y resarcir el daño.

“Hay retardación y esperamos que se aplique la justicia en todos los casos, y aclaro que ninguno es amañado ni inventado, como dice la oposición”, expresa Sánchez. Mientras Reyes Villa insiste en que es víctima de una persecución política y judicial. Por el momento, está arraigado y a la espera de lo que se determine el 7 de octubre.

Abogado de Reyes Villa: Solo pedimos el mismo trato que con Evo Morales y Mario Cossío

Manfred Reyes Villa, cuando retornó al país en enero de 2020, tras 10 años de su partida.

Ronald Pinto, abogado de Manfred Reyes Villa, atendió al requerimiento de La Razón. Señala que el único caso que provoca “dificultad” al Alcalde es “El Sillar Alternativo” y remarca que se pide el mismo tratamiento que tuvo la Justicia con Evo Morales y Mario Cossío, a quienes se les anuló procesos porque fueron tramitados en su ausencia, sin haberles notificado en su domicilio en el extranjero.

—¿Cómo evalúa los 15 procesos en curso contra su cliente?

—El único que ha avanzado es “El Sillar Alternativo”, que tiene sentencia condenatoria con auto supremo, pero uno que deniega el recurso de casación y no ha resuelto el tema de fondo, sobre las denuncias de vulneración de derechos, y tampoco estableció si Reyes Villa es responsable o no por la acusación que se le hace. Ese es el único tema que nos está causando dificultad. Los otros procesos estarían, diríamos, con relativa tranquilidad, tramitándose como debería ser.

—El Alcalde habla de una persecución política y judicial…

—Pongo dos ejemplos. El señor Evo Morales fue objeto de un proceso penal en el gobierno de Jeanine Áñez, se lo vinculó con un audio y en ese momento estaba en Argentina. Salió la imputación y el mandamiento de aprehensión. Y su abogado acudió a la Justicia y solicitó la nulidad porque nunca se le notificó a Morales, más bien se lo declaró rebelde, cuando deberían haberle notificado en Buenos Aires. Y un juez anuló el proceso. Aparte, el exprefecto de Tarija Mario Cossío tenía procesos y dijo lo mismo, nunca lo notificaron y lo declararon rebelde, sabiendo que estaba en Paraguay; pidió a los jueces de Tarija que anulen sus procesos, y le dieron la razón.

El señor Reyes Villa llegó a Cochabamba y dijo exactamente lo mismo, que lo declararon rebelde, que realizaron procesos en su ausencia y sabían que tenía su domicilio en Estados Unidos, pero nunca le notificaron. Y en este recurso de casación (de “El Sillar Alternativo”) ha denunciado eso. Pero le dicen que no van a responder su denuncia porque no cumplió un requisito en la presentación del recurso. Han buscado un pretexto para no responderle, porque en el fondo deberían responderle igual que a los señores Morales y Cossío.

Eso nos llama la atención, ese trato diferenciado de la aplicación de la Constitución, la ley y los procedimientos. Lo que estamos reclamando es que ese recurso de casación se admita, se tramite y resuelva, y nos respondan si nos van a dar el mismo tratamiento que con Morales y Cossío.

—¿Solo en éste u otros casos?

—En los otros igual, porque todos los procesos se han tramitado igual. Por ello, el señor Reyes Villa se ha visto forzado a una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue admitida. Se puede abrir un juicio contra el Estado. Imagínese que la CIDH termine diciendo de que se han vulnerado los derechos en estos procesos y van a tener que anularlos. Pero también el Estado va a tener que reparar todos los daños y perjuicios a Reyes Villa y seguro el Gobierno va a tener que repetir contra las autoridades judiciales que están fallando de esta manera. Ojalá puedan asumir con seriedad este tema y permitir que el Poder Judicial falle sin presiones.

—¿Están embargados los bienes de Reyes Villa?

—Podría decir que sí. He visto resoluciones de que los bienes están con anotaciones preventivas.

—En el caso “Vehículos”, Reyes Villa no pagó aún la deuda con el Estado de Bs 2,3 millones…

—Evidentemente, es un juicio coactivo, se interpuso una acción constitucional y está paralizado.

—¿Está garantizada la estadía de Reyes Villa en el país? Hace 10 años se fue a Estados Unidos ante los procesos en su contra.

—Son especulaciones. Está en Cochabamba, va a seguir acá. No hay motivo para eludir y salir del país. Él va a seguir asumiendo sus funciones como Alcalde.

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Fracasa el diálogo y cocaleros amenazan con radicalizar medidas de presión

Los cocaleros abandonaron el encuentro con el Vicepresidente, aclarando que continúan sin admitir el liderazgo de Alanes, reconocido por el Ministerio de Gobierno y a quien le fue entregada la tuición sobre el mercado de Adepcoca en Villa Fátima.

El enfrentamiento entre cocaleros y policías. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2021 / 09:09

El diálogo instalado el sábado por el vicepresidente David Choquehuanca con sectores de los cocaleros fracasó esta madrugada. Uno de los bloques asistentes amenazó con radicalizar las medidas de presión en la ciudad de La Paz y los Yungas.

En instalaciones de la Vicepresidencia se instaló la negociación, a las 17.45. Asistieron representantes de un autodenominado “comité de autodefensa” (que no apoyaría a ninguno de los bandos enfrentados) y del dirigente Fernando Calle.

Calle se declara presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, por aclamación. No asistió Arnold Alanes, quien fue elegido en unos polémicos comicios. Y tampoco el sector del dirigente Armin Lluta.

Pasada la medianoche, los cocaleros abandonaron el encuentro, aclarando que continúan sin admitir el liderazgo de Alanes, reconocido por el Ministerio de Gobierno y a quien le fue entregada la tuición sobre el mercado de Adepcoca en Villa Fátima.

El dirigente Wílder Vargas, del “comité de autodefensa”, indicó que no atendieron su pliego: el retorno a la sede cocalera en Villa Fátima y el rechazo a la posesión de Alanes, quien es acusado de pertenecer a la zona de coca excedentaria en los Yungas.

“Los Yungas están más unidos que nunca”, dijo Vargas, quien amenazó con radicalizar las medidas de presión. Esta semana el conflicto se desbordó por la presión del grupo de Lluta, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía, quema de vehículos, heridos y detenidos.

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