El martes, el pleno del órgano de control constitucional le solicitó a Cusi su renuncia al cargo luego de rechazar las declaraciones que éste emitió en sentido de que hubo injerencia en el TCP para el dictamen de la sentencia del caso sobre la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para la apertura de una carretera.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos ya está verificando los alcances de las declaraciones (del magistrado Cusi) y será el pleno el que determine la fecha en la que sea presentada la denuncia con un juicio de responsabilidades, y las que son de carácter personal por injurias y calumnias, por la vía ordinaria”, expresó el presidente del TCP.
Flores aseguró, según ABI, que su colega apunta a formar un partido indigenista, para lo cual utiliza el Tribunal como palestra; por ello, la junta constitucional “analiza solicitar formalmente su renuncia”. En tanto, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, en declaraciones a ANF, pidió determinar si el magistrado Cusi se encuentra en “sus cabales”, en alusión a sus declaraciones.
Durante toda la jornada de ayer este diario intentó recoger la versión de Cusi, quien comprometió realizar una declaración de prensa respecto a la reacción de sus colegas. Sin embargo, en la mañana no accedió a ninguna entrevista y en la tarde no se presentó en sus oficinas. Su teléfono celular también estuvo apagado.
En Sucre, los periodistas hicieron guardia ayer en las oficinas del TCP para conocer las reacciones sobre el conflicto interno en esa institución. Los magistrados trabajaron con normalidad e incluso la gran mayoría de ellos almorzó en el interior del edificio.
Al ganar las elecciones en 2011, Cusi se proclamó titular del TCP y pretendió ocupar ese cargo. En otra ocasión causó polémica al señalar que consulta con las hojas de coca su sabiduría para eventuales decisiones jurídicas.
Trámite para el proceso
Las máximas autoridades judiciales de Bolivia, incluido el Fiscal General del Estado, pueden ser procesadas con base en la Ley 044, de juicio de responsabilidades, que permite procesarlas por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Esta norma regula los procesos judiciales contra la Presidenta o Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Fiscal General del Estado.
De acuerdo con el procedimiento de la Ley 044, la denuncia se la realiza ante la presidencia de la Cámara de Diputados, instancia que debe remitir los documentos ante la presidencia de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, para su respectiva investigación. La citada comisión tiene dos caminos: presentar el proyecto de acusación al pleno de la Cámara o decretar el sobreseimiento del acusado.