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Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 10:02 AM

‘451 presos vienen con certificados de trabajo y ahorros’

Teodoro Ribera - El Ministro de Justicia de Chile llegó a Bolivia para coordinar la liberación de 451 presos bolivianos que están en cárceles de su país. Quedan otros 400 en Chile, pero los que retornan lo hacen tras haber pasado por procesos de educación y rehabilitación.

/ 16 de agosto de 2012 / 06:35

Teodoro Ribera – El Ministro de Justicia de Chile llegó a Bolivia para coordinar la liberación de 451 presos bolivianos que están en cárceles de su país. Quedan otros 400 en Chile, pero los que retornan lo hacen tras haber pasado por procesos de educación y rehabilitación, y pueden reinsertarse a la sociedad de modo más eficiente, estando cerca de sus familiares. Ribera ofreció a Bolivia compartir las experiencias del sistema implementado en su país y capacitación para agentes penitenciarios.

— Se anuncia la liberación de 451 bolivianos de cárceles chilenas, ¿quiénes son y cuándo se prevé la llegada de esa gente?

— El retorno está previsto para el 28 de agosto y quizá el 29. El Gobierno de Chile va a disponer de buses para su traslado. Las personas van a salir con ropa de civil, sus artículos personales y su ropa; con sus certificados de fichas médicas del tiempo en que estuvieron detenidos; con los documentos de educación que obtuvieron en la cárcel; sus certificados de oficios —si los obtuvieron— y el dinero que hayan ahorrado por el trabajo que realizaron.

— ¿Se los traerá hasta la frontera?

— Hasta Colchane; los vamos a hacer llegar a ese punto y los bolivianos los van a esperar y disponer su traslado hasta Oruro.

— ¿Qué previsiones debe tomar Bolivia al tratarse de gente que estuvo presa?

— En  forma previa vamos a recibir las referencias de quienes tienen antecedentes penales u órdenes de captura en Bolivia y esas personas van a ser separadas del resto (…), serán entregadas al final para que las autoridades puedan detenerlas.

— ¿Cuál fue el proceso y condición para que estas personas se beneficien con este indulto?

— En Chile hay 1.700 extranjeros condenados y han postulado a este beneficio 1.111. Los bolivianos condenados son 850, de ellos se han acogido a este beneficio 451. Estas personas han tenido que optar voluntariamente a irse del país, pero tienen la prohibición de retorno a Chile durante los próximos diez años; si uno de ellos vuelve a Chile, lo vamos a meter preso y va a cumplir el resto de la condena que no cumplió.

— ¿Se han tomado los recaudos para que no pasen la frontera?

— Las personas saben que existe un sistema mucho más fino de control de identidades en Chile, un sistema de mucho más resguardo de nuestra frontera norte.

— Quedan más de 400 bolivianas en cárceles chilenas, ¿no calificaban?, ¿qué pasó con ellos?

— Primero, fue una opción voluntaria y, lo más interesante, no todos los bolivianos que tenían la opción de beneficiarse se acogieron, sino que decidieron no hacerlo por razones variadas.

— ¿Cuáles, por ejemplo?

— Conocí a una señora que está condenada y cumpliendo su sentencia en Iquique; está trabajando en la prisión y tiene un sueldo de $us 500, tiene alojamiento, alimentación. Le falta un año y medio para cumplir su condena, y prefiere quedarse ese tiempo, ganar dinero y recién volver a Bolivia. Otro, tiene un amor chileno que lo va a ver todas las semanas, es un amor puertas afuera y prefiere mantener esa relación sentimental estando preso y no volver a Bolivia.

— ¿Cuánto le cuesta cada preso boliviano a Chile?

— Según la cárcel en que estuviera, entre $us 700 y $us 1.100 por mes, considerando no solamente la alimentación ($us 3 por día). Los presos en las cárceles nuevas tienen derecho a que se les lave la ropa dos veces a la semana, acceso a procesos de rehabilitación, dentista, exámenes periódicos, etc. Eso encarece la mantención, pero consideramos que el tema principal tiene que estar dado no sólo en el resguardo de seguridad, sino en el factor rehabilitación.

— En su visita a Bolivia, ¿cómo vio el sistema penitenciario?

— No conozco la realidad de las cárceles en Bolivia; sé que el 80% de las personas privadas de libertad están procesadas y el 20% tiene condena. En Chile, la situación es a la inversa, el 80% está con condena y el 20% privado temporalmente de libertad por ser un peligro para la sociedad.

— ¿La experiencia chilena podría replicarse en Bolivia?

— Hemos compartido con la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, la disposición de facilitarles nuestra experiencia, la buena y la mala, en materia de defensoría penal pública, en materia de  funcionamiento de sistema procesal penal y también en materia de formación de agentes penitenciarios. (…) Quienes cuidan las cárceles, a pesar del uniforme, no son militares; los presos no son enemigos y las cárceles no son cuarteles. Hay que entender que los presos están privados de libertad, pero no están privados de su dignidad. (…) En Chile tratamos de racionalizar el uso de la cárcel; hemos aprobado recientemente una ley que va a permitir que personas que hayan cometido delitos menores hagan trabajos para la comunidad, otros que purguen reclusión nocturna.

Perfil

Nombre: Teodoro Ribera

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Justicia de Chile

Político y profesor universitario

Realizó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Alemán de Temuco. Se tituló de abogado en la Universidad de Chile en 1981. Tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Julius Maximilian, Alemania. Su trayectoria política se inició como diputado en 1990. Fue miembro del Consejo Asesor de Política Exterior en el gobierno de Michelle Bachelet. Ejerce cátedra de Derecho en varias universidades.

Analizarán el retorno de presos caso por caso

La ministra de Justicia de Bolivia, Cecilia Ayllón, explicó que se analizará caso por caso la situación de los 451 bolivianos que se beneficiarán con un indulto conmutativo que ejecuta con el Gobierno de Chile. Esta medida se tomará para establecer si tienen procesos pendientes con la Justicia boliviana y si corresponde remitirlos ante un juez, por ejemplo, si tienen una orden de captura.

Ayllón dio a conocer esta información tras reunirse con su similar de Chile, Teodoro Ribera, quien llegó al país el martes para coordinar el traslado de los 451 bolivianos que se beneficiaron con el perdón judicial.

“Son 451 expedientes que se van a revisar y si hay personas que están siendo perseguidas por la Justicia boliviana, obviamente al momento de su ingreso a Bolivia serán trasladas ante la autoridad competente”, dijo Ayllón.

En horas de la mañana, Ribera tuvo reuniones con el vicecanciller Carlos Alurralde y con el ministro de Gobierno, Carlos Romero. En el último de los casos se informó de la entrega de los antecedentes de los indultados y se acordó la fecha de llegada de 110 mujeres y 341 varones que estaban en cárceles chilenas, y que en su totalidad fueron condenadas por tráfico de sustancias controladas.

El Ministro de Justicia chileno dijo a La Razón que estas personas estaban en diferentes cárceles de Chile y fueron trasladadas en las últimas semanas a Iquique. Tienen entre 30 y 50 años, y no cuentan con antecedentes previos.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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