Comisión certifica denuncias de avasallamiento peruano en Suches
Testigos de nacionalidad boliviana y peruana confirmaron que el viernes 17 hubo una incursión irregular. El campamento minero boliviano está marcado por las huellas de la violencia con que actuaron los hombres con uniformes peruanos.
Conflicto boliviano-peruano en Suches. La Razón Digital acompañó a una comisión oficial con miembros de la Gobernación, Cancillería y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que certificó ayer que ciudadanos peruanos vestidos de policías y militares ingresaron violentamente en la zona del río Suches, en la comunidad del mismo nombre, en la provincia Franz Tamayo, de donde se llevaron maquinaria y volquetas que eran utilizadas para labores de explotación minera.
La comisión salió de La Paz a las 04.30 del martes. El gobernador César Cocarico, quien un día antes recibió en sus oficinas a pobladores de Suches que denunciaron la invasión de los policías y militares peruanos, lideró la comitiva .
La comunidad de Suches está en el Municipio de Pelechuco, en el departamento de La Paz, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Llegar hasta ese sitio demanda entre 7 y 8 horas de viaje debido a que la carretera es de tierra y angosta. Se debe transitar por localidades como Huarina y Achacachi, Ulla Ulla y Antaquilla. El clima es frío. Al menos 200 habitantes viven en esa localidad que en los últimos cuatro años enfrentó tres avasallamientos parecidos al que ocurrió el viernes 17 y que fue denunciado a la Gobernación de La Paz.
El ingreso hasta el río Suches, a menos de cinco kilómetros de la comunidad del mismo nombre, es difícil. Las movilidades deben lidiar con subidas y bajadas producto de la explotación minera de oro a cielo abierto por las cooperativas bolivianas. Al menos 20 cooperativas trabajan actualmente en el lugar.
En territorio boliviano, tras los hitos 18, 19 y 20 sólo se divisa una planicie árida, víctima de la fuerte explotación minera. Al otro lado, en territorio peruano, existe una extensa hilera de casas de calamina, donde se puede divisar flameando la bandera del Perú: rojo, blanco, rojo.
Ese sitio, según los trabajadores bolivianos, fue abierto precisamente para la comercialización de productos de distinto tipo. Uno puede encontrar desde refrescos, comida, hasta el alquiler de camiones de gran tonelaje y maquinaria pesada. El sol quema a medio día.
LA DENUNCIA
Agustín Calisaya Ojeda, dueño de la Cooperativa Virgen de Copacabana, relató ante las autoridades cómo el viernes 17 de agosto, más de 100 ciudadanos peruanos identificados como policías y militares ingresaron hasta el lugar que se encuentra a dos kilómetros del hito 19, es decir en territorio boliviano.
La cooperativa, un lugar que alberga a unas cinco viviendas de calamina, fue prácticamente saqueada. Nada quedó en su lugar. Mesas, camas, sillas y hasta los basureros están tirados por todos lados. Por eso, los habitantes del lugar no sólo reclaman mayor seguridad e incremento de uniformados, sino además la instalación de una antena de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) para recibir y hacer llamadas desde sus teléfonos celulares.
“Ese día hemos traído maquinas para soldar. Los peruanos de frente han entrado, y todas las máquinas se las han llevado a Huancané. Seis máquinas y dos volquetas están retenidas. Nosotros estábamos detenidos en Maroca, a un boliviano le han pegado” contó Jhon Aguilar, un joven que estuvo retenido hasta las tres de la mañana del sábado 18 en Maroca.
La presencia de la comitiva despertó la curiosidad de la población. Un grupo numeroso de habitantes de Suches acompañó a pie a Cocarico y otras autoridades a recorrer el lugar donde ocurrieron los hechos el viernes. Llegaron hasta el hito 19. Allí, otro grupo de peruanos, en su mayoría mujeres, denunció que los policías y militares también estaban acompañados por representantes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) del Perú.
“Llevaban en sus chalecos el nombre de Sunarp y otros de la Aduana. Eran militares más que todos, de 250 a 300”, relató una testigo que prefirió guardar su nombre en reserva. Además dijo que advirtieron que los uniformados estaban ingresando a territorio boliviano, pero no hicieron caso a sus advertencias.
La alcaldesa del Municipio de Pelechuco, Delia Valeriana Arenas, a donde pertenece la comunidad de Suches, sostuvo que sólo existen cinco módulos policiales en el lugar y que los dos puestos militares existentes en Ulla Ulla y Antaquilla cuentan con menos de 50 efectivos. “Son pocos para resguardar toda la frontera” reclamó.