El Gobernador de La Paz, César Cocarico, pidió hoy al Gobierno del Perú sancionar a los funcionarios que invadieron suelo boliviano durante una acción de requisa en la comunidad de Suches el 17 de agosto. Cooperativistas de la zona denunciaron que policías, militares, agentes de impuestos y aduana del vecino país ingresaron a suelo boliviano y se llevaron maquinaria y vehículos.
Cocarico opinó que el Gobierno de Ollanta Humala no tiene responsabilidad en lo sucedido, pero dijo que funcionarios de ese país se excedieron en sus acciones. “Son hechos que tendrán que ser sancionados por las autoridades del Perú, para que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder porque pueden generar movimientos lamentables para ambos países”.
También lamentó que la embajadora del Perú, Silvia Alfaro, insista en que los funcionarios de su país no ingresaron hasta Suches, que está ubicada a 300 kilómetros de La Paz en la frontera Bolivia-Perú.
“Siento mucho que la Embajadora siga sosteniendo que el secuestro fue en territorio peruano”, señaló la autoridad, que el martes viajó hasta la localidad del incidente y comprobó personalmente que existió el ingreso de policías y militares peruanos a suelo boliviano. Alfaro, en una declaración que hizo hace dos días, reiteró que el operativo se produjo en territorio peruano.
Cocarico reveló que la Gobernación paceña ultima detalles de un informe que será presentado a la Cancillería para que sustente el reclamo diplomático sobre lo sucedido. “La Cancillería es la que tiene que hacer las gestiones diplomáticas correspondientes para la solución de este tema”, indicó.
Consultado sobre si en el lugar existió una remoción de hitos fronterizos, negó este hecho, aunque consideró que hubo intenciones de mover el mojón que marca la frontera peruano-boliviana. Recordó que en la gestión 2011 se pidió a la Cancillería resolver el tema de los límites con Perú, especialmente en la zona de Suches, donde existe explotación minera.
“En nuestra visita a Suches hemos verificado los puntos referenciales de los hitos, se está trabajando”, declaró Cocarico, quien insistió en que movilidades y maquinarias secuestradas por policías y militares del Perú deben ser devueltas a sus propietarios.