Ricardo Rodríguez, abogado del activista de derechos humanos y supuestamente implicado en la asonada militar del 26 de junio Luis Fernando Hamdan, calificó como una triste defensa la solicitud del exgeneral Juan José Zúñiga respecto de una pericia toxicológica.

“Hemos visto con mucha pena la triste defensa que está tratando de hacer el (ex) general Zuñiga dentro de este caso. Se ha solicitado, mediante el Ministerio Publico que el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), se le practique una pericia toxicológica, con la finalidad de acreditar que el día 26 de junio, por la tarde, estaba actuando bajo dependencia de alguna sustancia controlada que lo ha llevado a realizar dichos actos”, criticó el jurista en una entrevista con la red DTV.

Pericias

Así se refirió el profesional a la solicitud que hizo la defensa del exmilitar que lideró la asonada del 26 de junio, cuando ocupó de tanquetas y militares fuertemente armados la plaza Murillo e intentó tomar el Palacio de Gobierno.

Zúñiga insistió con su pedido después de que el mismo IDIF observara que ya no se podía hacer pruebas de sangre u orina, pues su duración es de 24 y 72 horas respectivamente.

Mediante su memorial, Zúñiga refutó al IDIF y mencionó que el examen capilar aún puede realizarse hasta tres meses después del último consumo, para verificar la presencia de droga.

“Pretender buscar una semiimputabilidad a través de una pericia toxicológica y tratar de atenuar semejante acto realmente no corresponde. Existe otro tipo argumentos para la defensa, pero no se puede defender lo indefendible”, retrucó Rodríguez.

Golpe de Estado ‘fallido’

El caso del golpe de Estado fallido, como lo calificó el Gobierno, sigue en su etapa investigativa. En ese proceso, ya se indagó a más de 100 personas; 26 de ellas están cauteladas, según el último reporte del Ministerio de Gobierno.

El viernes, luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó al ayudante de Zúñiga, el capitán Marco Caviares, a tres años de cárcel por la asonada militar.

Entretanto, el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio, sigue con las indagaciones de aquella jornada, cuando Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado, cuando el mandatario le ordenó que retire sus hombres y tanquetas, pero éste se negó.

Juna José Zúñiga

Inmediatamente, Arce cambió al Alto Mando Militar y fueron los nuevos jefes militares que ordenaron el repliegue de los uniformados.

A las 19.02, Zúñiga fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

El 1 de agosto, un tribunal militar dictó la baja de Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga, Franz Ordóñez Menacho y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que aún no se notificó a la institución sobre la sentencia a 11 años de cárcel que recibió el expolicía y exboxeador Franklin “Matador” Mamani dentro el caso Pedregal.

“Esta es una sentencia en primera instancia, hay pasos que hay que seguir, y la Justicia va a determinar, respecto a si vuelve a la privación de libertad. Todavía no hemos sido notificados ni con la sentencia en primera instancia ni con ninguna revocatoria”, dijo Limpias.

El 31 de julio, la Justicia determinó la detención domiciliaria para Mamani, luego de permanecer con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un año y medio. Entonces, el expolicía fue trasladado a su domicilio para continuar con su arresto.

Detención domiciliaria

Limpias indicó que el privado de libertad se benefició con detención domiciliaria, pero que “seguramente” por temas del Órgano Judicial se revocará esta determinación.

Edwin Tapia, abogado del expolicía, calificó de “aberrante” la sentencia contra Mamani. Sin embargo, señaló que el voto no fue de forma unánime, sino que hubo un voto disidente.

“El voto en disidencia es de la juez presidenta de este tribunal, y los otros dos votos son de los otros dos jueces. No sabemos qué es lo que han visto a lo largo del juicio, porque hacíamos cálculos de que merecía una sentencia absolutoria”, dijo Tapia.

Indicó que presentarán una apelación por esta determinación e indicó que se espera que el caso vaya a una sala judicial donde se lleve adelante “una valoración de las pruebas que no fueron valoradas correctamente”.

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En febrero de 2023, el exteniente fue envidado a prisión por los hechos que ocurrieron el 11 de noviembre de 2019, en medio de la crisis que derivó en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, cuando fallecieron tres personas. El delito por el cual se acusa a Mamani es homicidio.

El Pedregal y Los Rosales, en la zona Sur paceña, fueron los escenarios de la muerte de civiles por impactos de bala, hubo heridos e incluso detenciones indebidas, tras el derrocamiento del entonces mandatario Evo Morales.

En esas zonas resultaron asesinados Percy Rómer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori Aruni, Juan Marín Félix Taco y Silverio Condori Tapia, según una publicación de ATB.

Renuncia

El exboxeador reveló el año pasado que tenía la orden de proteger a los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari cuando llegaron a La Paz.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció agobiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho (hoy gobernador de Santa Cruz y detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz) y Pumari; igualmente detenido preventivo en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.

Además, se desencadenó un motín policial y los militares presionaron para la dimisión. Un día después ocurrieron los hechos de El Pedregal y Los Rosales. El 12 de noviembre asumía el poder la entonces senadora Jeanine Áñez.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, informó que en los próximos 10 días presentará la acusación particular en el caso Coimas.

El caso data de 2023 e investiga el supuesto cobro de sobornos a empresas por la adjudicación de obras. En este hecho está involucrado el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, un ex viceministro, y otros implicados. Todos acusados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito que derivó en legitimación de ganancias ilícitas.

“El 3 de septiembre se ha emitido un requerimiento de acusación contra el exministro Juan Santos. También el exviceministro Carmelo V., Viviana B., su sobrino Jhonny S. y otros, por presunto enriquecimiento ilícito (…). Nosotros estamos revisando el documento para presentar nuestra acusación particular”, adelantó Ríos. 

Agregó que se tiene un plazo de 10 días para ese objetivo. “Si bien tenemos conocimiento de la emisión de esta acusación, no tengo la notificación formal. Pero, de todas maneras, nosotros ya estamos trabajando en la acusación particular, porque la idea es acortar los plazos”.

FISCALÍA

El martes, la Fiscalía Departamental de La Paz presentó la acción por el caso del presunto cobro de coimas millonarias que se hizo a empresas que se adjudicaron obras estatales.

La viceministra recordó que la denuncia se presentó desde su despacho en mayo de 2023, luego de realizar una investigación desde enero de ese año, para la obtención de las pruebas suficientes que permitieran sustentar la misma. “Ha sido un proceso complejo, con muchas personas involucradas, ya que se utilizó a terceros para realizar las compras”, explicó.

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 “Ya se tiene la resolución. Lo que esperamos es que a la brevedad se instale el Juicio Oral correspondiente y que se tome acción contra otros denunciados”, señaló. 

La autoridad indicó que, una vez iniciada la etapa de juicio oral, se pasará a la etapa de incidentes, presentación de alegatos iniciales, diligenciamiento de la prueba y alegatos finales para llegar a una sentencia.

“Depende mucho de las autoridades judiciales para que puedan instalar el juicio y que estos actos transcurran de manera continua, sería lo ideal. Esperemos que la autoridad judicial que asuma este caso tome conciencia de que es un proceso importante y que se tiene que sentar precedente”, acotó.

ACUSACIÓN

Según la acusación, los montos de las “coimas” alcanzan a Bs 19 millones y se presume que los recaudaron en siete u ocho adjudicaciones realizadas de manera “irregular” en esa cartera del Estado.

También la investigación alcanzó a Carmelo Valda, exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien en primera instancia fue enviado a la cárcel de San Pedro. Tras su apelación, la medida fue revocada y se benefició con detención domiciliaria.

La Justicia sentenció este viernes al capitán Marco Caviares a tres años de cárcel por la asonada militar del pasado 26 de junio. Caviares fungía entonces como ayudante del general y excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga.

El militar se acogió al proceso abreviado y decidió aceptar la comisión de un delito a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de presión. El uniformado se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

Mandamiento de libertad

Eusebio Vera, defensa de Caviares, informó a Erbol que se emitió el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima semana tras cumplir los trámites.

El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza de Zúñiga, irrumpió en la plaza Murillo y golpeó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. El militar anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

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El militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Al final, Zúñiga se retiró de la plaza Murillo y, a las 19.02, fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba y este hecho es calificado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”.

El jueves, Vera informó que el militar tomó la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, toda vez que su familia “atraviesa” por una crisis.

“Ese ha sido el motivo por el que el mismo capitán ha decidido someterse a este procedimiento abreviado para atender problemas familiares muy delicados”, dijo Vera.

Indicó que de acuerdo a las tratativas que se realizó, la pena es “por tres años por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad”.

Sentencia

“La sindicación de la pena significa que se baje al mínimo de tres años. La pena del alzamiento armado es de cinco años, pero como está en calidad de cómplice se ha bajado a tres años”

La Procuraduría también informó el martes que el Ministerio Público imputó a 27 personas por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros, relacionados con los hechos ocurrido el 26 de junio.

Efectivos antinarcóticos de Umopar-Chimoré destruyeron este viernes un megalaboratorio de cristalización de cocaína que producía entre 120 a 150 kilos de droga por día.

El viceministro de Defensa Social y Sustancia Controladas, Jaime Mamani, indicó que agentes de la FELCN, después de realizar un patrullaje y rastrillaje por el río Muleto del municipio de Villa Tunari, Cochabamba, lograron encontrar este centro de producción de droga, el cual contaba con todas sus áreas para cristalizar la cocaína.

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“En el lugar operaban de 15 a 20 personas, con una capacidad de elaborar de 120 a 150 kilogramos diarios. Con la destrucción e incineración, se ha afectado al narcotráfico en más de 350.000 dólares”, señaló la autoridad.

Además, explicó que en los diferentes laboratorios que se identifican para su destrucción, “siempre” se encuentra algún sticker que es la marca con la que producen el clorhidrato de cocaína. “También se ha encontrado algunos nombres como MA, que caracterizaba la purificación de esa droga”.

Mamani también indicó que en lo que va de esta gestión ya se superó las 33 toneladas de droga secuestrada. Dijo que es la cifra “más alta” registrada en el país en cuanto a decomisos.

“La lucha contra el narcotráfico, que sabe el pueblo y la comunidad internacional, es prioridad de Estado y lo hemos demostrado durante nuestra gestión”.