Cerca de un centenar de mujeres representantes de organizaciones sociales, concejalas, autoridades y líderes de 29 municipios del departamento de La Paz, se reunieron en el «Encuentro Municipal de Mujeres Presentes en las Cartas Orgánicas», para garantizar que las Cartas Orgánicas de sus municipios incluyan los derechos de las mujeres, y su ejercicio a través de políticas públicas diferenciadas que disminuyan las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.
Según un boletín de prensa de la Coordinadora de la Mujer, el evento que se realizó el 28 de agosto y contó con el apoyo de esta entidad, la Asociación de Concejalas de La Paz (ACOLAPAZ), el CECASEM, CIPCA Altiplano, Fundación La Paz, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo (OMAK).
De acuerdo a datos del Ministerio de Autonomías, el departamento de La Paz es el que más municipios tiene (37) en proceso de elaboración de este importante instrumento, (9) en proceso de socialización, (27) en etapa de preparación; (6) en proceso de elaboración; 4 ha concluido su anteproyecto; (2) Municipios están en proceso de conversión a la Autonomía Indígena lo que hace un total de 85 municipios.
Para el movimiento de mujeres plurales y diverso, es importante que este instrumento incluya las demandas desde las mujeres, según la vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de La Paz, Toribia Flores «es importante que a las mujeres nos tomen en cuenta, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y así contribuir a la despatriarcalización y construir verdaderos modelos de desarrollo inclusivos para todos y todas».
Para la concejala del Municipio de Viacha, María Aruni «la unidad de las mujeres es indispensable para garantizar la inclusión de nuestras demandas, Sí se puede compañeras sólo depende de nuestra decisión, y cuando pase el tiempo tenemos que vigilarnos a nosotras y ver cuánto a favor de las mujeres hemos logrado en las Cartas Orgánicas de nuestros municipios».
Las Cartas Orgánicas deben transparentar la gestión pública y consolidar un nuevo pacto social que contemple la participación de ciudadanas y ciudadanos en su elaboración y que incluya el enfoque de género, lo que implica entre otros garantizar la participación equitativa en la toma de decisiones, dando especial énfasis en mecanismos para su desarrollo pleno.