Los privados de libertad en el país serán sometidos periódicamente a una evaluación oral sobre su conducta en el penal, examen que a la vez les permitirá acceder a una certificación para solicitar beneficios como el extramuro , además de contar con antecedentes positivos para su reinserción en la sociedad una vez que cumplan su condena.
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, explicó a La Razón Digital que la iniciativa está inscrita en un Reglamento que será aprobado en los próximos días y que será puesto en vigencia a partir de 2013. Un Consejo -integrado por el Gobernador del penal, el abogado del interno, un médico, y un trabajador social- estará a cargo de la evaluación.
Cada uno de los miembros de la instancia evaluadora calificará hasta con 20 puntos los logros que hubieran conseguido los internos. Antes, cada uno de ellos deberá explicar cuál ha sido su evolución al interior de la cárcel, el trabajo que realiza, si mejoró su educación o, por otro lado, si se vulneró alguno de sus derechos, sostuvo la autoridad.
El Consejo se reunirá en los recintos carcelarios y convocará a los presos, “quienes tienen que dar sus argumentos de que está mejorando su comportamiento dentro de la cárcel”. La calificación que obtengan les permitirá solicitar beneficios como el extramuro, que consiste en que los presos sin sentencia o detenidos preventivamente puedan defenderse en libertad provisional.
Llanos explicó que lo único que hará el Reglamento es poner en marcha un mecanismo inscrito en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario que, entre otros aspectos, señala que la función del Consejo es realizar una clasificación de los condenados en el régimen y, en el período del sistema progresivo que les corresponda, emitir los informes que solicite el Juez de Ejecución Penal respecto a la evolución del condenado.
También dispone que para la aplicación de beneficios penitenciarios, debe proponer programas de tratamiento vinculados a trabajo, educación y salud, elaborar tablas de calificación y conceder las recompensas previstas en la norma.
En Bolivia, hasta el 8 de agosto fueron reportados 13.500 privados de libertad en los diferentes recintos penitenciarios, la mayoría sin sentencia ejecutoriada.
Llanos añadió que la evaluación se aplicará desde el momento en que el privado de libertad sea internado en un centro de reclusión. “Desde el inicio se va a hacer la evaluación de cada persona permanentemente. Cada seis meses habrá un nuevo cómputo para ver cómo está trabajando (el interno en su comportamiento)”, precisó.
También dijo que se establecerán normas para los funcionarios del penal y para los visitantes, aunque evitó dar mayores detalles sobre estos aspectos.