El ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín, por su lado, dijo que los representantes legales de los medios afectados pueden solicitar al juez instructor la declinación del proceso y que éste pase a un Jurado de Imprenta. Añadió que los sindicados, en el actual estado del proceso, no pueden desconocer la competencia de la vía ordinaria a la que acudió el Gobierno.
“El juez instructor, que hace la labor de controlar la acción del Ministerio Público, es el que en definitiva determinará si corresponde que el Ministerio Público lleve adelante esta acción o (que) no corresponde”, opinó Uribe, quien ayer presentó a la Asamblea Legislativa su documentación para postularse al cargo de Fiscal General del Estado.
Consultado sobre la decisión del director de la Agencia de Noticias Fides (ANF), José Gramunt, de desconocer la jurisdicción ordinaria, Uribe destacó: “Ese punto es el que debe dilucidar el Juez Contralor de los Derechos y Garantías Constitucionales. Él dirá si es competente o no es competente esta vía”.
Albarracín recordó que la propia Constitución, en su artículo 171, establece la primacía de la Ley de Imprenta en todo lo relativo a “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación”.
El artículo 171 de la Carta Magna también señala que una información debe respetar los principios de veracidad y responsabilidad, y que “estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”, siendo ésta la Ley de Imprenta, destaca el ex Defensor del Pueblo.
Proceso. El Gobierno denunció ante la Fiscalía la publicación de notas sobre el discurso del Presidente el 15 de agosto en Tiwanaku. En esa ocasión, ANF tituló “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”. Esta información luego fue replicada por el matutino Página Siete, que tituló “Evo acusa de ‘flojos’ a los habitantes del oriente”, y por su parte, El Diario señaló que “Evo dice que el oriental es flojo y le critican por discriminador”.
Esa fecha, Morales dijo: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento; mientras en el altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.
Los gremios periodísticos se movilizaron ante el proceso iniciado por el Gobierno contra ANF, Página Siete y El Diario. El Ejecutivo denunció a dichos medios por “difusión e incitación al racismo o la discriminación”. (Art. 281 del Código Penal). La Fiscalía inició su investigación enviando requerimientos fiscales a la agencia informativa ANF y las televisoras Unitel, ATB y Bolivia Tv.
La SIP se pronuncia
Crítica
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un “acto de intimidación, censura y precedente negativo para la libertad de expresión” la denuncia que instaló el gobierno de Evo Morales contra tres medios.