Exfiscal del caso Octubre: el rechazo a la extradición de Goni es una decisión política apoyada en argumentos de fondo
En 2011, la justicia condenó al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros Flores, y al excomandante del Ejército Juan Véliz Herrera, a 15 y a seis meses de prisión, respectivamente. El excomandante de la Fuerza Naval, almirante José Aranda Granados, recibió una pena de 11 años de cárcel, el exjefe del Estado Mayor Gonzalo Alberto Rocabado fue condenado a 10 años, al igual que el excomandante de la Fuerza Aérea José Osvaldo Quiroga. Los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara recibieron una pena de tres años de presidio.
Tras la confirmación de que Estados Unidos determinó rechazar la demanda boliviana de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, La Razón Digital conversó con el exfiscal Milton Mendoza, quien se hizo cargo en 2005 del juicio contra los responsables de los luctuosos hechos de octubre de 2003. En esta conversación, explica que no está descartada la posibilidad de que reciban el mismo trato otros acusados en este caso y que fijaron residencia en ese país. Esta la entrevista sostenida con Mendoza.
-Usted trabajó en el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada; la decisión de Estados Unidos ¿podría extender a Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague?
Dependiendo de dónde viene el rechazo. Si el rechazo viene del Departamento de Estado, pensaríamos que las tres solicitudes fueron rechazadas, pero si proviene de un tribunal o una Corte de justicia, no. Cada Estado confederado, en este caso de Virginia, Florida y California (donde están los tres solicitados por Bolivia) tienen una legislación particular, por lo tanto un tratamiento distinto; entonces, hay que confirmar esa información para ver si solamente compromete a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín, pero en el fondo es lo mismo.
Si bien esta información nos indigna, no nos sorprende porque desde el primer momento había un grado de protección a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, al extremo de declarar asilado político a Sánchez Berzaín. Además, hay que considerar que uno de los más importantes asesores del señor (Barak) Obama -tanto en la campaña como en la administración Obama- Gregory Gregg, fue abogado de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El abogado emprendió una campaña para señalar que su defendido era un perseguido político; entonces ha habido una dejadez de nuestros diplomáticos y la Cancillería porque las batallas no sólo lo podemos ganar al interior de nuestro país, como pasó el año pasado con la sentencia (a la cúpula militar y dos ministros), sino también fuera de nuestras fronteras.
No se trabajó muy bien en el caso de Sánchez de Lozada, debieron trabajar en decir que no era un perseguido político, sino que los muertos y heridos eran consecuencia de la intervención militar por decisión del entonces Presidente.
-¿Qué pudo haberse hecho mal en el pedido de extradición?
La decisión en este tipo de casos siempre es política, obviamente tiene un contexto jurídico, pero la decisión de fondo es política; no compromete ni a instituciones ni a estados, sino a gobiernos. Se ha trabajado muy bien, hasta prolíficamente con el pedido de extradición, con un asesoramiento de abogados entendidos en Derechos Humanos. Incluso hemos tomado la legislación de cada uno de los estados, pero la decisión es lamentablemente política más allá de los esfuerzos que podamos hacer.
Fuera de nuestras fronteras, quienes tienen que intervenir son nuestros embajadores para hacer que estos casos tengan una connotación de Estado a Estado. Un ejemplo es lo que pasó con Cuba y Luis Posada Carriles, han hecho cuestión de Estado sobre la extradición, pese a que Estados Unidos negó la extradición; lo mismo pasó con Fujimori en Chile.
Lo que sucedió con el expresidente, es que la Cancillería fue un currier (para enviar la documentación), cuando el papel era otro.
-¿Cuál cree que fue el argumento jurídico para rechazar la extradición?
Puede haber el rechazo de forma y de fono. Si es de fondo, podrían apelar a la definición de genocidio porque de acuerdo al tratado bilateral un país puede ser recíproco en el pedido de extradición si el delito está tipificado como tal en el otro país, es decir en ambos países; entonces, tuviéramos que tener la misma tipificación, pero para nosotros la masacre sangrienta es una modalidad de genocidio.
Probablemente ese podría ser un argumento de fondo o tal vez hay argumento de forma. Si son de forma son remediables porque se los puede subsanar y cumplir. Hay que analizar muy bien el nivel de rechazo de las autoridades norteamericanas para emitir un criterio.
En todo caso, el expresidente sigue siendo un prisionero de Estados Unidos porque no puede salir de ese país. Está vigente un mandamiento (de apremio) internacional porque lo que si sale a otro país podemos iniciar otro proceso de extradición.
-Si trabajaron con meticulosidad y revisaron la legislación de los estados en el país del norte, donde no existe la tipificación de genocidio, ¿por qué se insistió en esa figura jurídica?
No es que no existe. La definición de genocidio es distinta en cada país. Nosotros tenemos una particularidad en el tema de masacre sangrienta, porque la masacre sangrienta es lo que ha sucedió en septiembre y octubre de 2003, es genocidio. Probablemente para algunos estados esa definición no sea tan exacta, no es que no existe. El genocidio existe acá, la muerte sistemática de personas y el ataque a población civil.
Si usted pone de que en Estados Unidos no existe la tipificación de genocidio, eso es mentira, hay una tipificación de genocidio, pero puede ser una interpretación en el sentido de que lo sucedido en septiembre y octubre de 2003 no encajaría (en el país del norte) en su definición de genocidio, estoy especulando, no digo que eso sea verdad.
Además, en esto ha trabajado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Chaparina (represión policial a indígenas en septiembre de 2011) no hay muertos pero a través de la ilustración y la jurisprudencia que nos da la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos decir que hubo un ataque a población civil y la comisión de delitos de lesa humanidad.
-Cuando dejó el caso, ¿en qué situación se encontraba el trámite de extradición?
Lo que conocemos es que fue enviada la solicitud de extradición a principios de 2007. El Departamento de Estado lo paso al Departamento de Justicia, lo que quiere decir que ya se hizo una revisión técnica, porque es más fácil devolver un trámite cuando existen deficiencias técnicas. Cuando es una decisión de fondo, es una decisión política y lo que hacen generalmente los estados es esperar oportunidades políticas.
Lo que sabemos es que pasó al Departamento de Justicia, que extrañamente lo envía nuevamente al Departamento de Estado; ese era el trámite hasta julio del año pasado. Ellos deberían pasar el caso a un juez, a un tribunal del Estado en el que radican los acusados, para que tramite esa extradición y decida sobre la viabilidad o no.
Paso de un departamento de Estado a otro por una orden, no por una exhortación. El Departamento de Estado es como la Cancillería y el Departamento de Justicia como el Ministerio de Justicia. Cuando un trámite no es devuelto de forma inmediata o en los dos primeros años, quiere decir que no tiene observaciones técnicas; entonces es una decisión política porque lo técnico ya fue superado.
-Entonces, los argumentos para el rechazo apuntarían a temas de fondo
Imagino que sí, mas es una decisión política. La administración Obama ha considerado que la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada no va, son soberanos en sus decisiones. Ahora habrá que revisar el fallo y ver qué se puede hacer, repetir el tema de extradición o buscar alianzas con países con los que haya coincidencia en la búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad, eso es parte del juego del derecho internacional.
-El presidente Evo Morales decía que los militares fueron mal utilizados, ¿qué opina?
Por supuesto que han sido mal utilizados, porque los militares están para defender la patria frente a un ataque internacional, de ninguna manera para atacar a la población civil. Han sido mal utilizados, pero eso no los exime de la responsabilidad.
Es responsable tanto el que ordena como el que ejecuta; estamos responsabilizando a los altos mandos militares, comandante en Jefe, comandante del Ejército, de la Naval y de la Fuerza Aérea, que tenían la posibilidad y autoridad de discernir las ordenes si son buenas o malas, ellos son los asesores técnicos del Presidente. Fueron mal utilizadas, pero no los exime de la responsabilidad.
-El rechazo a la extradición del expresidente, ¿es un precedente que puede replicarse en el caso de Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague?
Sin duda, es un antecedente muy fuerte, no creo que varíe.
