El defensor del Pueblo, Rolando Villena, exhortó al Gobierno apelar a la vía diplomática para lograr que la administración Barack Obama revierta la decisión de negar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los principales acusados por la violencia y muertes de octubre 2003.
El rechazo a la solicitud de la justicia fue justificado en el hecho de que los nueve delitos por los cuales se imputa al exmandatario no tienen similar tipificación en cuanto al delito y la sanción en la economía jurídica estadounidense, entre ellos que no hay responsabilidad política en lo que hagan las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Exhortamos al Estado Plurinacional a que extreme los esfuerzos a su alcance y que continúe con las gestiones diplomáticas pertinentes para que se revierta la decisión norteamericana, reparando los errores de procesos, adecuando sus gestiones la normativa internacional, pero sobre todo apelando a la conciencia de las naciones del mundo que creen en la justicia y la igualdad”, refiere un comunicado del Defensor del Pueblo.
La administración del presidente Evo Morales anunció ayer que analizará solicitar a Washington la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una comisión interministerial analizará los pasos a seguir.
En los luctuosos hechos de octubre de 2003 fueron victimadas 67 personas y otras cientos resultaron heridas como consecuencia de la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar un descontento social que exigía su dimisión. El exmandatario no pudo contener el descontento y renunció al cargo, poco después huyó al país del norte.
La Fiscalía inició el 2008 el proceso de extradición del exmandatario, como de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, también radicados en Estados Unidos. La Razón Digital reveló el jueves el rechazo a la solicitud, hecho que fue confirmado el viernes por Morales.
“La impunidad es una de las peores consecuencias de la injusticia y la desigualdad en el mundo y cuando se impone, muestra claramente que ciertas personas, grupos o países que detentan el poder de la fuerza, pueden burlar o hacer escarnio de las leyes y los acuerdos sobre los derechos humanos fundamentales”, expresó el Defensor del Pueblo.
La decisión del sistema judicial estadounidense en este caso, manifiesta una posición política que, basándose sólo en el análisis de los procedimientos administrativos, intenta soslayar la consideración de fondo, es decir que en Bolivia, durante octubre de 2003, se planificó, organizó y ejecutó un plan de violencia de Estado, refiere el documento.
Además sostiene que, como institución de defensa de los derechos humanos, “realizaremos las gestiones de apoyo ante instancias defensoras de los derechos humanos de la región, para que conjuntamente podamos pedir al gobierno de los Estados Unidos que reconsidere esta injusta y desafortunada decisión”.