Hasta la fecha habrían perdido la vida 12 personas más, de las que fueron afectadas en la represión militar durante el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es lo que informa la presidenta de la Asociación de Heridos y Afectados de Octubre de 2003, Elena Cullagua.
Esos fallecidos se suman a los 60 que se registraron hace nueve años. “Entonces, ya son 72 los muertos de octubre y lo peor es que hasta ahora no se ha enjuiciado a Goni, que es el principal responsable. Esperamos que pronto se haga justicia para ellos”.
Casos. La dirigente explica que las secuelas en las lesiones de los heridos, en muchos casos, se fueron agravando de tal manera que se tornaron irreversibles ya que no fueron atendidas a tiempo por falta de recursos.
“De los fallecidos, todos son varones. Por ejemplo, recuerdo el caso de Eulogio Samo Samo, quien recibió un balazo en el brazo y otro en la pierna que se le comenzó a gangrenar; por eso se empezó a deprimir y se dedicó a la bebida. Su situación empeoró mucho y llegó a fallecer”.
Asimismo, la dirigente recuerda el caso de Casimiro Trujillo, otro herido en la masacre de 2003 que murió tras permanecer en estado de coma por más de cuatro semanas. Agrega que tras enterarse del rechazo a la extradición de Sánchez de Lozada, la asociación ingresó en estado de emergencia, por lo que anunció medidas de presión y coordinar acciones con el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Cancillería para que el exmandatario purgue una condena en Bolivia.
Cullagua sostiene que si bien se aprobó una ley para brindar ayuda humanitaria a las víctimas de la masacre, no todos fueron beneficiados. Sólo 150 personas recibieron recursos económicos provenientes del IDH, ya que el resto —dice— no logró calificar.
“Somos más de 450 heridos y como muchos perdieron sus fuentes de trabajo y no calificaban, decidieron salir del país o irse a otras ciudades a buscar alternativas. Los heridos leves recibieron unos 5.000 bolivianos; los graves recibieron entre 12 mil y 15 mil bolivianos, y los gravísimo recibieron entre 30 mil y 50 mil bolivianos, de acuerdo con la gravedad de sus lesiones”, detalla.
Juan Patricio Quispe, otro dirigente de las víctimas de octubre de 2003, refiere que no descansará hasta que sean sancionados los principales responsables, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.
“Obviamente, que se haya negado su extradición es un balde de agua fría para nosotros, pero también supone este tipo de respuesta porque Estados Unidos siempre ha encubierto este tipo de genocidios, pero nosotros seguiremos exigiendo la extradición de cualquier forma”, lamenta.
La Defensoría del Pueblo calificó de “política” la decisión de EEUU de negar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y exhortó al Gobierno a recurrir a la vía diplomática para lograr que la administración de Barack Obama revierta esta determinación.
EEUU no observa el genocidio
El Estado puede volver a tramitar la extradición, dice el exfiscal del caso Milton Mendoza, porque la administración de Barack Obama no observa el delito de genocidio, principal acusación contra Goni.
No hubo estrategia diplomática – Raúl Prada Alcoreza
El proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada ha entrado en profundas contradicciones; se debió contratar a buenos abogados internacionales, hacer un seguimiento, tener una política clara, pero no pasó. No es ninguna sorpresa que no se haya podido hacer un seguimiento y se haya tenido los resultados que tenemos: no haber podido ejecutar la extradición desde los Estados Unidos.
De 2009 a 2012, el Gobierno lo único que hace es administrar la crisis y no cumplir con la agenda de Octubre. De 2006 a 2009 hay una parcial nacionalización de los hidrocarburos, pero por lo menos se trata de cumplir.
En ese contexto, no se puede esperar que haya hecho un buen seguimientode los responsables de la masacre de 2003, ya que el Gobierno no tiene ninguna estrategia política vinculada a la Constitución, que sigue cumpliendo con el modelo extractivista.
Entonces, no podemos esperar tampoco algo detallado para extraditar a Goni y a todos los responsables porque, en realidad, es un gobierno que no tiene un cambio y no ha logrado construir una estrategia diplomática.
Raúl Prada Alcoreza fue asambleísta por el MAS.