La Iglesia católica pidió este lunes al gobierno de Bolivia que, «en aras de crear un clima de paz en el país» y como «gesto de reconciliación», propicie «un indulto o la amnistía» en favor de procesados, encarcelados o exiliados por causas políticas.
Según la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), «muchas personas se sienten perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país, y lo más aberrante es que se utilice a la justicia para tal cometido».
Además «muchas otras personas, encarcelados, exiliados, refugiados políticos, están sufriendo porque no hay garantía de un justo juicio y por el retardo de la justicia» a la hora de abordar los casos, señaló la CEB a través de un comunicado leído en rueda de prensa por su secretario general, monseñor Oscar Aparicio.
Por esta circunstancia, los obispos sugirieron, «en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos».
Los obispos consideran además que «es urgente que el ejercicio de la justicia sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales que establezcan la verdad de los hechos».
La Iglesia católica mencionó como caso puntual «la demanda judicial que autoridades gubernamentales han instalado en contra de tres medios de comunicación», a los que acusa de «racismo o discriminación» por haber supuestamente distorsionado un discurso presidencial.
La CEB, que en 2011 alertó también al respecto, afirmó que «este escenario, lejos de mejorar, ha ido empeorando, poniendo en grave riesgo la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad».
Desde 2006, cuando el presidente Evo Morales asumió su primer mandato, muchos políticos han salido del país como refugiados o autoexiliados, entre ellos el excandidato de derecha Manfred Reyes Villa o el exgobernador liberal de Tarija, Mario Cossío, a quienes procesa la justicia por delitos contra el Estado.
Por otra parte, el senador de derecha Roger Pinto permanece en la embajada de Brasil en Bolivia desde mayo a la espera de un salvoconducto de salida del país, a pesar de que Brasilia le concedió asilo.