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martes 20 abr 2021 | Actualizado a 04:00

Gobierno proyecta aplazar control de la FES y regularizar desmontes

Flexibilización. El objetivo es asegurar la soberanía alimentaria, dijo Teresa Morales.

Regalo. El presidente Morales entregó ayer computadoras a maestros de Montero. Foto: ABI.

/ 23 de septiembre de 2012 / 04:15

El Gobierno remitió a la Asamblea dos anteproyectos de ley a favor del sector agropecuario. Uno plantea ampliar a cinco años la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES) de la tierra, y otro, la regularización de los desmontes.

Los anteproyectos de Ley de Apoyo a la Promoción de Alimentos y Restitución de Bosques en Áreas Especiales y de Ajuste Temporal a la Verificación de la FES fueron presentados por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, en el marco de los festejos por el 202 aniversario de la gesta libertaria cruceña.

La primera propuesta —que flexibiliza el artículo 2 de la Ley INRA— amplía el plazo de verificación de la FES, que por ley debe efectuarse cada dos años.
 “A partir de la promulgación de la norma, es decir desde esta gestión, se realizará la verificación cada cinco años”, explicó Morales.

Los beneficiarios son los propietarios de medianas propiedades y empresas tituladas, sin embargo, el INRA podrá hacer verificaciones excepcionales en los siguientes casos: a denuncia justificada de incumplimiento formulada por los movimientos sociales, cuando el INRA tenga información de acaparamiento de tierras improductivas, en casos de delitos de la Ley 1008, la existencia de relaciones servidumbrales y en predios situados a 50 kilómetros de la frontera.

 El segundo anteproyecto —que modifica el artículo 75 de la Ley Forestal— plantea dar una amnistía a los productores que procedieron al desmonte ilegal en sus propiedades. Los infractores deben acogerse de forma obligatoria a un programa de seguridad alimentaria para evitar la reversión de sus tierras y las multas.

Los beneficiarios “deben comprometerse a producir los alimentos estratégicos que determine el Gobierno y a elevar la productividad por hectárea entre 25% y 40%, y también a reforestar algunas áreas de su propiedad”, dijo la ministra, quien después precisó que la propuesta toma en cuenta sólo a los desmontes efectuados antes de la promulgación de la ley.

También fija una tabla diferenciada de multas por hectárea para quienes se inscriban en el programa y no cumplan sus compromisos —empresas medianas de explotación forestal permanente $us 60, empresas medianas de usos múltiples $us 40, pequeñas propiedades $us 30 y comunidades $us 10—.  “El objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y ser totalmente soberanos en alimentos estratégicos”, sostuvo Morales, que luego hizo hincapié en los logros del país en esta materia.

Alcalde es distinguido en sesión deslucida

El Concejo entregó anoche la polémica declaración de Hijo Ilustre de Santa Cruz al alcalde Percy Fernández, durante la sesión de honor por la efeméride departamental en la que se entregaron otros 20 reconocimientos a personas e instituciones regionales.

La ceremonia se realizó sin los invitados principales: el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, quienes delegaron su representación a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de  Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y a la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, respectivamente.

Como estaba anunciado, tampoco asistieron el gobernador Rubén Costas ni el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Diez, distanciados de Fernández por su acercamiento al MAS.

Por la tarde, el Jefe del Estado garantizó $us 122 millones para la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní y firmo el decreto que autoriza la exportación de 50 mil toneladas de azúcar.

Almaraz ve retroceso en el proceso de cambio

El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz —distanciado del MAS— dijo que los proyectos de ley anunciados por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, ya fueron mencionados en la Cumbre Social de Cochabamba, en 2011, y que aprobarlos marcaría un retroceso en el proceso de cambio, pues concretaría preacuerdos con empresarios.

“Una norma que vaya a plasmar preacuerdos con el empresariado es prebendal”, dijo. El hecho de que se fije, por ejemplo, revisiones de la Función Económica Social (FES) cada cinco años, se traduciría en que, en ese periodo, no habría posibilidad de revertir esas tierras. “En esos cinco años puede ocurrir lo contrario de lo que ha manifestado el Gobierno como propósito, que es asegurar la producción”, señaló Almaraz.

Respecto a la posibilidad de que el Estado acuerde el uso que se le dará a los desmontes ilegales, indicó que el “perdonazo” tiene la finalidad de evitar la redistribución de la tierra y que es injusto que quien tuvo tiempo para cumplir la FES y no lo hizo, pueda tener nuevas oportunidades.

“Esa tierra debe retornar al Estado para que la redistribuya a comunidades (…) con las que pueda acordar el uso productivo, brindando el apoyo técnico financiero”, expresó y agregó que es una “traición al proceso de cambio”.

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Suxo niega apoyo a tres abogados ligados a extorsión

La Ministra de Transparencia cree que el exministro Chávez se confundió al decir que ella abogó por los principales acusados del grupo ilegal que operó en el Ejecutivo

Santa Cruz. Nardi Suxo, ayer, tras declarar ante fiscales del caso Extorsión.

/ 27 de diciembre de 2012 / 06:15

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, que declaró ayer ante la comisión de fiscales de Santa Cruz que investiga la red de extorsión, negó haber intercedido por los exabogados del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas, implicados con el grupo delictivo.

El cuestionamiento surgió después que el exviceministro de Gobierno Wilfredo Chávez ratificara que Suxo le pidió que no cambie de funciones a Rivera y Rodas, exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y hoy encarcelados en Palmasola, porque le “ayudaban” en sus procesos. Además había intercedido por Villegas.

Chávez hizo esas afirmaciones en su declaración ante la comisión de fiscales el 20 de diciembre. “Recuerdo que a los días de haber ingresado (como Ministro de Gobierno), al salir del gabinete de ministros, comenté la intención de cambiar a los doctores Rodas y Rivera; en ese momento la doctora Nardi Suxo me indicó que ellos le apoyaban mucho en sus procesos y que los mantenga; con relación a Boris Villegas me dijo puntualmente que si yo lo retiraba, lo llevaría a trabajar con ella”, manifestó.

Respuesta. Al respecto, Suxo aseveró que: “Él (Chávez) se habrá confundido porque como abogados sabemos perfectamente que cada ministro tenemos (sic) nuestras atribuciones debidamente establecidas en el decreto de organización del Órgano Ejecutivo, entonces yo mal podría haber dicho deje, ponga o saque”.

A fines de noviembre, autoridades del Ministerio de Gobierno afirmaron que desarticularon una red de extorsión que operaba en ese despacho y en la cartera de la Presidencia, en la que Rivera, Rodas y Villegas eran cabecillas. Dijeron que ése era el resultado de un seguimiento al caso judicial del estadounidense Jacob Ostreicher, a quien le habrían pedido $us 50 mil para sacarlo de la cárcel.

Suxo, que declaró ayer en calidad de testigo al igual que su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el embajador ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, desvirtuó cualquier relación con los tres acusados. “Es más, no los conocía y sólo los he visto a través de los medios de prensa”, subrayó.   

Al ser consultada sobre reuniones con el exfiscal Isabelino Gómez, también implicado con la red de extorsión y detenido en Palmasola, Suxo reconoció que mantenía reuniones con los fiscales de distrito en el marco de la coordinación institucional. “Me reunía con la fiscal Arminda Méndez, Jaime Soliz e Isabelino Gómez y lo sigo haciendo con otras autoridades del Ministerio Público de todo el país, e incluso con el Fiscal General, a quien le he entregado denuncia contra funcionarios de esta institución”.

Sobre la red de extorsión denunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se enteró a través de los medios de comunicación y felicitó a su colega. Según Suxo, el 18 de septiembre tomó conocimiento de la venta ilegal del arroz confiscado a Ostreicher. Indicó que la ilegalidad habría sido cometida por exfuncionarios de la Dirección de Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y por eso realizó el seguimiento.

Denuncia. Suxo cree que su nombre ha sido utilizado por algunas personas de manera irregular y recordó que en dos oportunidades, a través de los medios de difusión, hizo referencia a este asunto y solicitó que también se denuncie estos hechos.  

“He dicho todo lo que tenía que decir ante los fiscales que recibieron mi declaración en calidad de testigo, ahora ellos son los encargados de evaluar la misma; yo estoy dispuesta a seguir coadyuvando en el proceso”, manifestó la ministra.

“En torno a mi renuncia al cargo, voy a esperar lo que diga el presidente Evo Morales, siendo que es el único que puede decidir sobre el futuro de un ministro. Estoy tranquila porque he actuado con la ley en la mano y defendiendo los intereses de los bolivianos”, agregó la autoridad.

Suxo remarcó que la dura lucha contra la corrupción tendrá consecuencias para las personas que tratan de llevar adelante esta práctica en el servicio, sobre todo, público. El fiscal Ángel Álvarez, miembro de la comisión investigadora, indicó que las tres declaraciones recibidas ayer les permitirá contar con mayores elementos para avanzar en la averiguación. “Con seguridad se citarán a otras personas a fin de tener mayor información, porque se trata de un caso complejo”, adelantó.

Suman las denuncias en contra

Gustavo Céspedes (hombre de confianza de los abogados Denis Rodas y Fernando Rivera) también involucró a Nardi Suxo con la red de extorsión. Declaró que le prometieron trabajo en Migración y que estaban “respaldados” por Suxo, según reportó El Deber. Además, el exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico refirió que la red tocó a mandos medios del Ministerio de Transparencia.

La citarán en caso Inalco

El Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados anunció ayer que convocará para enero a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, para que declare por una denuncia interpuesta por legisladores de la oposición referida al supuesto desfalco de dinero en el Instituto Nacional de Cooperativas (Inalco).

El caso se remite a un proceso llevado adelante por la Justicia en la que se denunció a Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez, supuesto exesposo de Suxo, por el desfalco de Bs 30 millones de Inalco y que, tras las investigaciones y posterior juicio concluido en 2011, se determinó que el mismo sea absuelto.

No obstante, una resolución emitida este año por la Sala Penal 1ª del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló esa sentencia y ordenó que se proceda a sentenciar a Miranda por ser el principal responsable del hecho.

Los diputados Adrián Oliva (CN), Felipe Dorado (CN) y Álex Orozco (CN) instauraron ante el Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja un proceso por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia Maritza Suntura y Pastor Mamani, por beneficiar a Miranda con un fallo en este caso.

“En el Comité de Ministerio Público, los primeros días de enero, la vamos a convocar a ella (Suxo) para que venga a presentar su declaración informativa. Es porque dos diputados han presentado una denuncia en cuestión de que hubieran favorecido dos magistrados al esposo de la ministra Nardi Suxo y nosotros tenemos que convocar a esas personas”, dijo el diputado Rodolfo Calle (MAS), secretario del comité.

Por este caso están sentenciados con pena privativa de libertad David Márquez Salazar, exdirector nacional de Inalco, con nueve años; Édgar Márquez Salazar, con cinco años; Guido Antonio Nájera, con cuatro años; Marco Augusto Calliconde, con cuatro años y cinco meses; y Félix Antezana Pinto, con cuatro años y siete meses.

Cívicos de Santa Cruz critican la investigación

Cívicos cruceños manifestaron su decepción por la falta de avances en la investigación que busca dar con los responsables de la red de extorsión conformada por funcionarios del gobierno de Evo Morales.

Creen que se protege a involucrados que ocupan cargos jerárquicos en el Órgano Ejecutivo. “Con lo que pasó en el Legislativo he quedado completamente decepcionado, no tengo ninguna esperanza que esto progrese. Simplemente van a cambiar de matón, esto es matonaje y va a continuar así”, afirmó ayer el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Herland Vaca Díez, en una conferencia de prensa.

En criterio del líder regional, este grupo ha tenido como función amedrentar a los líderes del oriente y particularmente de Santa Cruz con el visto bueno de altos funcionarios de gobierno. Por esa causa lamentó que “los de arriba” ahora nieguen responsabilidad en actos de funcionarios que ellos han designado y de los que han avalado acciones.  “Lo primero que ha debido haber es una crisis de gabinete y determinar quiénes se van junto a los exfuncionarios, claro que sí. Cómo no va a haber crisis de gabinete o un reemplazo automático”, aseveró el líder cívico cruceño.

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