A un año de la represión policial contra indígenas en Chaparina, Beni, el Defensor del Pueblo denunció que los responsables intelectuales y materiales de esos sucesos están protegidos por “las formas y procedimientos” del sistema judicial y que la actuación de la Fiscalía da “señales de encubrimiento”.
El 25 de septiembre de 2011, en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni), la Policía reprimió a los indígenas que descansaban en el lugar en una pausa en su caminata hacia la ciudad de La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en contra de la construcción de una carretera por medio del reservorio.
Los indígenas fueron amordazados y maniatados con cinta masquin, y obligados a subir a buses dispuestos para trasladarlos hasta sus lugares de origen.
“Ha pasado un año desde entonces y la justicia sigue pendiente. Un año en que los culpables materiales e intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos e ignora voluntariamente que estamos ante un caso evidente de vulneración de los más elementales derechos humanos que no admite ninguna explicación ni justificación”, cuestionó el Defensor del Pueblo en un comunicado.
Esa institución presentó, en noviembre de 2011, un informe sobre lo ocurrido en Chaparina, en el que vinculó con los hechos a 18 personas entre autoridades civiles, policiales y funcionarios del Gobierno, entre ellos al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien posteriormente fue excluido por la Fiscalía de las investigaciones.
“Sin embargo, no hemos encontrado en el Ministerio Público la respuesta que la misma ley ordena. Incluso pese a nuestra censura pública al Comandante de la institución policial y la denuncia contra la Fiscal de Distrito, nos han dado señales que pueden considerarse como encubrimiento”, refiere el documento.