Esta semana, las brigadas del Ejecutivo prevén ingresar a unas cinco comunidades del TIPNIS para hacer la consulta; por estrategia, los nombres de las comunidades se conocen sólo horas antes de ejecutar el proceso, para evitar bloqueos o agresiones por parte de dirigentes y activistas.    

“Hay un promedio de tres comunidades para hacer la consulta y, de acuerdo con la cercanía, se puede llegar hasta cinco comunidades por semana; sin embargo, el cronograma es un tema de información que da el Ejecutivo horas antes del ingreso”, explicó Juan Carlos Pinto, director nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Supremo Electoral, entidad encargada de observar el proceso.

El funcionario explicó que el hecho de no conocer, sino hasta el último momento, los nombres de las comunidades a las que se ingresará, responde a una estrategia del Gobierno para evitar bloqueos o agresiones por parte de dirigentes indígenas y activistas que resisten la consulta.

Acción. “Además de tener dificultades geográficas y de acceso a las comunidades, se teme que estos señores activistas o dirigentes, que quieren impedir el proceso, puedan llegar a las comunidades y generar niveles de agresión y de confrontación (…), eso no es deseable. Esto se va a evitar en todo momento, porque es un escenario que ellos quisieran tener para desvirtuar el mismo proceso de la consulta”, agregó el director del Sifde.

Hasta la pasada semana, las brigadas del Ejecutivo llegaron con la consulta a 44 comunidades, las que rechazaron la Ley 180 de Intangibilidad; de ese total, 43 avalan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el centro del TIPNIS y una pidió un trazo alternativo.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, señaló que esa cantidad representa el 64% de las 69 comunidades que deben ser consultadas hasta diciembre.

Pinto aseguró que el trabajo continúa, aunque reiteró que existen contingencias, pese a que en la mayor parte de los casos se ingresa por vía aérea. Relató que la pasada semana, cuando se intentaba llegar a la comunidad número 45, la brigada que ingresó en helicóptero se perdió debido a algunas imprecisiones geográficas; tuvo que volver sin hacer la consulta.

“Creemos que eso debería subsanarse en el tiempo. Es un problema sobre todo logístico: moverse por ríos, tierra y aire, más aún llevando carga que debe ser parte del proceso, es decir, implementos que hacen la labor de consulta como cuadros de información, aparatos, etc.”, indicó Pinto.
Ante el bloqueo en algunas comunidades, el Ministro de Obras Públicas indicó que se estudia la posibilidad de realizar la consulta en comunidades aledañas a aquéllas donde no haya condiciones para hacerlo. “La idea es que indígenas de comunidades que están bloqueadas se trasladen a otro lugar” para participar del proceso, dijo.

El diputado Pedro Nuni (MAS) aseguró que el Gobierno pretende vulnerar la ley y encubrir la inconstitucionalidad del proceso. “Se podría malinterpretar y alterar muchos datos que deben ser hechos con transparencia”.

En esa línea, el dirigente de la Cidob Lázaro Tacoó dijo que “la consulta no es extraterritorial, sino que se hace en el lugar, en la comunidad”.

Rechazo a la consulta

mayoría
El presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, dijo que comisiones de indígenas, tras un recorrido por el TIPNIS, establecieron que 52 de las 69 comunidades no aceptan la consulta. El Sifde rechazó los datos e informó que con el proceso se llegó a 44 pueblos.

Se castigará a indígenas por usos y costumbres

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, anunció que las familias indígenas o personas individuales que salgan de sus comunidades a otras regiones para ser parte del proceso de consulta, serán castigadas según los usos y costumbres que se aplican en esa región.

El dirigente detalló que recibirán latigazos y no descartó que se los expulse de sus tierras.

“Si salen, van a salir personas a nombre de las comunidades, pero lo que les va a esperar en su comunidad es el castigo por usos y costumbres. Se van a llevar la arroba de huasca y expulsión de su territorio, eso se llama corrección; por decir, si un corregidor va y son 50 o 60 corregidores, recibirá un chicotazo por cada uno”, dijo.

Violencia. Al respecto, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, deploró la actitud, calificándola como una acción violenta usada por algunos dirigentes sólo para conservar el liderazgo que han perdido en el último tiempo.

“Lo que sucede es que (los dirigentes) asumen una actitud violenta con sus propias bases porque han perdido la credibilidad al interior de los pueblos del TIPNIS; entonces tratan de mantener un liderazgo a plan de amenazas y acciones violentas”, afirmó.

Traslado no obliga a modificar la ley

La Ley 222 no impide  consultar fuera del TIPNIS, opinan legisladores.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, aseguró que no se precisa modificar la Ley 222 de Consulta en el TIPNIS para trasladar el proceso a Trinidad o a comunidades aledañas donde no se registran acciones de resistencia.

“No se necesita ninguna modificación, porque en la Ley 222 no se habla del lugar ni de nada, se habla del respeto a las instituciones propias de los pueblos indígenas. Si existe una presión interna de parte de algunos dirigentes indígenas defendiendo intereses personales sobre las comunidades y éstas solicitan que se cambie el lugar de la consulta, así se tendrá que hacer”, explicó Montaño.

Norma. La legisladora agregó que el Estado garantizará que todo aquel que quiera participar de la consulta lo pueda hacer en su comunidad o fuera de ella, porque “la gente del TIPNIS tiene derecho a que se escuche su voz”.

“Es un tema operativo, no es un tema que deba ser tratado en asamblea; las comunidades así lo están solicitando y quieren participar de la consulta y el Estado buscará todos los mecanismos para que puedan hacerlo”, reiteró.

Por su parte, el diputado Galo Bonifaz (MAS) ratificó que el proceso concluirá el 7 de diciembre “dentro o fuera” del territorio indígena, a pedido de los comunarios.

“Se está avanzando de manera paulatina y responsable, eso significa que hasta el 7 de diciembre, cuando vence el plazo, vamos a tener concluida la consulta, dentro o fuera del territorio; es un derecho de los indígenas”, señaló.

En tanto, el diputado Andrés Ortega criticó el traslado y anunció un viaje de opositores al lugar. “No hay un escenario donde podamos decir cuál ha sido el verdadero sentido y procedimiento de la consulta. Enviaremos una comisión para observar aquello”.