La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), dividida entre afines y contrarios al Gobierno, celebró ayer 30 años de vida. El sector liderado por Melva Hurtado realizó su acto con la presencia del presidente Evo Morales; Adolfo Chávez organizó el suyo junto a sus seguidores.
En julio, Hurtado fue elegida presidenta de la Cidob, en reemplazo de Chávez, por una Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI). En agosto, una V Comisión Nacional de al menos diez regionales ratificó a Chávez como presidente.
En el acto de la Cidob-Hurtado, en la Casa Grande de la institución (Santa Cruz), se proclamó la refundación de la organización y se firmó un “Convenio de vinculación programática de los pueblos indígenas a la Agenda Patriótica”.
“Se refunda la Cidob con una nueva gestión para trabajar por los pueblos indígenas; aquí terminó el tiempo de los dirigentes traidores al movimiento indígena”, señaló Hurtado antes de entregar al Mandatario un proyecto para construir la Escuela de Capacitación de Técnicos Indígenas en Proyectos. “Necesitamos contar con recursos técnicos”, agregó.
Contraria. Por su parte, Adolfo Chávez también organizó en Santa Cruz la entrega de una ofrenda floral en la plaza 24 de Septiembre, como un acto —dijo— de desagravio por la toma que realizó el grupo de Hurtado de la Casa Grande, las instalaciones de la Cidob, informó el dirigente Lázaro Tacoó.
Tacoó criticó al Gobierno por “dividir al movimiento indígena y perseguir a sus líderes”, lo que implica —señaló— un retroceso de todos los avances logrados por los pueblos de las tierras bajas en los últimos años.
“Con mucho pesar estamos celebrando estos 30 años de avance del movimiento indígena, porque, como nunca en la historia, un Presidente indígena viola derechos indígenas; quiere romper nuestro territorio y está persiguiendo a los líderes que son leales con sus principios”, afirmó.
En la otra acera, el mandatario Morales, nombrado “cacique de caciques” por la Cidob-Hurtado, sostuvo que es importante hacer una evaluación de la “unidad y la conciencia” en la dirigencia indígena; pidió a ésta luchar por sus bases en el marco de la “transparencia y voluntad política”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó que la organización tiene tres desafíos: refundar la Cidob con un norte estratégico; erradicar la extrema pobreza, dotando de servicios básicos y desarrollo productivo a los indígenas; y llevar a cabo un programa de gestión territorial.
“Suscribiremos un convenio marco para formular un programa de gestión territorial, para que los territorios indígenas sean el medio de desarrollo de las comunidades de tierras bajas, de acuerdo con la Constitución”, destacó.
En la oportunidad, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entregó más de 22 millones de bolivianos para la ejecución de una veintena de proyectos productivos y auguró que hasta 2025 se erradicará la extrema pobreza en esa región. Resaltó que un eje del desarrollo será la industrialización de los recursos naturales.
“La Cidob y el Gobierno vamos a hacer posible la erradicación de la extrema pobreza en nuestros pueblos indígenas (…); estamos trabajando rigurosamente. Este es el primer proyecto para vencer la extrema pobreza, generar recursos y tener control sobre nuestro territorio”, explicó Quintana.
Dona tres vehículos
Llaves
La Cidob fue fundada el 3 de octubre de 1982. Ayer, en la Casa Grande de Santa Cruz (Villa Primero de Mayo), el presidente Morales entregó, en calidad de donación, tres vehículos: uno para la Cidob, otro para un pueblo tapiete y el tercero para los indígenas del pueblo ayoreo.
Vargas dice que no se consultó a 32 pueblos
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que luego de visitar 32 comunidades de ese territorio, comisiones de esa organización evidenciaron que sólo una (Providencia) fue consultada por las brigadas del Ejecutivo. Sólo se pregunta sobre salud, desarrollo y educación, “pero no se menciona la construcción de una carretera”, añadió.
Sostuvo que en la región hay sólo 62 comunidades y no 69, como dice el Gobierno; luego denunció que en el proceso de consulta “hicieron el registro de chacos como si fueran comunidades (…) Por eso el Gobierno dice que se consultó 44 comunidades y que un 90% aprobó la construcción de la carretera; esos son datos falsos”.
Cusi. Por otro lado, en Sucre, el magistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi opinó que el pretendido traslado de indígenas a comunidades aledañas para ser consultados es un procedimiento inconstitucional y rompe tratados internacionales, incluso el Protocolo del Gobierno.
“Se estaría haciendo un show para decir que se ha cumplido con la consulta previa; la consulta debe ser en el territorio donde habitan los indígenas conforme sus costumbres, tradiciones, instituciones, autoridades”, señaló.