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Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 20:07 PM

Los gobiernos democráticos de las últimas tres décadas

De 1982 a la fecha, siete presidentes pasaron por Palacio de Gobierno.

/ 10 de octubre de 2012 / 11:55

Hernán Siles Zuazo (1982-1985)

Hernán Siles Suazo llegó al gobierno el 10 de octubre de 1982 apoyado en la Unidad Democrática y Popular (UDP), alianza que había formado a finales de la década del 70 entre su Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el al Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR- I) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).

Al asumir la presidencia la frágil democracia boliviana se encontraba frente a una muy difícil situación económica y política. Económicamente, Bolivia estaba quebrada frente a la crisis de la deuda externa, común a toda América Latina derivada de una década en la que las dictaduras latinoamericanas endeudaron fraudulentamente a los países con crédito barato, hecho además que desencadenó un proceso hiperinflacionario que destruyó el poder adquisitivo de los asalariados y llevando el país a la anarquía. Políticamente, Bolivia se hallaba rodeada de dictaduras que planeaban el retorno de los militares al poder.

Siles no tuvo respuestas económicas y finalmente debió renunciar y llamar a nuevas elecciones el 6 de agosto de 1985. Hay que señalar en favor de su gobierno, que logró preservar la democracia, constituyendo a Bolivia en mascarón de proa de la recuperación democrática del Cono Sur, seguida de Argentina (1983), Uruguay (1985), Brasil (1985), Paraguay (1989) y Chile (1990). Otro acto de gobierno de gran importancia histórica fue la extradición de Klaus Barbie.

Víctor Paz Estenssoro (1985-1989)

El Congreso volvió a reclamar a Víctor Paz Estenssoro como presidente. Su nuevo gobierno intentó cortar la producción de coca y la venta de cocaína con la colaboración de las tropas estadounidenses, pero esta medida, además de ser impopular, solo obtuvo un éxito parcial. El principal logro de Paz Estenssoro fue una nueva política económica que freno un hiperinflación del orden del 27.000% entre enero y agosto de 1985, y que fue exportada a otros países de América.

 Jaime Paz Zamora (1989-1993)

En las elecciones de mayo de 1989, Jaime Paz Zamora, que había sido el tercer candidato más votado, asumió en agosto la presidencia del país después de recibir el apoyo de Acción Democrática Nacionalista (ADN), grupo político de centro-centroderecha.

Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997)

Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente entre 1993-1997 y 2002-2003. En su segundo mandato renunció para dejar el mando en su Vicepresidente, Carlos Mesa.Las siguientes elecciones, celebradas en junio de 1993, dieron la victoria al empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, quien asumió la presidencia, en tanto que el dirigente aymara Víctor Hugo Cardenas, accedía a la vicepresidencia. Asimismo, las elecciones para el Congreso, el MNR obtuvo la mayoría, reemplazando a la coalición de centro-izquierda hasta ese momento en el poder. Lozada, que había sido ministro de Plameamiento y coordinación antes de su elección como presidente, introdujo algunas de las medidas más severas de reforma económica puestas en practica por los países fuertemente endeudados: amplia privatización de empresas estatales, reducción de los gastos en servicio sociales y en los programas de educación y cierre de muchas de las minas. El estricto control de los gastos estatales ayudo a reducir la inflación a un 6,5% en 1995, pero los costos sociales fueron muy altos. Su programa de gobierno, denominado «Plan de Todos», consistió en la capitalización, la participación popular, la reforma educativa y la descentralización administrativa.

Durante su gobierno también se produjo el auge del partido CONDEPA, especialmente en la ciudad de El Alto, liderado por Carlos Palenque. Su férrea oposición al gobierno provoco la clausura de su radioemisora, aumentando la popularidad de Palenque y obligando a Sánchez a revertir la medida.

Hugo Banzer Suárez (1997-2001)

En las elecciones presidenciales de junio de 1997 resultó vencedor el expresidente Hugo Banzer, el cual, sin contar con la mayoría absoluta, recibió inicialmente el apoyo del también ex presidente Jaime Paz Zamora y su partido, el MIR, quien de esta manera le devolvía el favor por respaldar con sus diputados del ADN la gobernabilidad del país durante su mandato. En junio de 1999, Banzer hubo de cambiar a la mitad de los miembros de su gobierno, tras un grave escándalo que salió a la luz cuando ese mismo mes se produjo la inesperada renuncia del ministro del Interior, Guido Nayar, quien criticó la corrupción e ineficiencia gubernamentales. El presidente decreto el 8 de abril de 2000 el estado de sitio, con el objeto de detener la oleada de protestas que tenía lugar en Cochabamba, pero no pudo contener con esa medida un violento estallido social causado por la pobreza extrema del campesinado indígena hasta que firmó seis días después con los respresentantes sindicales de estos una serie de acuerdos.

El día 20 de abril de 2000, cuatro días antes de que los miembros de su gobierno presentaran en pleno la dimisión, Banzer suspendió el estado de sitio. Aquejado de cáncer de pulmón, Banzer renuncio el 6 de agosto de 2001 a la presidencia y fue sustituido por su vicepresidente, Jorge Quiroga.

 Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002)

Este se mantuvo en el gobierno hasta el 6 de agosto de 2002, completando el quinquienio para el cual había sido elegido Banzer.

Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)

El sucesor de Jorge Quiroga fue Gonzalo Sánchez de Lozada cuya candidatura por el MNR fue la más votada en las elecciones presidenciales celebradas el 30 de junio de ese mismo año. Al recibir solo el 22,5% de los sufragios (por el 20,94% de Evo Morales, líder indígena del Movimiento al Socialismo, MAS; del 20.91% de Manfred Reyes Villa, candidato de Nueva Fuerza Republicana, NFR; y del 16.3% de Jaime Paz Zamora, nuevamente presentado por el MIR), Sánchez de Lozada preciso la designación del nuevo Congreso Nacional (cuyos miembros fueron elegidos ese mismo día), para la cual compitió con Morales y que logra gracias al voto de sus parlamentarios y de los precedentes de otros partidos, principalmete el MIR. Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz Zamora sellaron antes el denominado «Plan Bolivia de Responsabilidad Nacional», pacto de gobernabilidad entre ambas formaciones basado en una futura política que tuviera por eje principal la creación de empleo y de riqueza.

El nuevo presidente anuncia en febrero de 2003 una serie de impopulares medidas económicas entre ellas, un nuevo impuesto sobres salarios, que generó protestas en todo el país. Sánchez de Lozada retiro su proyecto, pero la grave crisis suscitada, salpicada de violentos incidentes, motivo la dimisión de todos los miembros de su gobierno. En el siguiente mes de agosto, para intentar poner fin a la crisis que vivía el país, Sánchez de Lozada llego a un acuerdo con el partido de la oposición NFR, que entró en el ejecutivo.

El plan gubernamental de costear proyectos sanitarios y educativos con los beneficio de la exportación de gas natural generó nuevos descontentos, principalmente, por la posibilidad de que el transporte de dicho producto se efectura a través de un puerto chileno; así, en septiembre y octubre de 2003 se sucedieron nuevas manifestaciones promovidas por la Central Obrera Bolivia (COB) y por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que también convocaron un paro general indefinido. El movimiento popular también fue catalizado por el MAS y por el Movimiento Indígena Pachakuti. La revuelta se extendió a las principales ciudades del país, donde el clima era prácticamente, de abierta insurrección. Antes esta situación, que produjo escisiones en el ejecutivo, Sánchez de Lozada dimitió el 17 de octubre.

Carlos Mesa (2003-2005)

En el 2003 tras una seria crisis política y económica que forzó la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y fue sustituido en la presidencia de la República por el vicrepresidente, Carlos Mesa. Formó un gabinete integrado por políticos no adscritos a partido alguno, con la intención de poner fin al conflicto y alcanzar la reconciliación nacional. Poco después de su investidura, Mesa se comprometió a convocar un referéndum en el que los bolivianos se pronuncien sobre la cuestión de la exportación de gas natural.

Para el año 2005, Bolivia ha vivido masivas protestas por la nacionalización de los hidrocarburos (gas y petróleo). La falta de una conciencia e identidad nacional ha hecho más evidente la fragmentación que la nación ha tenido históricamente. La respuesta del estado, para controlar las protestas, ha sido desmedida y violenta. Por otro lado, los departamentos periféricos, que aportan significativamente más al PIB de Bolivia han pedido su autonomía y liberación de la histórica hegemonía andina (que proviene de la época de la colonia). Para atender estas peticiones, Mesa ha ofrecido convocar a un proceso constituyente que debata estas cuestiones, pero ninguna de las partes parece convencida de que la oferta sea la más apropiada.

En 2005 el presidente constitucional Carlos Mesa renunció a la presidencia luego de distintos disturbios sociales.

Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006)

El sucesor de Carlos de Mesa fue el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez Veltzé, el cuál acordó llamar a elecciones en diciembre de 2005. Dichas elecciones se celebraron el día domingo 18 de diciembre. Resultando ganador el líder de los cocaleros Evo Morales del partido MAS socialista.

Evo Morales (2006-2009)

El 22 de enero de 2006 Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el poder como presidente con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos, combatir la corrupción y excesos de las multinacionales, permitir el mercado legal de coca y repartir mejor las tierras.

Morales resultó electo por mayoría absoluta del 53,74% de los votos, primer presidente con tal alto porcentaje de votación en la historia de Bolivia.

Como primer paso a la nacionalización de la industria de los hidrocarburos, el 29 de octubre de 2006 se estableció un nuevo marco legal con el propósito de aumentar significativamente el porcentaje de participación del Estado en las utilidades producidas. La nacionalización ha causado fricciones con Brasil, debido a la merma en el suministro de gas a la ciudad de São Paulo, principal centro industrial de ese país.

El mismo año se llevaron a cabo las elecciones por primera vez de los prefectos, autoridades máximas a nivel departamental. En las cuales el partido gobernante sólo obtuvo tres de las nueve prefecturas, logrando así un equilibrio político partidario entre regiones y nación.

En julio de 2006 se llevaron a cabo elecciones de representantes para formar una asamblea constituyente, con el fin de redactar una nueva constitución para el país. El gobernante MAS se impuso con el 52% de la votación.

Evo Morales (2010-2015)

Morales ganó nuevamente las elecciones del 18 de diciembre de 2009 convocadas para comenzar el ciclo del nuevo Estado Plurinacional establecido en la nueva Constitución Política del Estado (CPE). El voto por el líder cocalero superó el alcanzado en 2005. Morales obtuvo el 63% de apoyo ciudadano.


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Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

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La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

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Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

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Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

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El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

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