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Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 04:01 AM

El hecho central del Día de la Descolonización será la “limpia del proceso”

Es el comienzo d actividades y rituales que tendrán lugar en el país hasta el 21 de diciembre, día del Pachakuti, el cambio de era. En La Paz también tendrá lugar un encuentro de amautas.

/ 11 de octubre de 2012 / 21:11

El Día de la Descolonización de este año, mañana 12 de octubre, tendrá como rito central la “limpia del proceso de cambio”, adelantó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

Se trata del Taqi Unquy, una celebración de alcance nacional, por lo menos en coordinación con “todas las gobernaciones del país”, destaca el Viceministerio.

Este 12 de octubre también es particular porque es el arranque de todos los rituales que tendrán lugar en el país hasta el 21 de diciembre, el día del cambio de era, del Pachakuti (pacha, tierra, mundo; y kuti, cambio).

El Taqi Unquy consistirá en la sanación del proceso en vista al 21: “A las 11.00 de la mañana en el coliseo cerrado, como un proceso de limpia, a eso le llamamos Taqi Unquy, que quiere decir sanación, limpia, de todo lo negativo que tenemos para esperar el 21 de diciembre”.

En La Paz, el Taqi Unquy se lo celebrará en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito. Los actos estarán precedidos por una procesión que bajará desde El Alto.

“Se van a concentrar en El Alto, hacen una ceremonia primero en la Ceja, donde está enterrado el corazón de Túpac Katari, luego en el cementerio, luego en la plaza San Francisco, hasta terminar en el coliseo cerrado”.

El Día de la Descolonización también será un “encuentro de amautas”, de sabios de distintos lugares del país, confirmó Cárdenas: “Ya llegaron desde Tarija y Sucre, guaranís, sabios, sabias, guías espirituales; es un encuentro de guías espirituales, de amautas, de kallawayas, de gente que tiene que ver mucho con la espiritualidad, en este año de espiritualidad”.

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Siete ‘asuntos estructurales’ de la justicia

Al margen de ‘injerencias’ o no, el informe del Relator tiene la virtud de entender mejor la reforma judicial.

El informe de García-Sayán, la justicia, en realidad, no se reduce a la polémica injerencias o no; abre muchas perspectivas

Por Iván Bustillos Z.

/ 29 de mayo de 2022 / 14:14

El punto sobre la i

Finalmente, se dio a conocer la “Visita al Estado Plurinacional de Bolivia. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán”. Un informe que en realidad fue presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para su consideración en el 50 periodo de sesiones, que tendrá lugar del 13 de junio al 8 de julio de 2022, como parte del Tema 3 de la agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

O sea, mal que bien, es la imagen de la situación actual de la Justicia boliviana que García-Sayán, como alto observador especializado, dará a todos los países del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Al margen de ello, en el país hubo una súbita y variada reacción oficialista y opositora al informe, y, claro, lo que más causó repercusión fue que García-Sayán haya anotado como “obstáculos a un sistema judicial independiente e imparcial, tanto el bajo presupuesto asignado a Justicia como “las injerencias”, así, en plural. (capítulo V del Informe del Relator)

Pues bien, en la presente entrega del suplemento, se propone la revisión de la parte más extensa (9 páginas de 20) del Informe, lo que García-Sayán titula como los “Asuntos estructurales”, un conjunto de temas o ámbitos que cualquier reforma judicial deberá tomar en cuenta para su realización.

Se trata, sin duda, de una suerte de mapa de los temas clave de la justicia boliviana que García-Sayán plantea para encarar la reforma.

No por nada, en cuanto se conoció el documento, el Gobierno anunció que éste será uno de los mayores “insumos” para la reforma judicial, que ya estaría en curso. El Informe del Relator ha debido ser un remezón para el Ejecutivo, pues cuando el presupuesto para el sistema judicial no figuraba en los seis ejes de la reforma que durante buen tiempo propuso, tras conocerse el informe, el viceministro de Derechos Fundamentales, César Siles, el primero de cuatro ejes de una nueva reforma, precisamente era el presupuesto para la Justicia.

Ahora, con este mapa de siete asuntos estructurales, lo que parece también removió, y en buena hora, es la idea de la cumbre como la caja mágica que irá a resolverlo todo, que la reforma de la justicia, sobre todo, es un proceso práctico, del día a día. 

1 JUSTICIA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA  Hay una deuda pendiente con la jurisdicción originaria

Párrafos 47 a 51. El relator Diego García-Sayán recuerda que la Constitución de 2009 revaloriza a la justicia indígena, al punto que “le otorga la misma jerarquía que a la jurisdicción ordinaria”. Las justicias originaria y ordinaria debieran coordinar y cooperar y esto tendría que estar determinado en una “Ley de Deslinde Jurisdiccional”. Aquí García-Sayán reclama una deslealtad: “Según la información recabada, entre 2008 y 2009 se elaboró un anteproyecto con las organizaciones representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Sin embargo, este anteproyecto fue modificado cuando fue puesto en consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. La Ley de Deslinde aprobada en 2010, la 073, que hoy está vigente, “limita excesivamente derecho de las naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos propios dada la extensa lista de temas que no entran en el ámbito de la vigencia material de esta jurisdicción contenida en el artículo 10 de la ley”. Con el reclamo contra la Ley 073, desde que fue promulgada, el tema fue puesto en el orden del día de la Cumbre de Justicia de 2016. El relator García- Sayán vuelve a la carga: “Una de las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016 fue la modificación de esta ley, siguiendo el marco del anteproyecto consensuado entre 2008 y 2009”; además, insiste, “las conclusiones de la Cumbre fueron aceptadas como vinculantes”; el Estado no hizo la tarea.

2 MINISTERIO PÚBLICO (FISCALÍA)  Apremia la carrera fiscal

Párrafos 58 a 60. El relator de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, sobre la Fiscalía empieza señalando problemas estructurales, como la falta de correspondencia entre la cantidad de habitantes y los fiscales. El Ministerio Público cuenta con 575 fiscales para 11,67 millones de habitantes, con solo 30% de fiscales ingresados de conformidad con la carrera fiscal. El Ministerio Público inició un programa de formación de abogados, específicamente para que sean fiscales y trabajen en la Fiscalía. García-Sayán les hace notar que esto tendría que sustentarse legalmente, pues “la Ley orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales departamentales deben ser designados por convocatoria pública y calificación a través de un concurso público”. El Relator también revela un hecho incómodo: “Los sueldos de los fiscales de materia son menores a los de un juez”; igualmente, los fiscales fueron objeto de reducción de su salario, en 2021, debido a la pandemia del COVID. Otra vez, la limitación estructural: “El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende del Ministerio Público, cubre solo 10% de los 339 municipios y no alcanza para responder a la demanda. Cuenta con recursos humanos insuficientes en ciertas especialidades, lo cual crea desconfianza en sus pronunciamientos”.

3 ACCESO A LA JUSTICIA  Procesos pueden tardar hasta 10 años en resolverse

Párrafos 32 a 46. El más extenso examen que hace el Relator. Escuchando a diversas fuentes, concluye en que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como a la corrupción”. “En 2021, la Contraloría General calculó que una causa en el Órgano Judicial puede tomar hasta 10 años en resolverse”; la mora procesal, según el propio Órgano Judicial, se debe al “número insuficiente de juzgados”. Las víctimas testimonian que el no acceso a la justicia es palpable cuando ellas tienen “que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen y no tener acceso a información”. Relator: No acceso a la justicia ocurre por lo difícil que es obtener información del Órgano Judicial. Reclama por lo que en la norma boliviana se haya suprimido a los “jueces de paz” (ciudadanos elegidos por la comunidad). Otro freno al acceso a la justicia es la impunidad. Aparte de la investigación fiscal “deficiente” de los hechos de 2019, lamenta más de dos años sin justicia.

4 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD  Dejar de ver la detención preventiva como castigo

Párrafos 52 a 57. Cómo están los privados de libertad en el país tiene que ver con “el desempeño” de la justicia en dos cosas: el elevado hacinamiento en los penales y “la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria firme”. En marzo de 2021 había un hacinamiento de 349,8%; “64,10% de los privados de libertad estaba bajo detención preventiva (…). En el caso de las mujeres, en 2020, 71% no contaba con una condena”. La prisión preventiva, reclama García- Sayán, debe ser una medida excepcional, durante el menor tiempo posible y solo en casos graves. El Estado debe garantizar, dice, “la separación entre presos preventivos y condenados”. “La prisión preventiva no puede constituir un castigo para las personas que no han sido juzgadas”, demanda el Relator. Llama, asimismo, a reflexionar sobre la aplicación del “riesgo de fuga” como un medio para mantener a la gente en la cárcel: el uso abusivo de la desconfianza de que el acusado haga lo que haga será para “obstaculizar la justicia”; también que la imposibilidad de presentar documentos (un hecho común en pobres) se identifique como “posible riesgo de fuga”.

5 CARRERA JUDICIAL  Preocupa la alta proporción de jueces transitorios

Párrafos 67 a 74. García-Sayán recuerda que “la carrera judicial es reconocida como una garantía de la independencia del Órgano Judicial en la Constitución”; remarca que “según los datos presentados en 2020, únicamente 44% de jueces en funciones es de carrera. La alta proporción de jueces transitorios, que supera a los 500, es preocupante”. Además, otro elemento que atenta contra la independencia judicial es el no respeto a la inamovilidad de los jueces, lo que viene incluso por ley: “El artículo 46 de la Ley 025 establece que quienes integran los tribunales departamentales desempeñarán la función por solo cuatro años, renovables a otros cuatro; y que luego salen del sistema judicial pese a haber adquirido valiosa experiencia”. Como una garantía de la carrera judicial, el Relator de la ONU insiste en un adecuado presupuesto, por eso, destaca que en un proyecto de ley de modificación de la Ley 025, remitido a la Asamblea Legislativa en 2020, ya se planteó un porcentaje mínimo de 6% de los recursos del Tesoro General del Estado para la administración de justicia.

 6 SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LAS ALTAS AUTORIDADES  LLama la atención la selección politizada y el alto voto nulo

Párrafos 75 a 77. Las elecciones judiciales por voto universal están previstas en la misma Constitución de 2009, destaca el relator Diego García-Sayán como un hecho ineludible; hasta la fecha, ya hubo dos elecciones de las altas cortes, en 2011 y 2017. En la mayoría de las entrevistas que hizo, destaca el jurista, se expresa preocupación por esta forma de elección. “El Relator Especial recogió una extendida valoración crítica indicando que dicho sistema está politizado y no siempre ha conducido a escoger a las personas más idóneas”, informa García-Sayán. Dos grandes áreas son las problemáticas, dice su informe: “La primera se refiere al proceso de preselección de candidatos a ser sometidos a votación popular que es conducido y decidido por un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Lo segundo es la baja legitimidad del sufragio universal en este caso. En 2017, la participación ciudadana fue de 78%, cuando en Bolivia se acostumbra la votación “que suele superar 90%”. García-Sayán no deja de recordar el mayor defecto de estas elecciones: los altos porcentajes de los votos nulos.

 7 OTRAS INSTITUCIONES  Defensoría del pueblo, debilitada por el interinato

Párrafos 61 a 66. En esta parte de su informe, el Relator reflexiona tres instituciones: la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado y los colegios de abogados. La Defensoría del Pueblo boliviana, reconoce el Relator, está “acreditada con estatus A por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, dado su cumplimiento de los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París)”, pero, a punto seguido, señala que “se ve debilitada en su desempeño. La actual Defensora del Pueblo fue elegida interinamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional en enero de 2019. A la fecha, más de tres años más tarde, no se ha electo a ninguna persona como Defensor o Defensora del Pueblo”. De la Procuraduría, García-Sayán reconoce el seguimiento que hizo a los casos de violación de derechos humanos en 2019 y 2020. En el caso de los colegios de abogados, apunta la tensión que existe por el registro o matriculación de estos profesionales tanto por el Ministerio de Justicia como del ente gremial.

(*) Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón.

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Independencia, el quid de la defensoría

Postulan que el Defensor de Pueblo sea la legítima ‘piedra en el zapato’ del poder político.

Debe llamar la atención que dos organismos internacionales pidan ‘independencia’ del Defensor

Por Iván Bustillos Z.

/ 15 de mayo de 2022 / 22:04

El punto sobre la i

En la primera semana de mayo, en vísperas de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional que el viernes 6 iba a elegir al Defensor o Defensora del Pueblo, no dejaron de llamar la atención los pronunciamientos sobre el tema de dos organismos internacionales de derechos humanos: uno, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y, dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El hecho de que ambos organismos se pronuncien el día anterior a la decisiva sesión de la Asamblea, es previsible, esperable; más aún cuando la cita legislativa para designar al nuevo Defensor ocurría nada menos que a tres años y cuatro meses de la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto (en enero de 2019).

Lo verdaderamente llamativo de ambos pronunciamientos internacionales es la coincidencia en su pedido o convocatoria: la independencia del futuro Defensor del Pueblo.

“La Misión Técnica hace un llamado a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, responsables de la elección, para que (…) aprovechen esta oportunidad histórica y logren elegir a un/a titular de la Defensoría del Pueblo independiente, imparcial, con integridad y con un compromiso pleno con la defensa y promoción de los derechos humanos”, señala parte de un comunicado de la OACNUDH en Bolivia.

Por su lado, la CIDH en su comunicado afirma que “la labor independiente de la Defensoría del Pueblo es fundamental en Bolivia, particularmente, ante el impacto de las graves violaciones de derechos humanos descritas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), así como ante la necesidad de generar espacios de consenso y diálogo que permitan trabajar de manera objetiva con un profundo conocimiento y sensibilidad respecto de la diversidad de la sociedad toda”.

PARCIAL.

Para el abogado constitucionalista Israel Quino, el hecho de que ambos organismos pidan “independencia e imparcialidad” en el nuevo Defensor, en el fondo “lo que nos han dicho los organismos internacionales es que la actual institución, la actual gestión, es dependiente y parcializada”.

En general, el largo interinato en la entidad lo que ha causado, añade el jurista, es una “desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo”.

En específico, Quino se refiere a que la entidad, que está para defender la vigencia, cumplimiento, difusión y promoción de los derechos humanos, hoy día “no es más que una oficina de estadística de denuncias de vulneración de derechos humanos”.

Una de las “pruebas” de esta inactividad institucional, insiste, es lo que considera insuficiente reacción ante “las entidades estatales más vulneradoras de los derechos humanos en Bolivia: la Justicia y la Policía”.

Entre las pocas evaluaciones que la defensora interina Nadia Cruz hizo de su gestión está la de la primera semana de mayo, en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente, en el programa de transmisión digital Piedra, papel y tinta. Por estar en el centro de la polémica en torno a su continuidad en el cargo si fracasa el actual proceso de designación de nuevo Defensor, se excusó de dar alguna declaración.

En todo caso, en la entrevista en Piedra, papel y tinta un hecho que salió a relucir es que todas las evaluaciones que se hagan de la gestión de los Defensores tendrán un rasgo común: el mayor o menor enfrentamiento o tensión que hayan tenido con las autoridades del Estado, siendo los más notorios los lances con el gobierno central.

Así, en el caso de Cruz, sin duda, la mayor parte de su gestión, o la más notoria, estuvo marcada por su relación- conflicto con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No hay que olvidar que el 13 de julio de 2020 los viceministros de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, y de Autonomías, Franklin Santander, llegaron a “informar” que Nadia Cruz ejercía el cargo de Defensora del Pueblo de forma ilegal, “ya que la designación interina (que se le había conferido en enero de ese año) feneció en abril de 2019, con base en la Sentencia Constitucional 0218/2004, que restringía todo interinato a tres meses. Luego la Defensoría mostró que dicha sentencia no alcanzaba a la Defensora interina: ella era funcionaria designada, no de carrera.

La tensión con el gobierno transitorio sin duda llegó a su mayor tono el momento de las masacres de Sacaba y Senkata. Por eso, no es casual que en el referido Piedra, papel y tinta, Cruz contara cómo, dijo, evitó una tercera masacre. Narró que en la noche del 20 de noviembre de 2019, en Senkata, El Alto, tras la matanza del día anterior, ella intercedió para aplacar los ánimos de la gente, que todavía estaba muy alterada, y logró que el gobierno retrocediera en su intención de intervenir.

“Hay datos que nadie sabe; por ejemplo, en la masacre de Senkata. Cuando ocurre la masacre, nosotros ingresamos al día siguiente con médicos forenses. Esa noche, el 20 de noviembre, podría haber ocurrido la tercera masacre en Senkata”, dijo.

ACCIÓN.

“Estaban ya los helicópteros rondando el lugar, porque la gente estaba muy dolida, y nosotros estábamos en el lugar, y yo me ofrecí, con el ministro de Defensa (Luis Fernando López), y decirle ‘yo voy sola y paro a la gente, pero por favor, saquen sus helicópteros, porque lo que van a hacer, al momento de que uno se exalte o pase algo, los van a volver a matar’. Y eso nadie lo sabe”, relató Cruz.

Un especial apunte que hizo Cruz en la entrevista con Claudia Benavente fue el rol de los medios de comunicación en la crisis. “Yo tenía una conferencia de prensa y los medios de comunicación me rechiflaban, (decían) que yo estaba defendiendo a delincuentes; los medios en las conferencias”, enfatizó. “Había uno, de Unitel si mal no recuerdo, que me decía ‘usted está defendiendo hordas’, el periodista”, recordó. Y había cuestionamientos tales como que de “por qué yo estoy yendo por las víctimas y no por la población. Y sostenerte en eso sola, absolutamente sola, es difícil, muy complejo”, remarcó.

“En ese momento mantenerte firme, porque hay que ser honestos, todos los medios, todo el ámbito mediático, se nos vinieron en contra”, destacó la aún Defensora del Pueblo.

Hace solo la semana pasada, la cineasta y columnista de La Razón Verónica Córdova hacía notar que entre octubre de 2019 y octubre de 2020, “en un momento en que otras instituciones llamadas a defender los derechos de las personas eran cómplices o perpetradoras de persecuciones, violencias y masacres, Nadia y su equipo hicieron lo que tenían que hacer: defender al pueblo. (…) No es casual que, mientras la prensa nacional callaba o mostraba el dormitorio de Evo, los únicos informes fidedignos y con contabilidad de muertos, heridos y presos que se difundieron hayan salido de la Defensoría. No es casual que los únicos interlocutores que tenían los cientos de detenidos injustamente, hayan sido personeros de la Defensoría del Pueblo”, apunta Córdova.

En efecto, uno de los pocos informes nacionales (la mayoría, al menos cuatro, provinieron de organismos de derechos humanos del exterior) sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos en la crisis de 2019, es el informe de la Defensoría del Pueblo Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia (313 páginas) publicado en septiembre de 2020.

Para la oposición lo hecho por Cruz en 2019 directamente es parcializarse. En el actual proceso de designación del nuevo Defensor, para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, el MAS acaso busca descalabrar la elección para que Cruz siga de Defensora: “Yo creo que ellos están buscando ese escenario, porque la persona de consenso en las estructuras del MAS, por su desempeño favorable al MAS y no así a la población en los sucesos de 2019, es Nadia Cruz; entonces, ellos buscan un escenario más bien para la ratificación de ella”.

LIMITACIÓN.

Ahora, pasando a un plano más general, cuando frecuentemente se ha criticado que la Defensoría por norma está limitada en su acción legal a reclamos antes que procesos más efectivos contra violaciones de derechos humanos, el constitucionalista Quino no deja de llamar la atención sobre que la Defensoría podría hacer más de lo que le permite su actual normativa: en el caso del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo, por ejemplo, dice, ante el “acoso judicial” que habría sufrido hasta su muerte, la Defensoría debió haber tenido un rol más activo, de iniciativa: comprobado dicho acoso, “por qué el Defensor no los procesa penalmente a los fiscales y jueces; la ley no se lo impide. Dicen: ‘La ley del Defensor del Pueblo me dice que solo haga informes de intervenciones defensoriales’; pero ¿acaso la Constitución no dice que cualquier ciudadano, en el artículo 108, que en el cumplimiento del deber y ante el conocimiento de hechos ilícitos pueda activar una acción penal?” Y es que para Quino hay algo más de fondo: el Defensor no procesa penalmente porque “le tiene miedo al poder político, al sistema judicial, y no lo hace, y se queda en un trabajo de gabinete”.

En la relación entre el poder político y la Defensoría, Quino apunta que es inevitable la tensión política, de mayor o menor coincidencia o disidencia, lo que definitivamente depende de quién es el Defensor o Defensora.  En el mejor sentido de la palabra, añade, se puede hablar de un necesario “activismo político” en la Defensoría.

“Desde la Defensoría por supuesto que se hace activismo político, pero activismo político por los derechos humanos, independientemente de quién ejerza el poder. La Defensoría es (o debiera ser) la piedra en el zapato del poder político, pero lastimosamente hubo gestiones que no lo han entendido así, y a más de generar incluso lineamientos de entendimiento con el poder, han sido muy débiles respecto a críticas y resistencia al poder político; eso ha generado la desinstitucionalización”, provoca el jurista.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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Repensar desde adentro al MAS y a CC

Finalmente son las dos organizaciones políticas más votadas en las elecciones nacionales de 2020.

Mientras el MAS debe saber qué hacer con sus disidencias, CC necesita completar su construcción partidaria

Por Iván Bustillos Z.

/ 6 de febrero de 2022 / 22:47

El punto sobre la i

Empezando el año, en enero, la Friedrich Ebert Stiftung (FES) Bolivia publicó el libro (Re) configuración del campo político en Bolivia. Balance y horizontes del ciclo electoral 2020- 2021 de Jan Souverein y José Luis Exeni Rodríguez (coordinadores), una obra colectiva, como dicen sus impulsores, de nueve miradas sobre lo que pasó en el país en términos político-electorales los dos últimos años. De dichas perspectivas, este suplemento se permite seleccionar dos, la de Manuel Canelas y la de Ricardo Paz, por ser las dos “miradas partidarias desde el MAS-IPSP y CC —las dos fuerzas políticas más votadas en las elecciones generales de 2020—” porque “permiten contrastar balances a cargo de dos protagonistas del ciclo electoral”, como señalan en la introducción del texto Souverein y Exeni.

Vale la pena volver a ver lo ocurrido una vez que ha pasado el tiempo. Valga para refrescar el debate sobre finalmente qué pasó con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) en las elecciones de 2020 y 2021, pero esta vez desde la mirada de los militantes.

EL MAS. En el texto Bolivia 2019-2021: De la épica ordinaria y el regreso al (¿nuevo?) orden del exdiputado del MAS y exministro de Comunicación Manuel Canelas hay al menos dos hechos centrales que el exlegislador esgrime como base para entender al MAS y a la oposición: uno, cómo el triunfo del No en el referéndum del 21 de febrero de 2016 no fue asumido como se debía por los opositores: “En 2016 hubo un mensaje de alternancia, pero a la oposición se le olvidó que la alternancia sin alternativa que la rellene es una fórmula hueca que no genera adhesión, ni convence, ni conlleva per se un rumbo, como luego se comprobaría durante 2020. En lugar de nuevas construcciones, ideas y horizontes optaron por repetir el mismo guion y los mismos actores, solo ubicados ligeramente distinto en el escenario. El cambio en al menos uno de estos dos componentes era imprescindible para construir una alternativa contemporánea que llenase esa alternancia”.

Y, dos, el enorme significado que tiene equiparar al MAS con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cómo ambos, al menos en sus perfiles más progresistas, fueron o son la expresión de lo nacional-popular, y cómo éste es el gran impedimento para que la actual oposición no logre ser alternativa cierta al MAS.

“En nuestro país, como se ve cuando cualquiera reconoce al MAS y al MNR como los dos partidos más importantes de la historia, lo nacional popular es la tradición política dominante. Construir hegemonía por fuera de esta tradición es hoy imposible, hacer política por fuera de ella es difícil. La importancia que ésta tiene y, a la vez, la dificultad por parte de los cuadros de CC de entenderla se nos revela cada cierto tiempo”. Habiendo seguido, por ejemplo, las intervenciones de la senadora de CC Andrea Barrientos, Canelas dice que ella “intuye que lo nacional popular es importante, pero reconoce que no saben cómo abordarlo desde su partido”.

En lo relativo a la derrota de la oposición en la elección del 18 de octubre de 2020 (derrota, pues casi se daba por seguro la segunda vuelta y el triunfo arrasador de Mesa en la misma), Canelas le da especial lugar al anuncio de la candidatura de Jeanine Áñez, de cómo ahí empezó el descalabro opositor, el menoscabo del “frente único”, peor cuando su gobierno mostraba una gestión “más que deficiente”, y cómo “la ciudadanía tomaba nota de cómo estaba el país gobernado por la oposición”. Esto hizo al triunfo del MAS en octubre de 2020.

Contribuyó a la derrota opositora también, dice Canelas, cómo los opositores al MAS se empeñaron en creer el machacón relato mediático de que “el 70% no quiere que vuelva el MAS”. Cómo no se entendía que “en Bolivia, por cuestiones de composición social, hábitos y medios, la diferencia entre opinión pública y opinión publicada es muy notable”. 

Pero es a las elecciones subnacionales de marzo-abril de 2021 que Canelas presta mayor atención a lo que pasó en el MAS, cómo éste ya no era “el mismo de antes de la ruptura de noviembre de 2019 y dejaba entrever unos movimientos y pulsos en su interior poco frecuentes por su intensidad”. Canelas reconoce que en 2021 nuevamente se impuso la tendencia de que pese a haber ganado la elección nacional, el MAS luego ve reducir su votación y poder local; pero he aquí un hecho novedoso: el nuevo impulso que tomó la disidencia del MAS, “cómo aumentaban las disidencias en el MAS y cómo éstas iban logrando progresivamente algunos espacios de poder”. En suma, cómo lo que antes era un hecho anecdótico, que un disidente se fuera para construir su propia candidatura, en 2021 se hizo relevante. Como ejemplo de esto, Canelas pone a Eva Copa (alcaldesa de El Alto) y Regis Richter (gobernador de Pando).

Pero que esto no llame a engaño, insiste Canelas: “Es cierto que Copa, y con matices las otras figuras disidentes, tienen diferencias con el MAS, pero se mueven dentro de las mismas coordenadas ideológicas”; así, afirma, no se puede tener a esta disidencia sumable a la oposición: “Las diferencias con la oposición de derecha son, por mucho tiempo en adelante, insalvables”.

En el MAS, sin embargo, reconoce Canelas, “muchos dirigentes salieron públicamente a hablar de los resultados de 2021 como derrota”; aparte de que hay el yerro aquí de ver un problema local como de alcance nacional, olvidando demasiado rápido el 55% nacional, Canelas insiste en que estas críticas solo expresan que el MAS es “una organización viva y, por tanto, lógicamente conflictiva”. “El hecho de que le haya surgido competencia dentro de sus marcos de acción es tanto una amenaza como un incentivo, pero lo que está fuera de duda es que lo nacional popular sigue siendo el marco en el que se define el proyecto de país”.

Para el exministro, tanto en 2020 como en 2021, “lo nacional popular ha mostrado su fortaleza (…) La novedad es que son mayores en número y en fuerza los disidentes del MAS que han logrado poder local (…) El MAS tendrá que decidir si compite, combate o incluye a estas alternativas. También importará —y mucho— la decisión que tome Evo Morales acerca de su rol en el futuro”.

CC. Por el lado de Ricardo Paz Ballivián, de primera hay que decir que su trabajo Análisis de la nueva configuración del campo político en Bolivia sobre todo es un esfuerzo del investigador, pero que, al momento de reflexionar a CC, como él mismo reconoce, no deja de tener la mirada del protagonista, pues él fue el coordinador nacional de campaña de dicho partido.

En la oposición, Carlos Mesa surgió, dice Paz, como el “aglutinador, aunque con la resistencia abierta de los sectores más conservadores de la sociedad política boliviana, representados sobre todo por el MDS, el PDC (en sentido estricto, por Jorge Quiroga) y, en parte, por UN”.

Reivindica la fortaleza de CC en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Logró 50 asambleístas nacionales (11 senadores y 39 diputados), tiene senadores en ocho departamentos y diputados en los nueve. CC quedó a un senador del tercio de la Cámara Alta y a cinco diputados del tercio en la Cámara Baja. Además, obtuvo dos diputados supraestatales”.

Pese a la participación con candidatos propios en las elecciones subnacionales en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, y en alianza en otros departamentos, Paz reconoce que “en general, la participación de CC en estas elecciones, contrariamente a lo que podía augurar su desempeño a nivel nacional, fue pobre y de escasa incidencia política”.

Al definir a CC como “un proyecto político en formación”, y que pese a tener importante representación parlamentaria, “su verdadera potencia y significado político está todavía concentrado en la figura de su principal líder, Carlos Mesa”. Será el tiempo que dirá si logra “constituirse en una organización política institucionalizada y vigorosa o si naufraga en ese intento”.

Paz ve al menos tres grandes desafíos partidarios para CC: 1) consolidar una identidad ideológica, filosófica y política coherente y diferenciada de otras visiones, al tiempo de constituir una organización moderna, democrática, participativa y con una institucionalidad fuerte; 2) construir una opción alternativa que trascienda la simple negación y la propia definición política solamente por oposición al MAS; y 3) en lugar de persistir en la nociva práctica de nuestra cultura política, que hace una simbiosis entre el caudillo y la organización, aprovechar el liderazgo de Carlos Mesa para construir una institución para la democracia y no periclitar en el repetido y atávico estancamiento en el personalismo”.

En las elecciones de octubre de 2020, CC, dice Paz, abandonó “el centro político y lo dejamos libre para la recuperación del mismo por parte del MAS. Lo hicimos porque asumimos que por lo menos dos tercios de la población estaba firmemente decidida a votar en contra del MAS”.

Si en 2019 CC se lanzó a disputar el voto indeciso de centro con el MAS, en 2020, afirma Paz, creyó que su desafío principal era disputar el voto anti- MAS junto con las principales fuerzas opositoras (Áñez y Camacho), “por ello radicalizamos nuestro discurso anti-MAS, casi eliminando de nuestro mensaje el reconocimiento a las cosas positivas que había dejado el proceso de cambio durante los 14 años del MAS”, destaca el sociólogo.

Por esto, concluye, la gente vio a CC como parte de un bloque opositor homogéneo estigmatizado como golpista, antinacional y antipopular.

“El resultado de la votación demuestra, de manera inapelable, que el desplazamiento de nuestra estrategia electoral (de CC), lejos de favorecernos nos privó de persuadir a importantes sectores de clase media y populares, los cuales prefirieron, ante la polarización, votar por el MAS, a pesar de las dudas y cuestionamientos que tuvieran. De alguna manera, el MAS logró activar una especie de ‘voto útil’ para recuperar el centro político, que ya en elecciones anteriores resultó definitivo para su victoria”, remarca.

Las hegemonías también se debilitan

Manuel Canelas, exdiputado y exministro de Comunicación

El MAS ha sido el actor político hegemónico estos últimos años; en este sentido, ha podido ordenar los ejes sobre lo que se debate y en qué términos se lo hace, y ha proyectado un horizonte compartido por una mayoría. Pero esto no quiere decir que no haya otros temas o valores que puedan disputar y ordenar de otro modo las lealtades políticas y las aspiraciones o deseos de partes importantes de la población. Las hegemonías también se debilitan y resienten. Dos de las más importantes paradojas que tiene que resolver de mejor manera el proyecto masista son las que representan el crecimiento significativo de las clases medias y el intenso proceso de urbanización que ha vivido el país durante la última década.

La política sigue dominada por el caudillismo

Ricardo Paz Ballivián, excoordinador de campaña de CC

La sociedad se desarrolla democráticamente cuando hay diversidad y libertad. Cuando hay pluralismo y no estamos obligados a elegir solo entre dos opciones o sometidos a una sola. La salud de una democracia se mide por la variedad de centros políticos que existen, cuando los extremos son minoritarios y campea la libertad de opción, de opinión y el no alineamiento. Lamentablemente, lo que vemos hacia un futuro inmediato es todavía un sistema de representación política precario, endeble, poco institucionalizado, dominado por el caudillismo y el corporativismo. Las señales que percibimos actualmente no nos permiten ser optimistas respecto a una transformación positiva de esta realidad.

(*)Iván Bustillos Z. es periodista de La Razón

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LA URGENCIA DE VER AL TSE COMO UN CUERPO COLEGIADO

/ 9 de mayo de 2021 / 22:03

El punto sobre la I

Cuando el viernes 30 de abril se anunció que era la nueva vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la vocal Nancy Gutiérrez indicó un hecho clave para entender al actual TSE, tanto bajo la presidencia de Salvador Romero como en lo que vendrá, con el vocal Óscar Hassenteufel como el nuevo presidente de este cuarto órgano del Estado. “Vamos a mantener lo que hemos tenido hasta el momento, un portavoz, que es el presidente; como en la anterior gestión (de Romero), (ahora) será nuestro portavoz el doctor Hassenteufel”, señaló la nueva vicepresidenta Gutiérrez. Es un estilo de funcionamiento y relación con los otros órganos y con los medios de comunicación, que el presidente del TSE también sea su portavoz. Entre las atribuciones de la presidencia del TSE dispuestas por la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional (artículo 19), no está dicha vocería. Es la forma en que eligió proceder el actual TSE, diferente, sin duda, con respecto a los TSE del pasado: distinta manera, por ejemplo, del TSE presidido por María Eugenia Choque que (como bien lo sabíamos los periodistas) casi nunca declaraba a los medios de prensa, siendo el “portavoz” de hecho el vicepresidente del Tribunal, Antonio Costas. Como tampoco tenía una vocería única, y menos radicada en su presidencia, el TSE presidido por Wilfredo Ovando, primero, y por Wilma Velasco, después.

Con el presidente del TSE como el portavoz del cuerpo colegiado que es el TSE, se entiende el protagonismo mediático e institucional que tuvo Salvador Romero Ballivián, aun cuando no se lo hubiera propuesto.

Por este hecho, llama la atención el politólogo Marcelo Silva sobre el carácter colegiado del TSE, sobre la necesidad de no personalizarlo en la sola figura de su presidente, como a su turno hicieron tres dirigentes políticos.

“Lamento mucho la renuncia de Salvador Romero al TSE. Pese a la presión y a las dificultades, condujo con idoneidad las elecciones nacionales y subnacionales. Nuevamente se cierne el riesgo de que el MAS controle el OEP y la democracia se siga debilitando”, había tuiteado el presidente de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa tras enterarse de la referida renuncia, el 28 de abril.

Más fatalista aún fue el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que publicó en su cuenta de Twitter: “Romero renuncia. Deja el poder electoral en manos del MAS. Es una mala noticia para la democracia. Debemos trabajar unidos para que el MAS respete la democracia y no acapare todo el poder”.

Desde la vereda del frente, el expresidente Evo Morales a su modo también personaliza en Romero buena parte del proceso electoral: “La renuncia de Salvador Romero es la prueba inobjetable de que nunca hubo fraude. Al comprobar que la verdad y la búsqueda de justicia se acercan a autores y cómplices del golpe, deja el cargo para deslindar cualquier responsabilidad. Se va el vocal del gobierno de facto de Áñez”.

De una vez hay que “romper el mito” de que su presidente es sinónimo del TSE, caer en cuenta de la naturaleza colegiada del organismo, insiste el politólogo Silva.

“El Órgano Electoral tiene una cabeza, que es el Tribunal Supremo Electoral, y las decisiones de esta cabeza, que es su Sala Plena, enmarcan una instancia colegiada; son siete vocales y las determinaciones que toman, según manda la Ley del Órgano Electoral, son por mayoría. Incluso si el presidente no está de acuerdo con alguna determinación, tiene la obligación de hacerla cumplir”.

El presidente del TSE lo es sobre todo por la representación que asume hacia el exterior de la institución y la coordinación de la marcha del Órgano Electoral, destaca: “El papel del presidente es simplemente establecer ciertos criterios de representación y firma, como MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva); no es que tiene un súper poder o que está sobrepuesto al resto de los vocales, es más bien un primus inter pares (latín, literalmente ‘el primero entre iguales’)”.

Así, se concluye, asevera Silva, que es responsabilidad de “todo el Órgano Electoral”, que no solo de su presidente, cualquier imagen que se vaya a formar del TSE en el “imaginario colectivo” nacional, por ahora no muy favorable a la entidad.

Un hecho que también hace a la fortaleza institucional del TSE es su formación, la llamada “legitimidad de origen”. La nueva cabeza del Órgano Electoral tuvo que constituirse luego de la anulación de las elecciones del 20 de octubre de 2019 y el práctico desmantelamiento del anterior TSE. Así, como parte del desarrollo del nuevo proceso electoral, la primera peculiaridad de su formación fue el procedimiento relámpago, de 20 días, que se tuvo que asumir. En 20 días, decía entonces, el presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea destinada para el efecto, el senador Óscar Ortiz (Unidad Demócrata), “se presentó la convocatoria, recibió a los postulantes, evaluó los requisitos, realizó la fase de impugnaciones, evaluó los méritos y cumplió con las entrevistas”.

Pese a que hubo solo ocho días para la presentación de aspirantes, al final se recibieron 502 postulaciones. Tras la revisión del cumplimiento de requisitos, quedaron 366 habilitados y habilitadas. Producto del periodo de impugnaciones y de la evaluación a través de entrevistas, al final quedaron 155 postulantes, 53 mujeres y 102 varones; los aspirantes iban acumulando un determinado puntaje, cuyo máximo era la nota de 10. De los 155 aspirantes, debía elegirse 12 futuros tribunos electorales, seis titulares y seis suplentes.

Una vez que el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional está conformado por 166 legisladores (130 diputados y 36 senadores), la sesión en que se eligió a los miembros del TSE (que duró hasta la madrugada del jueves 19 de diciembre de 2019) tuvo el quórum de 154 asambleístas, cuyos dos tercios equivalía a 103 parlamentarios.

La siguiente es la lista de los elegidos, el número de votos y el puntaje que alcanzaron, según el resumen efectuado por la unidad de prensa de la Asamblea Legislativa.

Titulares:

1. Daniel Atahuachi Quispe (135 votos); puntaje: 9.

2. María Angélica Ruiz Vaca Diez (121 votos); puntaje: 10.

3. Óscar Abel Hassenteuffel Salazar (111 votos); puntaje: 8.

4. Francisco Vargas Camacho (106 votos); puntaje: 9.

5. Rosario Baptista Canedo (105 votos); puntaje: 8 6. Nancy Gutiérrez Salas (103 votos); puntaje: 8 Suplentes: 1. Nelly Arista Quispe (123 votos); puntaje: 7.

2. Noemi Uriarte Sánchez (119 votos); puntaje: 9.

3. Yajaira San Martín Crespo (115 votos); puntaje: 7 4. Edwin Lino Armata Balcázar (114 votos); puntaje: 9.

5. Carlos Eduardo Gómez Rojas (114 votos); puntaje: 9.

6. Pablo Christian Zuleta Sánchez (108 votos); puntaje: 9.

En un reciente artículo de opinión, del 30 de abril en un medio colega, el analista político Carlos Böhrt apunta que los seis vocales titulares en la Asamblea fueron elegidos “en el marco de una sugerente concertación: el MAS sugirió los nombres de tres vocales y los grupos de la minoría los otros tres”; de modo que en los hechos resultó en un empate entre ambas tendencias, un “equilibrio precario” que precisamente administró el expresidente Salvador Romero; con su salida, y la posterior designación de Dina Chuquimia (por parte del presidente Luis Arce) como la nueva vocal, para el analista se “anulará” el referido empate, “imponiéndose una mayoría de vocales susceptibles de alinearse con el partido de gobierno”.

Al respecto, la exdiputada del MAS Sonia Brito, que participó en la elección de los vocales del TSE, niega que haya habido “candidatos” de tendencia política: “Hubo un concurso de méritos y se votó por las personas que tenían más puntaje; que recuerde, no vi personas de izquierda, radicales, en absoluto; más bien se podría decir que prácticamente todos eran gente o independiente o incluso conservadora; eran personas más técnicas, se pensó mucho en el conocimiento técnico del Tribunal, y no recuerdo que haya sido más político; de ahí además que la oposición no observó a los candidatos”.

Un criterio contrario tiene la exdiputada por Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares, quien afirma que en la designación de los vocales hubo un “cuoteo”, merced a un acuerdo político que hubo, dice, “entre el MAS y la bancada de UD”, en ese momento, continúa, “algunas parlamentarias denunciamos públicamente ese hecho”; un dato que añade Millares es que el acuerdo entre el MAS y UD alcanzaba a los vocales de los tribunales electorales departamentales.

Además del “cuoteo”, explica Millares, se cuestionaba que “la designación, en la mayoría de los casos,” no recayó en las personas que tenían las mejores calificaciones”.

En relación al ingreso de la ahora vocal Chuquimia (que fue parte del TSE entre 2011 y 2015), Brito cuestiona el doble rasero que la oposición tendría al insinuar que con la nueva vocal la balanza se inclinará hacia el lado del MAS; la vocal Chuquimia, afirma, es tan designada por el Ejecutivo, como el exvocal Romero, pero, protesta: “No sé cuál es el temor, cuando es elegido por Áñez, no hay cuestionamiento, pero cuando es elegida por el Presidente (Arce), que es del MAS, entonces sí hay cuestionamiento. Tiene que haber una actitud más madura de la derecha, de la oposición; el elegido es uno designado, pero es uno más dentro de un grupo colegiado”.

Para la exdiputada Millares, con la presencia de Chuquimia, en cambio, el TSE está irremediablemente “tomado” por el MAS.

La naturaleza colegiada del TSE es determinante, insiste Brito. Y es que la conducción de la máxima autoridad electoral del país debe ocurrir o por consenso o por mayoría: por la experiencia de la gestión electoral, “los vocales tienen que ponerse de acuerdo para todas las acciones; tener una línea casi conjunta en todo lo que se hace; porque cuando se le cuestiona, no se lo hace a uno o dos vocales, se cuestiona al Órgano Electoral; por eso, por lo general sus decisiones son más colectivas y, por lo general, técnicas, más que políticas”.

En cuanto a las tareas que vienen para el Órgano Electoral, los entrevistados coinciden en que, aparte de referendos por cartas orgánicas municipales, a la vista se tendrá un buen tiempo de “paz electoral”; tiempo suficiente y propicio, aseguran, para que se revisen las grandes falencias que se vieron en las recientes elecciones. Pese a que el expresidente Romero y, por tanto, el TSE en su conjunto siempre defendieron la alta confianza que da el padrón electoral, los consultados coinciden en que este registro sigue siendo una de las grandes debilidades; no tanto por voluntad de los diferentes TSE, remarca Brito, sino por las limitaciones materiales y de tecnología que aún arrastra el país en materia electoral.

Al respecto, el politólogo Silva llama la atención sobre el hecho de que cualquier avance en la reforma del sistema electoral (que las últimas elecciones, asegura, mostraron como una necesidad imperiosa) no es responsabilidad solo del TSE, sino del sistema político mismo: “que el Órgano Electoral inicie reformas siempre es mejor que sean acompañadas, sean consensuadas, por las fuerzas políticas del país; y eso no debe dejar de tomarse en cuenta”.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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El MAS definirá en dos días su estrategia municipal nacional

Convocó a ampliado nacional extraordinario para este jueves y viernes en Cochabamba.

/ 4 de enero de 2021 / 11:40

La Dirección Nacional de Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó para este jueves 7 y viernes 8 a un ampliado nacional extraordinario para definir su estrategia política municipal.

En la convocatoria, emitida este lunes, se señala que el ampliado definirá “la preparación política de la campaña electoral de los candidatos a las alcaldías”.

En el documento, que enfatiza que la convocatoria la emite la “Dirección Nacional, en coordinación con sus confederaciones y consejos de ayllus y markas”, se instruye que cada candidato vaya al ampliado “acompañado de dos dirigentes de cada municipio”.

El ampliado extraordinario está previsto que tenga lugar en el departamento de Cochabamba, aunque aún no se definió un sitio específico.

Hay que recordar que en una anterior ocasión, el presidente del MAS, el exmandatario Evo Morales, pidió a la militancia ganar en al menos 300 alcaldías, de las 339 existentes en el país; y en siete de las nueve gobernaciones departamentales.

Si bien las pugnas por las candidaturas al interior del MAS sobre todo ocurrieron en el nivel departamental, en algunos municipios de capital de departamento llegaron a desgajamientos, como en el El Alto, con la separación de la precandidata Eva Copa, hoy postulante por la agrupación Jallalla La Paz.

(04/01/2020)

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