Rogelio Mayta – A nueve años de las jornadas de octubre de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia condenó a dos exministros y cinco exjefes militares. Recibieron penas de entre 3, 10 y 15 años de cárcel. En todo ese proceso estuvo Rogelio Mayta, uno de los abogados que representa a los familiares de los 72 muertos y cerca de 400 heridos que resultaron de la movilización popular. Los logros del proceso y los temas pendientes fueron algunos de los puntos que tocó en entrevista con este medio.
— A nueve años de octubre de 2003, ¿cómo evalúa el caso?
— Hay elementos positivos, negativos y pendientes; entre los primeros, destacamos y valoramos que nueve años después exista un proceso judicial vigente, que se logró concluir el proceso investigativo y que, fruto de éste, se identificó a 17 personas como principales responsables de la masacre.
— ¿También se valora la condena contra siete personas?
— Se logró una primera sentencia a siete personas, entre ellas cinco miembros del Alto Mando Militar de entonces. En el proceso también se tiene una orden de captura internacional para nueve responsables identificados que en la actualidad se hallan prófugos, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.
— ¿Lo ingrato del caso?
— Lo ingrato es que en estos nueve años el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) haya rechazado la solicitud de extradición, limitando y atentando contra la posibilidad de que cientos de víctimas y el pueblo boliviano tengan justicia por la masacre de 2003.
— ¿Se trabaja en una nueva solicitud de extradición?, ¿en qué situación está ese trámite?
— No hemos tenido conocimiento de ninguna iniciativa. Estamos pendientes del cambio de autoridades en la Fiscalía General del Estado (FGE). Advertimos que hay un escenario jurídico y otro de orden político que ha limitado la posibilidad de una extradición.
— En el plano jurídico, ¿se preparan mayores elementos?
— Consideramos que la FGE, que es principal responsable de la persecución penal, tiene que volver a solicitar la extradición, si es necesario, acompañando mayor prueba de la responsabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Según la ley boliviana, en este caso no es posible juzgar y menos condenar en ausencia.
— ¿El “Diario de campaña” será parte del nuevo legajo?
— La condena a siete personas es uno de los elementos que puede acompañar. Además, durante el juicio se obtuvo declaraciones y documentos que muestran su responsabilidad. En el “Diario de campaña de las FFAA” hay referencias a órdenes que provienen del Capitán General, que en ese entonces era Sánchez de Lozada.
— En el ámbito político, ¿qué acciones se debe desplegar?
— Es un escenario muy complejo y difícil, el Estado debería hacer una campaña de información internacional y aprovechar escenarios de la comunidad internacional para exhortar a EEUU para que pueda darnos la posibilidad de tener un juicio y que se haga justicia.
— ¿Cuándo será propicio presentar una nueva solicitud?
— Consideramos que se debe ir con calma, pero debería tenerse una nueva solicitud de extradición hasta antes de fin de año; el reto es para el Fiscal General, que debería recurrir a asesoramiento de abogados estadounidenses, para poder superar o anticiparse a cualquier cuestionamiento.
— ¿Se mantendrá el tema de la masacre como principal?
— El grueso de la acusación está en el tema de la masacre, y ahí no se discute la doble criminalidad, sino que EEUU dice que según su evaluación Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no son responsables de ésta, que corresponde a los militares. Ellos querían la masacre, han actuado con dolo al dar la orden a las FFAA en conocimiento de que iban a generar muerte.
Perfil
Nombre: Rogelio Mayta Mayta
Nació: 16/09/1971
Profesión: Abogado
Allegado a los sectores sociales
Abogado graduado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en 1995, Rogelio Mayta es uno de los abogados que representa a las familias de las víctimas de octubre de 2003. En septiembre de 2011 logró la sentencia para cinco jefes militares de ese entonces y para dos exministros de Sánchez de Lozada (Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara). Se desempeñó siempre en el ejercicio libre de la profesión. Antes de hacerse cargo del caso Octubre, fue asesor de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar y considera que los ocho años del caso se convirtieron en su vida.