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Habrá homenajes por Octubre en el eje

La agenda de los homenajes a las víctimas de 2003 prevé estar marcada por el rechazo a la negativa de EEUU de conceder la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada

/ 17 de octubre de 2012 / 05:54

Las organizaciones sociales de El Alto anunciaron una marcha en homenaje a los caídos de octubre de 2003 y, en coordinación con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esta urbe, también se desarrollarán actos en Cochabamba y en Santa Cruz.

Javier Ajno, presidente de la citada federación, señaló que los vecinos y otras organizaciones fueron convocados a las 07.00 de hoy, en el sector del Multifuncional de la Ceja, desde donde partirá una marcha que prevé llegar hasta inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde se pretende instalar un mitin en repudio a la negativa de ese país para acceder a la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“La consigna sigue latente, ni olvido ni perdón, justicia”, señaló Ajno, quien reveló que la movilización se fijó en un ampliado realizado el viernes. La determinación fue llegar hasta la embajada. “Exigiremos el respeto hacia el pueblo alteño, por nuestros hermanos que están heridos. También exigiremos el respeto de nuestras autoridades, porque tras esa lucha se ha gestado este proceso de cambio”, manifestó.

Afirmó que la COR, los gremiales y la UPEA, entre otros, participarán de la marcha; además que se convocó a organizaciones de Cochabamba y Santa Cruz para que se movilicen entre las 07.00 y las 14.00, hora en que prevén llegar a la embajada norteamericana.

Se consideró la participación de heridos y lisiados de las jornadas de 2003, por lo que el ritmo de la marcha será lento. Elena Kullahua, presidenta de la Asociación de Heridos Septiembre y Octubre de la “guerra del gas”, señaló que 16 de sus afiliados fallecieron esperando justicia; pero el resto, cerca de 400, estará en la marcha.

García acusa a EEUU de proteger a criminales

El vicepresidente Álvaro García denunció ayer que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) protege a los “criminales” que ordenaron la masacre de octubre de 2003, en alusión al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, procesado por genocidio, y a ministros de entonces, según reportó la agencia ABI.

“Octubre marcó el derrumbe de una pandilla de criminales que estaban dispuestos a matar a todos los bolivianos con tal de preservar sus privilegios, esos criminales han escapado a Estados Unidos y lamentablemente la Embajada y el Gobierno norteamericano en vez de hacer justicia, de ayudar a castigar a un criminal, a un genocida, lo encubre y lo protege”, dijo tras un acto en El Alto.

Al referirse al tema, Héctor Arce, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), expresó su esperanza de que EEUU reconsidere su rechazo a la extradición de Sánchez de Lozada a Bolivia para que sea juzgado por los hechos de octubre de 2003, en los que fallecieron 72 personas.

A inicios de septiembre, el Gobierno de Estados Unidos rechazó el pedido de extradición de Sánchez de Lozada. Al respecto, Arce indicó que esa decisión fue política y no jurídica. “Al ser una determinación revisable, esperemos que en una muestra de respeto a nuestra dignidad de parte del Gobierno estadounidense, se reconsidere esta situación”, dijo.

Elena Kullahua: Su hijo resultó herido y después dejó de estudiar y superarse

La rutina de Elena Kullahua no es la misma desde el 12 de octubre de 2003, fecha en que los vecinos llegaron a su casa con la noticia de que su hijo resultó herido tras un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y las organizaciones sociales.

“Uno de mis hijos tenía 14 años en ese entonces y salió de la casa sin pensar que le podía pasar algo. Había bloqueos que fueron convocados por la junta de vecinos. Como era menor de edad no tenía obligación de salir, pero ya que todo estaba escaso en esos días, salió a buscar pan o galletas”, recuerda Kullahua.

El adolescente tomó su bicicleta y se echó a recorrer las calles, pero en lugar de encontrar algún alimento que sirva para saciar el hambre de sus hermanos menores, se topó con un contingente de uniformados.

Hubo pedradas, gases y balas. Mientras las cosas volvían a la calma, al anochecer del 12 de octubre de 2003, los vecinos levantaron el cuerpo de Rodolfo, el hijo de Elena Kullahua. “Los vecinos corrieron a avisarme que lo levantaron como muerto”, narró. Tenía el paladar partido y requirió cirugías maxilofaciales, agregó. Su consuelo es que su hijo no perdió la vida. 

Desde ese día, Rodolfo dejó de estudiar, perdió el deseo de superarse que lo caracterizaba, no logró salir bachiller, psicológicamente quedó traumado y pese a que está por cumplir los 24 años, no supera ese episodio. Algunos de sus amigos, que también resultaron heridos, fallecieron en los últimos años, abandonados por sus familiares.

Patricio Quispe: ‘Perdí a mi hermano en octubre de 2003 y me quedé con su hijo’

Las jornadas de octubre de 2003 se saldaron con más de 400 heridos y la muerte de 72 personas. Entre los fallecidos figura Constantino Quispe Mamani, quien fue recordado con una misa el viernes. “El más afectado ha resultado su hijo, él tuvo que acostumbrarse a la idea de vivir sin su padre. Nosotros hemos tratado de sobrellevar las cosas, yo he perdido a mi hermano y me quedé con su hijo”, contó Patricio Quispe.

Constantino, de acuerdo con los antecedentes que recogió la familia, cayó en cercanías del puente de Río Seco, en El Alto. Fue aproximadamente a las 17.00 del 12 de octubre de 2003 que perdió la vida. Los detalles de esa tragedia para la familia Quispe Mamani se pierden en la voz entrecortada de Patricio, que aún recuerda con dolor ese hecho.

“El viernes hemos ido a la misa para recordar a su padre, mañana (por hoy) vamos a estar en la marcha”, anunció Patricio. Las actividades que encara esta familia desde 2003 se convirtieron en una rutina con un solo objetivo: buscar justicia.

Visitas al Tribunal Departamental de Justicia y a la Fiscalía son frecuentes en los últimos años y ahora anuncian que apoyarán las medidas de presión que resulten necesarias para conseguir la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estados Unidos, en septiembre, negó la extradición del expresidente, quien es requerido por la Justicia para que asuma su defensa en el país. El hijo de Constantino tiene hoy 24 años.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

Irregular. El 9 de mayo de 2012, Marcela Revollo anunció un proceso al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por invadir su privacidad. Foto: Ángel Illanes-archivo

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

Investigación. El cuerpo de Espinal fue velado en el Estado Mayor, en La Paz, y enterrado el lunes. Foto: Ernesto Callisaya

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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