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domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 02:24

Bolivia intenta salvar en China la compra de su primera flotilla mercante

Las barcazas fueron embargadas en China para ser subastadas porque nadie ha pagado el coste del alquiler del lugar donde están depositadas desde hace más de un año, una responsabilidad que, según el Gobierno, es de la empresa constructora contratada en ese país.

/ 19 de octubre de 2012 / 19:02

Bolivia ha contratado abogados en China para que intenten «liberar» 16 barcazas que compró para conformar su primera flotilla mercante, pero que fueron embargadas para ser subastadas en ese país, informó hoy el ministerio de Defensa.

El ministro del área, Ruben Saavedra, y el procurador general del Estado, Raúl Montero, visitaron recientemente Pekín para analizar con los juristas las acciones que permitan trasladar a Bolivia las barcazas que costaron 14,4 millones de dólares, refiere un comunicado, según nota de EFE publicada en el portal noticias.lainformacion.com.

Las barcazas fueron embargadas en China para ser subastadas porque nadie ha pagado el coste del alquiler del lugar donde están depositadas desde hace más de un año, una responsabilidad que, según el Gobierno, es de la empresa constructora contratada en ese país.

También se encontraban embargados dos remolcadores, por los que se pagó 11,5 millones de dólares, debido a un conflicto legal con un astillero, pero la Corte Marítima de China ordenó liberarlos gracias a gestiones diplomáticas y jurídicas, indicó el ministerio.

El contrato para adquirir las barcazas y los remolcadores fue firmado a fines de 2009 por la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), que depende de la Armada, para conformar una flotilla que opere en la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná y facilitar así las exportaciones del país por el Atlántico.

La empresa pagó por adelantado por las barcazas y remolcadores e hizo lo mismo con el coste del transporte desde China a Bolivia, igual a tres millones de dólares, pero aún no está claro cuándo llegarán al país, lo cual ha provocado críticas a todo el proceso.

El Gobierno realiza auditorías a los contratos y un fiscal y un juez investigan si hubo irregularidades en esta adquisición.

En su defensa, Enabol ha argumentado que los remolcadores no estaban totalmente construidos cuando se entregaron las barcazas y que debe esperarse a que sean terminados para trasladar todo junto a Bolivia usando el transporte contratado con anticipación.

El proyecto fue anunciado por primera vez hace más de cuatro años por el presidente Evo Morales como una iniciativa empresarial de las Fuerzas Armadas para que el Estado obtenga réditos, con una inversión de cerca de 30 millones de dólares en la flotilla.

El gerente de Enabol, el contraalmirante Freddy Ballesteros, ha acusado al ministro Saavedra de no haber realizado en China todas las gestiones necesarias para solucionar el problema al no haberse reunido con un grupo de abogados que le propuso porque, según dijo, el alto funcionario prefirió hacer «turismo» en la Muralla China.

La opinión de Ballesteros está contenida en un informe remitido al presidente Morales, difundido hoy por el diario digital Erbol.

El ministerio de Defensa ha anunciado que responderá a esas acusaciones en las próximas horas.

Bolivia perdió su salida al Pacífico en una guerra ante Chile en el siglo XIX y sus empresas usan los puertos cercanos de ese país y Perú para sus exportaciones y también la hidrovía Paraguay-Paraná.

 

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El secretario del GIEI ratifica que su informe incluirá un plan de investigación y de reparación

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó en Twitter que, tal como establece el acuerdo, “el GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”.

Operativo militar-policial en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 24 de julio de 2021 / 12:08

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.

“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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El Gobierno ya recibió en Washington el ‘borrador’ del informe del GIEI y ahora tiene 10 días para su revisión

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), al mando del embajador Héctor Arce, recibió el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis y violencia de entre septiembre y diciembre de 2019.

Los miembros del GIEI-Bolivia que investiga los hechos violentos de 2019. Foto: Álvaro Valero

/ 24 de julio de 2021 / 10:03

La misión de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce, recibió ya el “borrador” del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y ahora el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.

Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acordó con el Gobierno boliviano la llegada de este equipo a Bolivia para averiguar los conflictos y la violencia de entre septiembre y diciembre de 2019, confirmaron la entrega.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, también informó este sábado sobre la entrega, mediante su cuenta de Twitter: «El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos» (sic)

«Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo'», complementó. «Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019», finalizó.

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.

Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.

Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.

El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

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Relator de la ONU expresa preocupación por cambios en los TED de los vocales designados por el Ejecutivo

"Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho", posteó el relator Especial.

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya

/ 23 de julio de 2021 / 22:33

El relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados Diego García Saya expresó su preocupación por la remoción de autoridades electorales y advirtió que la “remoción abrupta” es “grave” para el Estado de Derecho.

“Bolivia: Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales”, escribió.

El 30 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó a ocho nuevos vocales electorales departamentales designados por el presidente Luis Arce. Reemplazaron a los que designó la expresidenta Jeanine Áñez.

Según la normativa legal, el Ejecutivo designa delegados en los TED y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Dina Chuquimia representa al Ejecutivo en el TSE.

Asimismo, García Sayan consideró: “La remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas. Sus integrantes fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por unanimidad en la Asamblea Legislativa el 2020”.

En el Legislativo se eligió a vocales electorales del TSE, quienes permanecen en sus cargos. Se posesionó a Chuquimia en reemplazo de Salvador Romero, quien fue designado por Áñez.

Según García Saya, los principios de inamovilidad, así como de debido proceso son esenciales para proteger las instituciones judiciales.
“Se debe garantizar un clima propicio para que los integrantes de los tribunales electorales desarrollen su labor con las debidas garantías”, siguió.

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Arce participará del acto de posesión del electo presidente peruano Pedro Castillo

El electo presidente Pedro Castillo invitó al mandatario Luis Arce a participar del acto de posesión fijado para el 28 de julio

El presidente Luis Arce en el congreso de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB) en Cochabamba

/ 23 de julio de 2021 / 22:06

El presidente Luis Arce confirmó este viernes que asistirá el 28 de julio a la posesión del electo presidente de Perú Pedro Castillo, luego de haberse oficializado la invitación.

“Agradecemos al Presidente electo de #Perú, hermano @PedroCastilloTe, por la invitación para participar en su asunción de mando el 28 de julio en Lima. Será grato acompañarle en esta fecha histórica, en la que el pueblo hermano también celebra el Bicentenario de su independencia”, informó en un mensaje en su cuenta en Twitter.

Arce acompañó su mensaje con la carta enviada y firmada por Castillo.

“La representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su persona, realzará dicho acto y redundará en el estrechamiento de los vínculos entre nuestros pueblos, que han confirmado con su voto democrático y masivo el profundo deseo de cambio en ambos países”, refiere el presidente electo en parte de su misiva.

Castillo ganó en segunda vuelta a la candidata Keiko Fujimori, quien denunció irregularidades en las elecciones.

El expresidente Evo Morales también confirmó que fue invitado a la posesión del electo presidente peruano.

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Por el caso Senkata, la Fiscalía aprehende al exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue detenido este viernes en la ciudad de La Paz. Tras ser llevado a su audiencia fiscal, fue aprehendido

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho. Foto: APG

/ 23 de julio de 2021 / 21:22

El exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Pablo Arturo Guerra Camacho fue aprehendido la tarde de este viernes y será llevado a una audiencia de medidas cautelares en la que se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel en el proceso abierto por los hechos de violencia y muerte en Senkata, en noviembre de 2019.

Guerra Camacho se convierte en el cuarto procesado por el caso Senkata, luego del excomandante de la División Mecanizada del Ejército general Franko Suárez Gonzale, del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) general Luis Fernando Valverde, y del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja.

El domicilio del general de División Aérea fue allanado por un grupo de efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) en cumplimiento a una orden del Ministerio Público. Ahora se encuentra en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

Militares y policías intervinieron las protestas en apoyo al renunciante Evo Morales en Senkata, lo que derivó en la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala. Antes, la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete aprobaron un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen de acciones de restablecimiento del orden.

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