El Gobierno prevé aprobar este mes el decreto supremo reglamentario para trasplantes de órganos, anunció ayer el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, autoridad que también quiere declarar a 2013 como el Año del Trasplante de Riñón.

El titular de Salud aseguró que ya hay avances en la redacción de la norma que hará viable el trasplante de órganos, campo que ya tiene una ley. “Ojalá podamos aprobar esta legislación en este mes”, dijo la autoridad en una entrevista con radio Panamericana.

Sostuvo que están en los últimos pasos administrativos para aprobar el decreto. Añadió que cuando esta norma entre en vigencia, el trasplante —especialmente renal— será barato, ya que tendrá un costo que oscilará entre Bs 20 mil y Bs 22 mil, tanto la cirugía como el tratamiento de recuperación del paciente. También aseveró que actualmente ya se cuenta con una lista de donadores y receptores, que están a la espera de las cirugías.

Calvimontes se refirió a cuatro hospitales que tienen la certificación para realizar trasplantes renales: el Hospital Obrero y el de Clínicas, en La Paz; Viedma en Cochabamba; y la Caja Petrolera en la ciudad de Santa Cruz.

Teniendo en cuenta el precio del trasplante de riñón, el Ministro de Salud calculó que será más económico que el tratamiento que se da a enfermos renales. En ese sentido, dijo que no sólo se dotará a los hospitales de equipos de hemodiálisis, para atender a los pacientes, sino que se apuntará al trasplante.

Las delegaciones antidrogas de Bolivia, Brasil y Perú constataron que el lago Titicaca se convirtió en “un punto vulnerable al narcotráfico” por donde se transporta cocaína, según señala un documento difundido por el Ministerio de Gobierno.

“La penetración de droga que se produce en el Perú hacia Bolivia” se registra a través de “zonas de vulnerabilidad”, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, cuando identificó al lago Titicaca como un área vulnerable. La autoridad hizo la declaración a través de un contacto telefónico desde Lima, ciudad en la que se reúnen los delegados antidrogas de los tres países.

Otro sector vulnerable que identificó Romero es el norte amazónico. “Es una zona vulnerable por dos rutas, una por vía aérea, por donde se ha establecido un puente aéreo; y una vía pluvial, en la parte amazónica por donde ingresa droga”, explicó.

Radar. En La Paz, el presidente en ejercicio Álvaro García señaló que urge la compra de radares para la lucha contra el tráfico de cocaína principalmente en la zona amazónica. “Estamos haciendo el pedido a la comunidad internacional de que nos den una mano como parte de la responsabilidad compartida, a nivel internacional, porque la lucha contra la droga es un tema planetario, es una responsabilidad y una obligación planetaria”, dijo.

El análisis del proyecto de Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado, que es rechazado por choferes y gremialistas y es considerado en la Asamblea, causó una confrontación verbal entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado.

“No se puede decir que la norma fue modificada en un 60%, porque una norma que es modificada en un 60% ya dejaría de ser una iniciativa del Ejecutivo, pasaría a ser una iniciativa del Parlamento. Si la ley habría que modificarla en ese porcentaje, entonces habría que hacer otro proyecto de ley, yo creo que no ha dimensionado bien la presidenta de Diputados (Rebeca Delgado)”, manifestó Romero.

El Ministerio de Gobierno propuso el citado proyecto de ley para confiscar y monetizar bienes que sean producto del narcotráfico, contrabando, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción.

“Yo diría que es mucho más del 60% (el cambio); yo lo que le pido al Ministro de Gobierno es que asuma mayor responsabilidad en los temas que remite a la Asamblea Legislativa, no pensaba decirlo porque finalmente tiene que ser así, yo lo convoco al titular de Gobierno a que revise todas las leyes que remite a la Asamblea Legislativa”, respondió Delgado a Romero.

Vecinos de El Alto y víctimas de la revuelta de octubre de 2003 —que dejó 72 muertos, cerca de 400 heridos y la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada—, protagonizaron ayer una marcha de protesta en la que exigieron la extradición de Sánchez de Lozada de Estados Unidos a Bolivia para que se someta a un juicio de responsabilidades.

La movilización, convocada por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto al cumplirse nueve años de la renuncia de Sánchez de Lozada, partió de la ceja y llegó a la Embajada de Estados Unidos, en la avenida Arce de la sede de gobierno. Miles de personas participaron en la marcha que, a su paso, obstruyeron el tráfico vehicular.

Los marchistas realizaron un mitin frente a la embajada estadounidense, edificio que estuvo resguardado por decenas de policías antimotines y precintado para impedir el ingreso de personas particulares. EEUU rechazó la extradición del expresidente boliviano a inicios de septiembre.

En Cochabamba también se llevó adelante otra marcha de protesta. “Hoy recordamos a nuestros gloriosos caídos de ‘octubre’, como también hoy repudiamos al Gobierno de Estados Unidos que está impidiendo la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Efraín Chambi.

El representante residente del Banco Mundial (BM) en Bolivia, Faris Hadid-Zervos, ratificó ayer el apoyo de ese organismo a los proyectos que se implementan en el país junto al Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

El delegado del BM se reunió con la titular del citado ministerio, Nardi Suxo, quien informó que se revisaron los proyectos en ejecución y se verificaron los avances de los mismos.

Hadid-Zervos expresó el apoyo a nuevos proyectos que emprenderá en la próxima gestión la repartición gubernamental, según una nota oficial del ministerio anticorrupción. El Banco Mundial, según el documento, colabora con la  lucha contra la corrupción en cerca de 100 países.