Nacional

Wednesday 17 Apr 2024 | Actualizado a 21:44 PM

La Asamblea se abre a ajustes en Ley de Extinción de Dominio

Diputados. Delgado dice que se dio curso a observaciones de choferes

/ 27 de octubre de 2012 / 05:52

La Asamblea Legislativa hizo conocer su predisposición para hacer las modificaciones necesarias al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado. El sector transporte presentó tres observaciones, dos ya estarían resueltas.

Según la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), tanto esa instancia como la Cámara de Senadores hicieron conocer su “absoluta predisposición a realizar las modificaciones que se presenten” al proyecto de ley, esto tras la reunión con representantes del sector transporte. No obstante, al final de la tarde de ayer, los transportistas indicaron que rechazan la aprobación de la norma, no sólo su modificación.

Delgado señaló que en esa cita se identificaron al menos tres temas que preocupan a los transportistas: los plazos que prevé la norma para que una persona pueda demostrar la licitud de sus bienes; el monto de Bs 70 mil que se maneja como piso para iniciar una acción de extinción de bienes  y la necesidad de ser excluidos del alcance de la norma cuando la carga pertenezca a un tercero.

Respecto al primer punto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó a La Razón que el primer planteamiento del proyecto, de otorgar 48 horas y hasta cinco días, según exista o no flagrancia, respectivamente, en una redacción corregida se amplían estos plazos a 10 y 15 días. En torno al segundo punto, según Delgado, se consideró que los Bs 70 mil que fija el proyecto es un monto muy bajo, que cualquier persona podría verse afectada, por lo que aún se analiza el tema.

En cuanto a la exclusión de la ley, la Cámara de Transportes de La Paz presentó una propuesta para que, en caso de que los transportistas no conozcan de la carga que están llevando y ésta implique sustancias controladas o contrabando, la responsabilidad afecte a los dueños de la carga.

“Eso se ha aceptado, se va a incorporar (al proyecto de ley)”, afirmó Delgado. De hecho, la redacción propuesta (Art. 6) por el Ministerio de Gobierno expresa que se excluye a “medios de transporte que no se hayan constituido como instrumento directo en la comisión de delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y contrabando”.

Para el lunes en la tarde se programó una nueva cita con los transportistas. “El proyecto de ley ya ha sido ajustado con los ministros de Gobierno y de Economía, ambas cámaras, presidentes de las comisiones de Constitución de Diputados y Senadores (…) hay una modificación de más del 60 por ciento”, aseguró Delgado.

La autoridad consideró zanjados aquellos aspectos que daban lugar a posibles malas interpretaciones. Resaltó que la norma se aplicará para casos grandes y cuando existan procesos judiciales de por medio en los delitos referidos, por lo que sostuvo que las medidas de presión anunciadas por el sector, para frenar el proyecto, serían injustificadas.

Sectores cuestionan la norma

Propuesta

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado prevé atacar el patrimonio de corruptos, narcotraficantes, contrabandistas y gente que legitimó ganancias ilícitas. El 1 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en grande la propuesta, ahora corresponde el tratamiento en detalle, pero antes se está consensuando en dos sectores: transporte y gremiales. También se presentaron observaciones de la Defensoría del Pueblo y la banca privada.

Gremiales anuncian un paro

Federaciones de gremiales de distintas regiones del país manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado y anunciaron bloqueos y paro de 24 horas para el martes 30. “En Cochabamba y Santa Cruz el malestar es mucho más grande que en La Paz, el paro va a ser total”, anunció René Pardo, uno de los dirigentes del sector.

La movilización prevé el bloqueo de rutas y la paralización de actividades no sólo en las ciudades capitales. “En Desaguadero y Villazón también nuestros compañeros van a proceder al cierre de fronteras”, afirmó el dirigente.

Las principales observaciones del sector estarían referidas a los plazos que dispone el proyecto para que determinada persona demuestre la licitud de sus bienes y al monto de Bs 70 mil, como piso para iniciar una acción de extinción de dominio de bienes. Argumentan que la norma pone en riesgo el capital, no sólo de grandes contrabandistas, sino de pequeños comerciantes, cuando tendría que atacar a los “peces gordos”.

Choferes rechazan todo el proyecto de ley

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes fue rechazado por los transportistas del país que, en un ampliado nacional, decidieron asistir a la reunión del lunes 29 con la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, pero para exigir la anulación y explicar sus razones. Si la Asamblea reanuda el tratamiento de esta normativa, amenazan con iniciar un paro general indefinido.

“Vamos a ir con el cuerpo técnico de las federaciones y la Confederación para hacerle conocer nuestro rechazo y demostrar jurídicamente que ese proyecto es inconstitucional”, manifestó Franklin Durán, principal dirigente de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. “Al reinicio del tratamiento (del proyecto de ley) en la Cámara de Diputados, inmediatamente se declara el paro general indefinido”, advirtió.

El martes 23, los choferes cumplieron un paro de 24 horas, que se acató en seis de 10 ciudades. Según Durán, el ampliado sirvió para conocer el proyecto de norma y los alcances. “Afecta a toda la población, no sólo al transporte”, advirtió. Consultado sobre las observaciones puntuales que tienen al proyecto de ley, el dirigente respondió: “Prácticamente toda la (propuesta de) ley está mal hecha”. Luego se retiró y evitó dar mayores explicaciones.

Fidel Baptista, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte, explicó que Antonio Rivera, presidente del Colegio de Abogados, les explicó el contenido del borrador de ley. “Nos ha dejado pensando en que el sacrificio de años en cinco días lo vamos a perder, no sabíamos de la magnitud”. Delgado nos dio la esperanza de dar sugerencias para cambiar la norma, pero en el fondo no cambiarán nada, ninguna modificación da solución, agregó el representante.

Lucio Gómez, principal dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte de Cochabamba, añadió que entre las resoluciones del ampliado se pide a los diputados la anulación del proyecto de ley. También indicó que piden que se disculpen de su sector quienes dijeron que defienden a narcotraficantes y a contrabandistas.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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