Proyectan uso de manillas para detenidos preventivos
Propuesta. Se busca evitar el hacinamiento en las cárceles
La Dirección General de Régimen Penitenciario estudia un proyecto de ley de la senadora Roxana Camargo, que plantea el uso de manillas electrónicas como medida cautelar y para detenidos preventivos. La medida busca evitar el hacinamiento en las cárceles.
El proyecto de Ley de Vigilancia Electrónica Como Alternativa a la Detención Preventiva y a la Pena Privativa de Libertad prevé que sea el juez quien determine la aplicación de una manilla electrónica, en lugar de dar detención domiciliaria con custodio a una persona encausada, con las restricciones que ello implica.
La perspectiva es que, en principio, las manillas funcionen con una especie de sensores ligados a líneas telefónicas fijas. Se prevé que en los próximos años esta tecnología llegue al control vía satélite, lo que permitirá tener el registro de las personas, el lugar donde están y el movimiento de ellas, con una especie de chips.
“Vemos conveniente este sistema porque dejaríamos de pagar prediarios, luz y agua. El hacinamiento reduciría y se evitaría que las familias visiten permanentemente las cárceles y se generen problemas de seguridad”, señaló a La Razón Ramiro Llanos, director de Régimen Penitenciario. La autoridad dijo que la propuesta es analizada por esa dirección debido a que permitiría tener en cárceles sólo a los detenidos por delitos graves y de alarma social.
La senadora Camargo expuso que el uso de este sistema “es éticamente correcto (…) se aplica por la autoridad judicial con la concordancia del Ministerio Público y el previo e indispensable consentimiento del potencial usuario”. Además, justificó que su eficacia y confiabilidad son comprobadas en naciones desarrolladas con tradición de respeto a los derechos y garantías individuales.
Hacinamiento. Actualmente, según Régimen Penitenciario, hay aproximadamente 13.500 privados de libertad en las cárceles del país, de los cuales el 84% está con detención preventiva. En algunos centros el hacinamiento supera en más del 300% la capacidad de las cárceles y este sistema serviría para sacar presos de las cárceles de forma segura, según Llanos.
La norma prevé aplicarse para los actuales preventivos e incluso para sentenciados que estén purgando penas menores ocho años, según el artículo 4 del proyecto, que en otro acápite asegura la vigilancia del detenido durante las 24 horas del día y durante el tiempo que señale el juez.
No podrían acceder a este tipo de control personas implicadas en delitos de alarma social, en casos de delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado, contra los deberes de asistencia familiar, violación, pornografía y relacionados con trata y tráfico de personas, según el artículo 6. Atracadores o condenados por narcotráfico tampoco accederían.
Empero, Llanos puso la salvedad de que podría beneficiar a aquellos sentenciados que ya cumplieron una tercera parte de su condena en cárceles. En todo caso, quien violara el control no podrá acogerse a este control y tendrá que cumplir el resto de su condena en una cárcel. La previsión es que el mismo detenido pague el costo de la manilla, de aproximadamente $us 50, además del costo de monitoreo, que no superaría los Bs 100 mensuales y tendría que ser cubierto por un garante solvente.
El sistema se contrataría a través de Régimen Penitenciario y el monitoreo estaría a cargo de éste o del Órgano Judicial. En todo caso no representaría un costo para el Estado. Una vez aprobada la ley, sin embargo, será necesaria una complementación en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal que dé curso al uso de esta tecnología. La proyectista afirma que este tipo de detención domiciliaria coadyuvaría a la rehabilitación y la reinserción.
